Médico de Cerro Largo denuncia persecución política

Tras peregrinar en busca de soluciones por organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, un médico de Cerro Largo, Gonzalo Alzueta, se encuentra desempleado y se define como un «perseguido político». Sus ingresos se reducen a un peso que percibe por concepto de cooperativista en una mutualista de Melo, cifra mensual ingresada en la planilla del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El periplo de Alzueta, que incluye una cadena de reclamos ante distintos organismos, surgió, según su relato, a causa de las denuncias que realizó acerca del funcionamiento de la Junta Local de Río Branco. «Desde entonces se generó esta situación de persecución política y judicial contra mí», asegura. Su caso judicial se encamina «muy lentamente». «Este país deja de funcionar después de que sale el primer pan dulce hasta que llega el último ciclista», define dolido Alzueta.

La denuncia que según el médico cambió su vida se refería a «hechos muy graves en el funcionamiento de la Junta Local de Río Branco. Allí desapareció alrededor de un millón de dólares y nadie se preocupó por el tema». Alzueta asegura que lo acusaron con documentos falsos, lo procesaron y lo condenaron, por lo que perdió su empleo, en lo que él juzga «una persecución política». «A esta altura yo ya no tengo más nada y no sé que otra cosa irán a hacer contra mí», denuncia.

Para el médico, actualmente domiciliado en la ciudad de Río Branco, la situación se ha agravado en los últimos meses. Lima se dedica a atender gratuitamente una población de escasos recursos.

En su recorrido por distintas instituciones para que se reconozcan sus reclamos, el profesional llegó a ausentarse del país y solicitar asilo político en Brasil, adonde ingresó en junio del 2003 tras haber sido amenazado de muerte en varias oportunidades.

El galeno contó a LA REPUBLICA que hasta el momento no ha recibido respuesta a sus planteos y se siente desprotegido por parte del Estado. Alzueta recurrió también a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, a efectos de solicitar apoyo y una pronta intervención en el problema que arrastra hace aproximadamente diez años.

Luego de estos intentos, Alzueta admitió estar «absolutamente decepcionado». Por ejemplo, afirma que la comisión de Derechos Humanos del Parlamento, adonde se dirigió en junio del año pasado, no ha resuelto su caso. «Tampoco me han metido preso, luego de ir a confirmar mis dichos en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, hay algo que no funciona, ni para un lado ni para el otro», protesta.

 

Por la ley y por las balas

En 1996, año en que denunció la renuncia contra la Junta Local, Alzueta asegura que sufrió amenazas de muerte y atentados a balazos contra su domicilio. Inmediatamente después de su regreso al país, en mayo de 2005, un nuevo agujero de bala apareció en la puerta de su casa, «claramente producto de un disparo de arma de fuego, a pesar de que la investigación de la Policía indicó que fue efectuado por una pedrada», dice.

El médico insiste que, a pesar de las amenazas que denuncia no teme a quienes lo acosan. «Por algo he presentado denuncias ante la comisión de Derechos Humanos, la ONU, Acnur y otros lugares, aunque hasta el momento no he visto ninguna resolución», remarcó.

El profesional cuestionó severamente que el ministerio de un gobierno frenteamplista, socialista y participativo permita que tengan a un individuo en una planilla de trabajo con un peso de sueldo mensual».

Alzueta considera que se trata de una falsificación de documentos que está denunciada en la Justicia, «pero aquí no pasa nada». El médico llegó a mandar una carta al Presidente de la República, luego de su elección, esperando obtener una respuesta. La que recibió señalaba que se trataba de un «problema judicial», aunque su opinión es muy diferente: «Yo no lo creo así, ya que los fiscales son del Poder Ejecutivo».

En el marco de la denuncia de los hechos, el doctor Gonzalo Alzueta estuvo durante 28 días frente a la Embajada de Uruguay en Buenos Aires, y otros 17 días en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, exhibiendo un cartel que decía «Denuncio persecución política y judicial en el Uruguay». El galeno no dudó en acusar a la clase política del país como causante de su situación.

«Yo acuso a toda la política», grita a los cuatro vientos. Según Alzueta, fueron integrantes de los partidos políticos los que le tendieron la trampa que le hizo perder su trabajo, y son también ellos los que mantienen su situación. «No señalo a ningún sector en particular, pero todos tienen que ver con lo que me pasa», culmina. *