La única manera de perder

Un día eclosionan las diferencias en Maldonado y se expresan como gobierno sin respaldo legislativo, al siguiente se procesa políticamente mal un Tifa bastante inocuo, al menos por ahora, y tenemos toda clase de fuegos artificiales, después se le acepta la renuncia a un senador de la bancada de gobierno y no queda muy claro el origen y alcance de la decisión adoptada, a las pocas horas se conoce que el intendente Ehrlich impulsó legítimamente una investigación administrativa sobre la gestión de los casinos municipales, y eso se enreda con diferencias entre sectores que tienen otros orígenes y que nada tienen que ver ni con el asunto ni con las personas que ocuparon responsabilidades, ni con las políticas institucionales adoptadas en la gestión Arana, al mismo tiempo se anuncia que viene Bush, con quien nadie coincide en su política internacional infame y, para sólo recordar el Protocolo de Kyoto, de increíble contribución al desastre, y parece que la discusión de las relaciones entre estados o de las cuestiones comerciales fueran la misma cosa que esa política internacional. Además, cuando los documentos trascienden antes de que estén terminados y las discusiones se filtran distorsionadas ¡por favor, no le echemos las culpas al periodismo compatriota!

 

La situación de Nicolini

Es necesario bajar la pelota al piso e introducir una dosis de ecuanimidad. Contextualizar los problemas y no apurarse. Tomemos por ejemplo la última y más dolorosa cuestión: el llamado caso Nicolini. Se adoptó una decisión absolutamente severa. Pero ¿fue una condena moral sumaria? No. En todo caso se procuró otra cosa. En mi opinión, aceptamos la renuncia del compañero Nicolini por razones políticas. Para despejar el terreno frente a las investigaciones judiciales, administrativas o éticas en curso. Con voluntad de transparencia y de ir hasta las últimas consecuencias. Pero no solamente por ello. Porque lo mismo se podía hacer manteniendo la calidad de senador y levantando los fueros en caso de así ser solicitado. También porque nos pareció que era incompatible con la condición de senador ­con las responsabilidades que supone a los ojos de la gente­ con la tenencia durante veinte días de un carné de atención gratuita en Salud Pública, con independencia de los motivos, errores administrativos y circunstancias dramáticas en que ella se produjo. En todo caso la falla administrativa debió ser seguida de un acto más rápido y contundente de devolución del documento del caso. De lo contrario, era obvio que su mera tenencia iba a provocar, como provocó, en un caso (Pasteur) la inicial anulación de una deuda y la comunicación inmediata a los superiores de la situación irregular, y en el otro (Maciel) la impugnación del documento y similar comunicación a las jerarquías correspondientes, amén de innumerables especulaciones y trascendidos.

Esto lo dice quien ha sido durante una década miembro de bancadas que han defendido mayoritariamente a Nicolini en todos los terrenos. Y con independencia de su actual inocencia o culpabilidad a nivel judicial o ético, y de su futuro como militante político. Somos de los que presumimos la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. No cobramos al grito. Hacemos pronunciamientos políticos en relación con las responsabilidades que se desempeñan. En un país en el que se ha dañado profundamente la trama ética que sustenta la convivencia social, con una población fuertemente empobrecida y altamente sensible frente al manejo de la cosa pública, la severidad con los jerarcas progresistas se impone de suyo. De lo contrario queda en entredicho la credibilidad. Su sector pidió la renuncia, la bancada del FA consideró que era la respuesta adecuada, Nicolini estuvo de acuerdo y el Senado la aceptó.

No se debe ver esta aceptación de la renuncia como una descalificación moral ni convertir al renunciante voluntario, porque no estaba jurídicamente obligado aunque sí políticamente, en un paria. El alcance del error cometido lo determinarán las distintas investigaciones en curso. Porque también es cierto que la peripecia que sufrió y protagonizó Nicolini fue realmente compleja. A partir de los hechos realmente ocurridos, una vez establecidos tal como fueron, se adoptarán distintos puntos de vista para su análisis. Los aspectos éticos de su conducta los verán los tribunales correspondientes; los administrativos se tratarán en la órbita del MSP, que ya realizó una investigación y por estos días sustancia la segunda. Las derivaciones judiciales que pudieran caber surgirán de la actuación de la jueza; y las humanas quedarán en el fuero de cada individuo, porque no olvidemos que todo se originó en un cuadro clínico con un diagnóstico presuntivo de alta gravedad. Su organización política también tendrá que evaluar sus niveles de responsabilidad. Porque las organizaciones también son responsables, por acción u omisión, de las conductas de sus militantes.

Parece inevitable que la oposición intente mantener el tema en los medios de comunicación y cuestionar la actuación de las jerarquías del propio Ministerio. Con mucha publicidad y poco de sustancia, se anuncia que se pedirá una comisión investigadora parlamentaria. ¿Y con qué objeto? Ya está actuando la justicia competente con todos los elementos y antecedentes; no hay fuero alguno que entorpezca su trabajo. El error original fue reiteradamente explicado por la inexperiencia del becario actuante y por la urgencia del trámite cuando hay una internación con cirugía. Cuando el carné fue advertido, tanto en el Maciel como en el Pasteur despertó el reflejo adecuado. Con encomiable celo funcional se dio cuenta del hecho a la Dirección de Asse, la que dispuso realizar una investigación administrativa que se sustanció rápidamente y se clausuró el 4 de enero. Posteriormente, el 23 de enero se inició una nueva investigación administrativa, ahora sobre el funcionamiento del servicio. Se podrá estar en desacuerdo con la resolución de archivar la investigación, considerando que el convenio de pago eliminaba el perjuicio y que no se verificó intención dolosa. Pero esa discrepancia no justifica en modo alguno una investigadora parlamentaria. *

(*) Senador de la República.