La reforma del Estado

En la nutrida agenda parlamentaria del año que recién ha comenzado, la reforma del Estado –considerada por el presidente Tabaré Vázquez la «madre de todas las reformas»– ha de generar un debate profundo y fermental.

La reforma del Estado ha sido un caballito de batalla recurrente en el discurso político. Bueno es acotar que con ese nombre de «reforma del Estado» varias iniciativas surgieron desde los partidos tradicionales, aunque ninguna de ellas llegó a plasmarse en un proyecto de ley o en medidas administrativas concretas a pesar de que ambos partidos históricos disponían de mayoría en el Parlamento. Probablemente, la concurrencia de criterios disímiles en cuanto a su contenido, características y prioridades fue postergando su concreción de tal modo que aunque los dirigentes políticos blancos y colorados remarcaran la necesidad de reformar el Estado y coincidieran, con matices, en cuanto a que el Estado uruguayo era demasiado «gordo», ineficiente y caro, la tan mentada reforma no pasó de ser un tema de encendidos discursos.

Desde que se pusieron de moda los dogmas neoliberales, la satanización del Estado ha venido adquiriendo dimensiones tales que han hecho del asunto un tema de charla y discusión en los ámbitos más diversos a nivel del ciudadano común. Ese «ogro filantrópico» al decir de Octavio Paz se convirtió en el blanco predilecto de los ataques de la derecha que lo culpabilizaban de ser un obstáculo al desarrollo. De algún modo, estaban reflejando un sentimiento muy acendrado en la población, que percibe a «lo público» como pesado, lento, burocrático, ineficiente y campo fértil para todo tipo de maniobras de corrupción.

Y si bien es cierto que mucho de eso se compadece con la realidad, el discurso antiestatista de la derecha exacerbó esa percepción, la magnificó y pretendió abonar el terreno para llevar adelante su propuesta privatizadora. Se ensalzó la actividad privada, se cantaron loas a la eficacia de su gestión, al tiempo que lo público era presentado como modelo de mala gestión, de inoperancia y de dejadez.

El neoliberalismo propugnó la reducción del Estado a su mínima expresión. El Estado no sólo no debía tener a su cargo empresas comerciales o industriales sino que debía desvincularse de toda actividad económica y abandonar la prestación de servicios. La propuesta era casi una vuelta al Estado juez y gendarme, mantenido al margen de la economía, sin injerencia alguna en ese campo que debía regularse «naturalmente» por el mercado.

Para estos popes posmodernos del aperturismo, la reforma del Estado se limitaba a que éste se desprendiera de todas sus empresas y venderlas a empresarios privados, a la reducción drástica de la plantilla de funcionarios y a eliminar la inamovilidad de éstos. Tan hondo caló esa prédica en la población, que aparecieron, como por arte de magia, adhesivos en la luneta trasera de muchos automóviles exigiendo bajar «el costo del Estado, ¡por favor!».

Claro está que ningún político blanco o colorado procedió a una autocrítica o a un reconocimiento público en cuanto a que la mayoría de los males del funcionamiento del Estado (burocracia, clientelismo, ineficiencia, voracidad fiscal para cubrir déficits endémicos por la mala gestión, etcétera) se debían a muchos años de gestión pública en manos de esos partidos tradicionales.

Con la proyectada reforma del Estado, el gobierno progresista que asumió en marzo de 2005 apunta a corregir todos esos males de los que no es responsable sin despojar al Estado de sus atribuciones.

El Estado debe ser reformulado, reformado, modernizado; sobre eso no hay discusión. Pero ello no implica, en modo alguno, suscribir las nefastas doctrinas neoliberales. Antes bien, el Estado deberá mantener un papel activo en la conducción económica y en la atención a la población. *