Más vale prevenir que curar

En este absurdo conflicto que Argentina está llevando adelante contra el establecimiento de una planta productora de pasta de celulosa en las cercanías de Fray Bentos, nuestros vecinos parecen haber salteado una parte de la historia compartida. El proceso de emancipación de nuestros pueblos de la corona española, con todas sus marchas, contramarchas y contradicciones, finalizó hace casi dos siglos consagrando al Uruguay como un estado soberano. Se puede tener distinta opinión con respecto a este desenlace, ya que no reflejó el sueño federal del General Artigas, pero lo que es indudable es que el Virreinato del Río de la Plata es cosa del pasado. El poder de Buenos Aires quedó limitado a la margen occidental del río Uruguay, y en un par de decenios celebraremos el bicentenario de la Banda Oriental como Estado independiente. Lo que ocurra en su territorio y lo que su gobierno legítimo disponga que hagan sus FFAA no debería preocupar al vecino platense en tanto no lo afecte en su integridad o en sus derechos.

Los cortes de los puentes nuevamente se han instalado sin que el gobierno argentino actúe en defensa ni del derecho de sus propios ciudadanos a transitar libremente y ni del derecho internacional. Algunos habitantes de Gualeguaychú, portadores de una visión fundamentalista, han asumido en este tema una postura cada vez más rígida. Alentados por la inacción de su gobierno y por una información tan sesgada como interesada, aumentaron sus exigencias, y del reclamo de información y de medidas de evaluación de impacto ambiental, pasaron a un inflexible «No a las papeleras», haciéndose eco de las versiones más alarmistas sobre los posibles daños al ambiente y a la salud de la población. En esta postura fueron confluyendo un fundamentalismo ambiental caracterizado por una total falta de respeto hacia calificadas opiniones técnicas y científicas y que ingresó decididamente en la irracionalidad, ciertos intereses económicos y electorales y la deliberada falta de firmeza del gobierno argentino para hacer valer el derecho internacional. La autodenominada «asamblea ambiental de Gualeguaychú», que poco hace por el ambiente ya que circunscribe su acción únicamente a rechazar la instalación de Botnia, manipulada por diversos intereses políticos, turísticos y portuarios, no entiende de razones ni de informes técnicos. Bien vale preguntarse para qué Argentina fue a la Corte de La Haya. Porque ante la Corte Internacional pidió como medida cautelar la paralización de las obras y el rechazo que su petición cosechó no pudo ser más concluyente. La decisión fue tomada por 14 a 1 (con el agravante de que el voto solitario fue de un argentino), pero a pesar de ello se agravia de que Uruguay no la disponga. También hizo todo lo posible para impedir que el Banco Mundial otorgara financiación a la empresa finlandesa. Mandó delegaciones, intentó descalificar el informe independiente que el Banco realizó, y el resultado fue otra catastrófica derrota, esta vez por 23 a 1 (otra vez el voto solitario fue argentino). Cuando el Tribunal del Mercosur debió resolver, la condena a los bloqueos fue unánime (esta vez, hasta el miembro argentino la acompañó).

¿Es que no hay más nadie razonable en todo el resto del mundo? ¿Es que Uruguay, tal vez Finlandia, o tal vez ambos juntos, tienen tanto poder de presión? ¿No será que simplemente tienen la razón? Se intenta justificar la agresión económica contra nuestro país hablando de la intransigencia uruguaya. La realidad muestra que quien no cumple la sentencia es el propio litigante que recurrió al tribunal, pero que una vez que resultó perdidoso ya no le sirve la instancia.

Esta cruzada, disfrazada de causa ambiental pero restringida a un solo tema, parece afectar el orgullo nacional del gobierno argentino; sin embargo está lejos de ser una causa que involucre a la mayoría de los argentinos. ¿A quiénes bloquean los cortes de ruta? Mayoritariamente a otros ciudadanos argentinos. Si existieran razones convincentes, si fuera realmente una causa nacional, con arraigo en la gente, no necesitarían bloqueos, porque nadie querría cruzar al país agresor. Como se acumulan los informes técnicos en contra de sus posiciones recurren a la coerción para causar el daño que procuran. Huérfanos de una argumentación racional echan mano a cualquier cosa. La última novedad es la contaminación visual. Sin ánimo de descalificar, parece un despropósito y una falta de respeto a la soberanía de un estado vecino. ¿Será que pretenden que los permisos de construcción de toda edificación costera (o no tanto, porque la planta no está sobre el río) que se haga del lado uruguayo, desde Colonia hasta Bella Unión, tenga que tramitar el permiso en Argentina y contar con el aval de la doctora Romina Picolotti, su polémica secretaria de Medio Ambiente? Vale lo dicho anteriormente: el Virreinato terminó hace rato.

Se la han tomado, presentándola como símbolo del mal, con la chimenea erigida por Botnia. Pero los uruguayos vemos en las chimeneas un símbolo del desarrollo industrial. Nos preocupan más las chimeneas apagadas de las industrias arrasadas por el neoliberalismo (mal que sufrimos por igual con nuestros hermanos argentinos) que las chimeneas humeantes de las industrias en funcionamiento. Ellas significan trabajo, producción, bienestar de la gente. El mundo entero enfrenta la contradicción entre cuidado del ambiente y desarrollo de la industria. En esa contradicción, no hay que caer en fundamentalismos, sino buscar y llegar al equilibrio del desarrollo sustentable. Uruguay hará lo necesario en el caso de Botnia, ¡a no dudarlo!

Pero el grado de irracionalidad asombra. Y también asusta. Basta oír los discursos de numerosos asambleístas y observar la descalificación violenta de todo aquel que opina distinto. De la violencia verbal a la real de algunos fanáticos no hay tanta distancia cuando la manija genera climas colectivos signados por la irracionalidad. Si se llegara, para desgracia de todos, a alguna situación de ese tipo, ¿quién adoptaría las medidas necesarias? El Presidente Kirchner ha dicho reiteradas veces que no va a reprimir, alentando una escalada piquetera que no encuentra límite alguno. En ese marco, la decisión de nuestro gobierno de establecer vigilancia militar en torno a la planta de Botnia no resulta una idea descabellada, propia de paranoicos de la seguridad. Ya se vivieron momentos difíciles cuando algunos activistas de Greenpeace entorpecieron los trabajos en el puerto, poniendo en riesgo las vidas de los obreros que trabajaban en él precisamente bajo las aguas. Tal vez sean innecesarias, pero quizás su efecto disuasivo haga que lo parezcan. Más allá de que algunos las consideren al santo botón, de lo que no cabe duda es que en todos los órdenes de la vida es preferible prevenir que curar. Y el gobierno argentino no lo hace.

En último término, la discusión sobre las medidas del gobierno uruguayo con respecto a la seguridad interna de personas y bienes, sobre su legalidad o conveniencia, no constituye un tema de debate internacional, con vecinos que parecen tener una doble vara para medir conductas. Una, tan permisiva hacia el seudoambientalismo como desconsiderada con las consecuencias de sus atropellos. Y otra, estricta y de una sensibilidad exacerbada para los pasos legítimos que el gobierno uruguayo toma en defensa del país, sin vulnerar en lo más mínimo el derecho internacional. *

(*) Senado