El otro Uruguay

La «nueva forma de esclavitud del siglo XXI es la explotación de personas», define la senadora Margarita Percovich en el prólogo del libro «Invisibles y silenciadas». La violación de los derechos humanos ocurre con frecuencia en nuestro país, así como entre muchos uruguayos que se encuentran fuera de fronteras. La trata de personas da inicio a una actividad muy bien paga para los pocos que manejan el negocio. Paradójicamente, quienes son tratados como mercancía hacen un sacrificio muy mal recompensado económicamente.

Al analizar la trata de personas en Uruguay, el primer elemento que salta a la vista es la explotación sexual comercial. Sin embargo, el negocio también se da a nivel laboral, por ejemplo en ciertos contratos de trabajos zafrales en que los obreros se trasladan a kilómetros de su hogar para realizar determinados trabajos. En esos casos el contratante promete una labor y un sueldo, y finalmente las condiciones laborales establecidas no se cumplen. Mientras tanto, los trabajadores viven una constante situación de maltrato, aislamiento y violencia.

Las empleadas domésticas representan un buen ejemplo de esta clase de explotación. Se las traslada a la capital para trabajar y convivir con una familia que no es la suya, y una vez que se encuentran lejos de sus hogares descubren una realidad muy diferente a la esperada. También quienes están vinculados a la actividad forestal generalmente terminan trabajando en pésimas condiciones laborales, muy distantes a las prometidas.

El concepto de trata de personas se extiende aún más. Algunos casos de adopción también podrían integrar este tipo de comercio, cuando las condiciones de vida que se le ofrecen al nuevo integrante de la familia poco se asemejan a las que se aseguraron a la hora de celebrar el acto. De cualquier manera, la asistente social Andrea Tuana, una de las autoras de «Invisibles y Silenciadas», confirma que «la explotación sexual está fuertemente vinculada al negocio de la trata de personas».

 

Realidad silenciada

«El país en que vivimos no es el país que nos imaginamos», dice la presentación del libro «Invisibles y silenciadas».

La licenciada Tuana comentó al respecto que «este pensamiento responde a la sensación que nos quedó cuando empezamos a meternos en el tema. Uruguay es un país que parece tranquilo, resguardado, en donde no pasan cosas complejas y no ocurre casi nada. Sin embargo, hay un país oculto, subterráneo, oscuro, opaco, en el que ocurren cosas graves».

En Uruguay, la población vulnerable a este comercio se encuentra en situación de calle. Generalmente se trata de personas que han abandonado sus hogares porque en ellos se registraban episodios de violencia y abusos. Una vez que se encuentran desamparadas en la calle, se vuelven propensas a conocer hombres y mujeres que les ofrecen tentadoras posibilidades materiales y laborales, además de un interés y un afecto fingidos.

Ese hombre o mujer forman parte del círculo, y será el encargado de vincular a la persona en situación de calle con otros participantes del negocio, para que en un futuro pierda su libertad y su autonomía.

Por otro lado, para quienes sufren situaciones de violencia y todavía viven en sus casas, la oferta laboral se presenta como una alternativa para escapar y no como un negocio oculto.

La pobreza es un factor determinante para caer en las redes de explotación, sobre todo sexual, por falta de oportunidades laborales.

Otro elemento fundamental en la propensión a formar parte del negocio es la familia, tanto por el clima que se genera en los hogares como por las situaciones a las que se expone a los más chicos, que son los más fáciles de engañar a causa de su ingenuidad.

Dentro de la población más sensible se encuentran las mujeres y las adolescentes, sobre todo en los casos de explotación sexual. A nivel nacional no es frecuente la trata de hombres, mientras que los niños y niñas tampoco representan cifras significativas en el negocio.

 

Sexo sin amor ni recompensa

En la investigación que Andrea Tuana y la abogada Diana González Perret llevaron a cabo para la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) quedó en evidencia la existencia de importantes redes de explotación sexual internacionales que «no se arman de un día para el otro».

«Armar una red con personas que salen del país con ficticias promesas laborales y documentos falsos o reales que luego se les quitan, para ser obligadas a trabajar en cosas que no quieren y sufrir maltrato no es fácil», explica Tuana. De hecho, en su investigación encontraron una importante red de explotación sexual que comienza en Uruguay y termina en Italia. Suponen que es la misma que denunció María Urruzola a comienzos de la década del noventa.

La asistente social resaltó que el supuesto no pudo confirmarse porque «meterse en el ambiente de los tratantes es bastante escabroso. Es un ambiente cerrado y silenciado, pero nosotros creemos que estas redes están y mantienen contacto con funcionarios corruptos de ambos países para poder seguir funcionando».

El negocio de la explotación sexual tiene además un gran desarrollo a nivel nacional, sobre todo en la capital y los puntos turísticos o limítrofes del país. En la mayoría de los casos las mismas chicas que trabajan en un comienzo en Uruguay luego son trasladadas para ejercer la prostitución en el exterior.

 

Pequeñas soluciones  para un gran problema

A través del estudio realizado por González y Tuana, en colaboración con otros profesionales e integrantes de organizaciones no gubernamentales, se intentó poner sobre la mesa algunos elementos de la trata de personas.

«Lo que hicimos fue una puesta a punto de lo que sabemos del tema en Uruguay», dijo Tuana. «La explotación de personas debe tener un lugar dentro de la agenda nacional; nuestros políticos tienen que dedicarle más tiempo al asunto», sentenció la asistente social.

Luego de relevar los datos, quedó en evidencia la falta de políticas sociales y de estudios más profundos. Para eso es necesario infiltrar a alguien en las redes de trata de personas, para que la información sea real y no basada en supuestos. Pero para lograr este objetivo hay que hacer las cosas muy bien, pues se trata de ámbitos muy peligrosos.

También es fundamental que las mujeres y las adolescentes que hayan vivido situaciones de explotación aporten datos de sus experiencias. Por otra parte, se concluyó que el Estado debe tomar medidas importantes a nivel diplomático. Los consulados tienen que poder trabajar en forma coordinada con otros países, para asesorar y ayudar mejor a las víctimas. Se considera prioritario reforzar los lazos con las autoridades de otros estados, para disminuir así la dimensión del negocio.

Dentro de las políticas sociales, subrayan la necesidad de una capacitación sobre el tema que incluya diferentes sectores, tanto públicos como privados. De esta manera las personas podrán reconocer cuándo se encuentran frente a un caso de trata de blancas, para actuar en beneficio de la víctima. Destacan sobre todo la necesidad de sensibilizar y capacitar a los funcionarios policiales en general, y principalmente a quienes trabajan en aduanas y fronteras.

Los médicos y funcionarios de la salud están incluidos en la lista de quienes deben ser educados en este tema, así como personal docente, que puede trabajar en prevención, además de percibir si algún alumno se encuentra involucrado en un caso.

También se consideran claves las organizaciones no gubernamentales que están en contacto con población vulnerable, y el personal de Justicia, que debe ser informado para interpretar mejor los casos y brindar mayor protección a los declarantes, que en gran parte de los casos son intimidados por los integrantes de las redes.

Asimismo creen conveniente la existencia de una mesa interinstitucional donde se converse y se piense sobre la explotación, revisando además la normat
iva vigente al respecto. Por último, consideraron importante la realización de una campaña mediática de concientización sobre el tema, para recordar que Uruguay no es ajeno a esta situación.

 

Contacto con la realidad

«Una mezcla de sentimientos», «impotencia», «rebeldía» y «fuerza» fueron los términos que utilizó Andrea Tuana para resumir las sensaciones que vivieron las investigadoras durante el trabajo realizado entre noviembre de 2005 y marzo de 2006. La impotencia surgió cuando conocieron la dimensión del problema, y la rebeldía, impulsada por la fuerza, cuando decidieron seguir adelante con él a pesar de su magnitud. Tuana también admite que vivió «un poco de temor» al comprobar «el dinero que se maneja en ese ambiente, y las personas peligrosas que se mueven en él». El trabajo iniciado continúa en la actualidad. Lentamente se está conformando una red nacional que atiende el tema de la explotación de personas, con una importante participación de instituciones y organizaciones. *