La tierra

Hablaba ayer del espíritu feudal de ciertos empresarios, que hace paradójico el legítimo derecho a la propiedad al querer usarlo como guillotina para otro derecho igualmente legítimo, el de los trabajadores a cobrar sus salarios.

Hoy la sociedad comenta la ocupación ­a todas luces ilegal­ que unos productores lecheros de Artigas hicieron de un campo ajeno.

Sus argumentos, desde la necesidad de sobrevivir hasta supuestas promesas hechas e incumplidas por el Instituto de Colonización, no justifican la violación de la ley. El día en que se admita lo contrario, quizás con la irresponsable alegría de algunos, se habrá quebrado la sociedad nacional, que se alejará de su carácter civilizador con rapidez y daño de huracán.

Pero este hecho permite unas útiles reflexiones.

Uruguay no es, a largo plazo, un país viable si no vuelve a radicar fuera de Montevideo y sobre todo en el campo, con dignidad, a dos millones de habitantes. Esto tiene que ver con la propiedad y uso de la tierra. No vincularé este postulado con un proyecto que ha visto la luz en el parlamento. Sí diré que el gobierno tiene la obligación de entender el desafío y actuar; hay tierras fiscales improductivas o mal utilizadas, y hay formas de organización para pequeños productores que garantizan la radicación digna y la explotación rentable. Las cooperativas, por ejemplo.

¿Lo tiene claro el gobierno?

Supongo que sí, porque la situación se ha ido asemejando cada vez más a la de Europa del siglo VX, cuando se inició la expulsión del pobre. Como ha dicho Georges Duby acerca de esa época: «Se instaló en la conciencia del cuerpo social la convicción de una equivalencia entre miseria, agresividad y peligro».

¿O acaso está esperando que los ricos, de la nacionalidad que sea, adviertan ­Duby dixit­ «la utilidad de atender las necesidades de los pobres a fin de evitar que ellos mismos tomen la iniciativa»?

No creo que este gobierno progresista caiga, aun pasajeramente distraído, en tal ingenuidad. *