La deforestación en Argentina sigue sin control; postergan emergencia forestal

En noviembre pasado la Cámara de Diputados aprobó de manera general un proyecto de ley cuyo articulado iba a empezar a debatirse cuando el bloque de legisladores del oficialista partido Frente para la Victoria se dividió, según informa un cable de IPS.

En la última sesión legislativa del año, y luego de tres postergaciones, la propuesta elaborada con participación de ambientalistas se quedó sin quórum para ser debatida artículo por artículo. «Los representantes de las provincias afectadas decidimos no tratar el proyecto porque tiene aspectos poco claros», dijo a IPS la legisladora Fabiana Bianco, del Frente para la Victoria en la provincia de Misiones, en el noreste del país.

«No nos oponemos, pero creemos que cada provincia debe adherir a la emergencia en forma voluntaria», propuso Bianco. Otros legisladores que apoyan este punto de vista argumentan que la iniciativa podría «avasallar las autonomías provinciales» de ser aprobada tal y como está.

 

Norma compulsiva para ser efectiva

En tanto, esta idea es rechazada por los promotores del proyecto, para quienes la norma debe ser compulsiva para que sea efectiva.

La diputada Marta Maffei, del opositor partido Afirmación para una República de Iguales, explicó a IPS que el oficialismo se dividió entre quienes están a favor de administrar racionalmente el recurso forestal y quienes rechazan la posibilidad de que se controle la tala de bosques.

«Los diputados de las provincias del norte argentino pretenden que el bosque sea administrado discrecionalmente por los gobernadores, y ya sabemos cómo termina eso, porque hasta ahora los bosques han sido explotados y saqueados sin control por parte de grupos económicos privados», aseguró.

El proyecto de ley Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos ­un patrimonio de 33 millones de hectáreas en todo el país­ apunta a frenar la pérdida de 250.000 hectáreas como efecto de la expansión de la agricultura intensiva y la ganadería.

Fue presentado por el diputado Miguel Bonasso, del partido Convergencia ­cercano al oficialismo­ y fuertemente defendido por Maffei.

 

Hasta febrero de este año

La iniciativa legislativa fue aplazada para las sesiones extraordinarias de febrero de 2007, cuando, según los ambientalistas, será aún más difícil lograr un acuerdo debido a que se trata de un año de elecciones generales. Además, el proyecto deberá pasar luego por el filtro del Senado. «Habrá que trabajar mucho para que no vuelva a postergarse y para que se apruebe sin cambios sustanciales que hagan que pierda sentido», sostuvo Maffei.

Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (máximo organismo oficial a cargo del tema), cada año se destruyen en Argentina 250.000 hectáreas de bosques, una extensión equivalente a 12 veces la superficie de Buenos Aires, capital del país, con el objetivo de ampliar zonas de cultivo, en particular de soja.

«Es una vergüenza, un papelón. La presión de las provincias que deforestan hizo retroceder a los diputados que habían sido favorables a esa ley», dijo a IPS Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, una de las entidades que intervinieron en la preparación del proyecto.

Para la organización ecologista se trata de «una hipocresía» de parte de los legisladores oficialistas, ya que el propio presidente Néstor Kirchner sostuvo este año que «el cambio climático, la protección del bosque nativo y el control del agua» serían los «ejes principales de la política de Estado en materia ambiental» de su gobierno.

El aplazamiento del debate legislativo se debe precisamente a la resistencia de diputados de su mismo partido que pertenecen a las provincias en las cuales el desmonte es intenso.

 

Presiones de legisladores

La Secretaría de Ambiente dio su respaldo a la propuesta, pero los intereses de los diputados provinciales fueron más fuertes que su lealtad partidaria. Una fuente de la Secretaría, que prefirió el anonimato, reveló a IPS que hubo fuertes presiones de legisladores y hasta de gobernadores para frenar el proyecto. La propuesta también cuenta con el apoyo de todas las entidades ecologistas y de otras organizaciones como la Federación Agraria Argentina, que agrupa a pequeños productores rurales, y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina. La iniciativa legislativa, que fue votada afirmativamente de manera general por 150 de los 176 diputados presentes en la sesión del 25 de noviembre, declara que a partir de su sanción «cualquier desmonte será ilegal», incluso si se hace bajo autorización regional, de ahí la resistencia de provincias como Formosa y Misiones, al noreste, y Salta, al noroeste.

De hecho, en vísperas de la última y fallida sesión legislativa del año Greenpeace denunció que el gobierno de Salta autorizó la tala de 20.000 hectáreas de bosques, una superficie que equivale a casi toda la ciudad de Buenos Aires, comparó.

El proyecto declara la «emergencia forestal» en todo el territorio y prohíbe la deforestación sin autorización de la Secretaría de Ambiente. Para levantar la veda cada jurisdicción debe presentar un plan de ordenamiento territorial.

Ese plan deberá establecer categorías de bosques de acuerdo, por ejemplo, con la superficie mínima para ser hábitat de especies nativas, su vinculación con otras especies, su estado de conservación o su potencial agrícola y forestal.

Según ese ordenamiento, habría zonas verdes de bajo valor de conservación que podrían ser transformadas total o parcialmente. Las denominadas zonas amarillas, de mediana valía, sólo podrían ser destinadas a actividades sustentables, pero las rojas, de muy alto interés ambiental, estarían protegidas de cualquier actividad que las alterara.

Tras presentar la categorización incluyendo la autorización de deforestar expedida por las comunidades nativas residentes en los bosques, la Secretaría podría permitir o negar la autorización para talar, previa presentación del estudio de impacto ambiental.

 

Requisitos mínimos o adhesión voluntaria

Las organizaciones ambientales como la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace, señalaron que estos son los requisitos «mínimos» para explotar los recursos naturales de manera sustentable. En cambio, los legisladores de provincias proclives a autorizar los desmontes preferían que la moratoria fuera de «adhesión voluntaria».

Giardini denunció en el pasado que en algunas provincias, como Salta, Chaco y Santiago del Estero, sus gobiernos habían autorizado talas en áreas habitadas por comunidades indígenas o campesinos sin títulos de propiedad, y consideró necesario poner un freno a ese avasallamiento de los derechos de los ciudadanos. *