Denunciar mala praxis: una odisea

Los padres del joven Jorge Cristhian Benoit, de 17 años, acusan a una neuróloga que trabaja a destajo para el BPS de haber descuidado la atención posoperatoria de su hijo, luego de que lo interviniera para extraerle un tumor cerebral en las instalaciones de Médica Uruguaya, en el año 2004. Según los Benoit, la doctora se ausentó por tres días luego de la intervención quirúrgica, y la falta de cuidados le provocó al joven una discapacidad severa.

«El 22 de agosto de 2004 (al otro día de la operación) lo pasaron (al joven) a una sala intermedia del CTI, con vómitos y cefaleas. Los calmantes no le hacían efecto. No lo vio ningún doctor, sólo vinieron las nurses porque nosotros las llamábamos de continuo. Ellas nos decían que era lógico que le doliera la cabeza, ya que la operación era muy grande», explica la denuncia que los padres presentaron a la ministra de Salud Pública, a la que accedió LA REPUBLICA.

Más adelante la carta agrega que «después de ocho operaciones y agresiones físicas por los graves errores de la doctora (…), nuestro hijo sufre de ceguera, provocada por los infartos cerebrales que la doctora (…) permitió que pasaran al abandonar al paciente en el momento que manifestó los primeros síntomas (cefaleas, vómitos, etc.). Por todo esto pedimos una investigación profunda e inmediata: por no haber concurrido al CTI, por haberle dado el alta sin verlo, por no haber ido a verlo al piso y por no concurrir a los cuatro llamados, hechos desde el piso».

 

Historia de una carta

La carta entró al MSP y fue derivada a la Comisión Honoraria de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud, creada en el ámbito de la Dirección General de la Salud con el fin de investigar y prevenir las deficiencias de atención, en abril del año 2005. La comisión «está integrada por 16 especialistas de diversas áreas y su dictamen final no puede ser apelado por el o los médicos involucrados», dijo a LA REPUBLICA el director general de Salud, doctor Jorge Basso.

Las autoridades ministeriales decidieron crearla ya que «fruto de la realidad que vive el país, se ha dado un conjunto de síntomas de deterioro en el sistema de salud que afecta a distintas entidades prestadoras de servicios (…) Hasta el momento, en la práctica, no se han logrado integrar los aspectos éticos al concepto de calidad de la atención sanitaria, en especial los deontológicos, el contenido humano y el componente científico técnico, y (…) dicho déficit debe resolverse armónicamente, contando con la participación de un ámbito constructivo de elaboración y propuesta (…)», según estipula el decreto, firmado por el Presidente de la República.

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) es el único organismo que posee datos sobre el número de denuncias de mala praxis, en la órbita del SAIP (Servicio de Asistencia Integral Profesional), pero los datos son de difícil acceso. Esta dependencia del SMU cuenta con un estudio jurídico «integrado por profesionales preocupados día a día por la orientación legal y humana de los profesionales de la salud afiliados al servicio», de acuerdo a su página web. Incluso tienen una guía de cómo debe actuar un médico ante una denuncia de mala práctica profesional.

 

Demoras médicas

Durante la investigación, y antes de tomar una resolución final sobre cualquier tema en donde se ponga en duda la actividad de un integrante del personal de la salud, la comisión honoraria del MSP envía el expediente a la Facultad de Medicina para obtener información neutral, en base a un peritaje. El expediente de Benoit esta allí desde el 7 de noviembre de 2006. Según los padres del afectado, el documento está demorado, ya que saben que está «encajonado y embalado». Un funcionario del Departamento de Medicina Legal del centro de estudios explicó que el expediente se encuentra en su oficina, a la espera de una resolución del decano, que actualmente está de licencia.

Para el doctor Basso, el tiempo que tienen los documentos del caso Benoit en la Facultad «no está fuera de lo común. Allí pueden permanecer entre tres y cuatro meses, pero depende mucho del médico que haga el peritaje y también del departamento involucrado, en este caso el de neurología, que es más complejo que otros». El perito que estaba designado para realizar la investigación se negó a efectuarla, y el decano todavía no ha designado a otro profesional en el caso.

Según Basso, la Facultad no tiene plazos obligatorios para expedirse en un caso de este tipo y devolver así el expediente a la comisión. Incluso, en situaciones en que la ética está en juego, el centro de estudios envía el peritaje a especialistas extranjeros, para que lo investiguen. Puede ocurrir que el experto nombrado por la Universidad se niegue a realizar la investigación porque es allegado al médico involucrado, y en ese caso el estudio pasa a manos de otro profesional.

Existe un decreto que fija plazos para que los organismos públicos o privados de la salud respondan a las denuncias de los usuarios. En su artículo 15 expresa que todos «los Servicios de Salud están obligados a decidir sobre cualquier petición, reclamación o consulta que le formule un usuario o paciente (…) En los casos en que se alegue daño derivado de las prestaciones y el trámite dé lugar a una investigación dentro del servicio, dicha decisión deberá ser comunicada por escrito al usuario en un plazo no mayor de 20 días».

«Las resultancias finales de la instrucción deberán ser notificadas por escrito al usuario o a quien lo represente en un plazo máximo de 90 días, prorrogables por causa fundada y por única vez por otros 90 días», explica más adelante.

Consultado sobre la aplicabilidad de esta norma en el caso Benoit, el director Basso alegó que «las denuncias de este tipo no corren con esos plazos, sino que éstos los fija la comisión honoraria».

Sólo cuando el documento vuelva al MSP con los resultados del peritaje la Comisión honoraria lo estudiará y sacará sus conclusiones, a favor o en contra de los profesionales implicados. Esto es lo que quieren los padres de Jorge Benoit. «Nos tienen de un lado para otro, en el BPS, en Médica Uruguaya y en el MSP. No nos dan respuestas sobre lo que le pasó a nuestro hijo», explicó Jorge Benoit. «Queremos que el MSP nos diga si la doctora actuó correctamente o no. Ya hace un año desde que hicimos la denuncia y sentimos que nos han manoseado», agregó.

 

Servicio de hotel

La mutualista Médica Uruguaya (Mucam) se desliga completamente de las responsabilidades que puedan existir. «El prestador del servicio es el BPS. Nuestra mutualista brinda una especie de servicio de «hotelería» (lugar físico y equipamiento), pero el equipo médico que intervino es dependiente del banco», aseguró el abogado de la empresa, doctor Daniel Castro. «Nuestro servicio fue el correcto; los padres hicieron socio al joven luego de la operación», explicó el abogado. Los Benoit aclararon que ello fue así porque, con todos los problemas que tiene el joven, «no lo aceptan en otra mutualista».

Mucam tiene más de 130.000 afiliados, y según sus autoridades, «alguna queja siempre hay». La neuróloga que operó a Benoit, contratada por el BPS, es también funcionaria de la empresa, pero el trabajo múltiple es común a muchos médicos.

La mutualista hizo su propia investigación interna. «La denuncia se refiere a lo que sucedió posteriormente a la intervención quirúrgica, no es un caso de mala praxis», aseguró el abogado, mientras reiteró que, si existen responsabilidades, son del BPS.

«La prestación de Médica Uruguaya fue tal que se le otorgó al joven una sala totalmente aislada del CTI. Se los contempló humanamente frente a los hechos», afirmó Castro. No obstante, los padres aseguran que este servicio les fue otorgado luego de que hicieran la denuncia.

El joven Benoit es portador del Síndrome de Bourneville o esclerosis tuberosa. Sus padres insi
sten en que desde pequeño el adolescente hizo una vida normal, cursando primaria completa sin perder un año. Pasó al primer año de liceo y lo terminó, y luego cursó tres años de computación. A los 17 años ya había aprendido a manejar con autosuficiencia.

Ahora, luego de la operación, «pasa en la cama durmiendo», y tiene tres sesiones de fisioterapia a la semana para poder caminar. Además, perdió la visión casi por completo, y debe medicarse por varias afecciones, entre ellas una insuficiencia hepática. Los padres dicen sentirse «cansados de vagar por los organismos con su hijo en ese estado», y se lamentan de que «nadie hace nada. Sigue trabajando y sigue cobrando del BPS, que es dinero de todos».

 

Una previsión inconclusa

Autoridades del BPS dijeron a LA REPUBLICA que la institución «hace todo lo que puede», y que lo que rodea este caso «no es un tema de asistencia». «Fue un resultado no esperado de una operación», fue su definición.

«En torno a esta investigación hay tres informes médicos (uno de ellos es de la doctora involucrada) y ninguno es coincidente, lo que puede generar contradicciones», dijo la fuente consultada. «En esta especialidad (neurología) hay diferentes procedimientos técnicos y opiniones distintas», agregó.

Los tres galenos involucrados en la operación de Benoit son «destajistas» de la institución, lo que significa que «trabajan por cuenta y orden del BPS, pero si hubiera algún problema no son pasibles de procedimientos administrativos porque no son funcionarios». El BPS atiende un promedio de 70.000 niños anualmente, y 1.400 de ellos son intervenidos quirúrgicamente. Según sus autoridades, las denuncias de mala praxis son escasas, pero en cambio son muchas las cartas de agradecimiento.

Para decidir si en este caso hay responsables pasibles de ser sancionados o no, el BPS está esperando las pericias de la Facultad de Medicina. Aseguran que Médica Uruguaya «no tiene nada que ver», a no ser como proveedor de las instalaciones para la operación quirúrgica.

«Si una persona es ingresada a un CTI, la responsabilidad por su evolución en ese lugar corre por cuenta del médico a cargo. Ahora bien, si el problema deriva de una intervención quirúrgica, el BPS debe hacerse responsable. Para determinar eso están las pericias», explicó la fuente consultada. *