Escrito por: GARETH PORTER (*) - WASHINGTON, IPS
El informe de los fiscales argentinos que pidieron la captura internacional de siete lÃderes iranÃes acusados de ordenar el atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, paradójicamente debilita el argumento central de la propia imputación.
El gobierno iranà ha sido acusado de haber ordenado el ataque con explosivos perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos, en represalia por la decisión unilateral de Argentina en 1992 de cancelar dos contratos con Teherán para la provisión de materiales atómicos.
Sin embargo, el informe de los fiscales Alberto Nisman y Marcelo MartÃnez Burgos contiene datos que revelan que Argentina siguió suministrando a Irán uranio empobrecido, y que ambos paÃses negociaban la ampliación de su cooperación nuclear.
El escrito es la base para la orden de arresto emitida por el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral contra el ex presidente Alà Akbar Rafsanjani (1989-1997) y otros seis ex funcionarios iranÃes, quienes habrÃan ordenado el atentado a través de la organización libanesa proiranà Hezbolá (Partido de Dios).
En respuesta a esta decisión, el fiscal iranÃ, Ghorban Ali Dori Najafabadi, declaró el fin de semana pasado que podrÃa pedir el arresto internacional de Nisman y del ex juez Juan José Galeano, quien también habÃa investigado la teorÃa de la responsabilidad iranà en el atentado, por realizar acusaciones sin fundamento y hacer “propaganda” contra Teherán.
La cancillerÃa argentina exigió el lunes a Irán que rectifique o ratifique esa intención.
Mientras, un informe publicado la semana pasada por el periodista Marc Perelman en el periódico judÃo estadounidense Forward aseguraba que las órdenes de arresto de la justicia argentina para Rafsanjani y otros ex jerarcas iranÃes fueron emitidas después de una fuerte presión diplomática de Estados Unidos.
Perelman también informó que el gobierno estadounidense de George W. Bush intenta citar la acusación en su campaña para hacer que Rusia y China apoyen una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre sanciones contra Irán.
La teorÃa de la represalia iranà por la cancelación de los contratos nucleares fue manejada por primera vez por el disidente funcionario de inteligencia iranà Abolghasem Mesbahi en una declaración de 2002 y reiterada en un informe de la argentina SecretarÃa de Inteligencia del Estado (SIDE) en setiembre de 2002.
Otra hipótesis relacionada en la que avanzaron los fiscales es que Irán estaba molesto con el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) por alinearse con Estados Unidos en su polÃtica exterior, enviando buques de guerra al Golfo Pérsico o Arábigo durante la guerra de 1991.
Pero el escrito de los fiscales demuestra que Argentina nunca terminó por completo su cooperación atómica con Irán, y que las organizaciones nucleares iranÃes y argentinas que habÃan negociado los contratos originales procuraban la restauración de una plena colaboración sobre los tres acuerdos desde inicios de 1992.
El informe identifica tres acuerdos distintos alcanzados por Argentina e Irán entre 1987 y 1988.
El primero se referÃa a la construcción de un reactor nuclear en Teherán para que pudiera emplear uranio argentino enriquecido 20 por ciento (que no puede ser usado para la fabricación de armas).
El segundo y el tercero fueron de asistencia técnica, incluyendo componentes para la construcción de plantas piloto para la conversión de dióxido de uranio y la producción de combustible.
En diciembre de 1991, según el informe, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires indicó a la cancillerÃa argentina que Washington no podÃa aceptar la continuación de los contratos de cooperación nuclear con Irán.
En enero de 1992, Argentina anunció la suspensión de los embarques de materiales atómicos a ese paÃs.
Pero el informe también documenta que Irán no consideró la suspensión como algo definitivo ni anticipó un fin para los otros contratos sobre tecnologÃa nuclear.
Según un cable del embajador argentino en Irán, fechado el 10 de febrero de 2002, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores iranà le confirmó la “prioridad” que la república islámica depositaba en la transferencia de tecnologÃa nuclear, y dijo que la postura adoptada por Buenos Aires en polÃtica exterior –y con las que Teherán discrepaba– “aparentemente no alteraban la actitud pragmática asumida por Argentina”.
El 26 de febrero, según el informe, un funcionario de la cancillerÃa iranà “enfatizó la necesidad de alcanzar una solución al problema para evitar perjudicar otros contratos”, revelando que Teherán procuraba hallar una solución negociada.
Menos de tres semanas después, el 17 de marzo de 2002, una bomba destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires, matando a 26 personas. Argentina, Estados Unidos e Israel sostuvieron durante mucho tiempo que Irán era responsable de ese atentado también.
Pero parece improbable que los lÃderes iranÃes hayan ordenado o apoyado cualquier atentado terrorista en Buenos Aires cuando estaban preocupados por concretar un acuerdo para proteger los importantes intereses en sus relaciones con Argentina.
El informe confirma que Menem canceló el segundo y tercer contrato de tecnologÃa nuclear con Teherán, pero no el primero.
El reporte de los fiscales también revela que, tras la decisión de Menem, Irán y Argentina iniciaron negociaciones para restaurar la plena cooperación nuclear.
El gerente general de Invap, la firma privada argentina que controló la Comisión Nacional de EnergÃa Atómica, dijo a investigadores que durante 1992 hubo “contratos” entre la compañÃa y la Organización de EnergÃa Atómica de Irán “con la expectativa de que la decisión del gobierno nacional fuera revisada, permitiendo reanudar las tareas de los contratos”.
El informe no indica qué resultados produjeron las conversaciones. Pero un artÃculo publicado el 18 de febrero de 1993 en el periódico estadounidense Christian Science Monitor citó a un funcionario iranà asegurando que Teherán aún le compraba uranio empobrecido a Argentina, y que la Agencia Internacional de EnergÃa Atómica habÃa confirmado que un embarque de este material llegarÃa a Irán en el plazo de un año.
Desde 1993 a 1995, según el mismo funcionario de Invap, continuaron las negociaciones con la Organización de EnergÃa Atómica de Irán, que aspiraban a “alcanzar una solución definitiva” a los dos proyectos cancelados. No fue sino hasta 1996, según el informe, que Teherán comunicó su intención de litigar legalmente contra Argentina por la cancelación de los contratos.
La nueva evidencia sobre las relaciones nucleares entre Irán y Argentina debilita la acusación de que Rafsanjani y otros ex jerarcas iranÃes planificaron el atentado contra la AMIA en una reunión celebrada el 14 de agosto de 1993.
Esa afirmación estaba basada enteramente en el testimonio del desertor iranà Abdolghassem Mesbahi, quien evidentemente no estaba al tanto ni de las continuas exportaciones de uranio ni de la continuidad de las negociaciones reveladas en el documento de los fiscales.
La credibilidad de Mesbahi también se vio dañada por su acusación de que el presidente Menem habÃa recibido un soborno de 10 millones de dólares de Irán para desviar la investigación. Luego, el desertor retiró la acusación.
Los fiscales citan una “hipótesis” propuesta por el SIDE de que Teherán usa la “violencia”
para inducir a los “paÃses vÃctimas” a acordar “negociaciones convenientes para los intereses de Irán”. Pero no ofrecen más evidencia para sostener esa teorÃa.
Las investigaciones Poder Judicial argentino, que no es polÃticamente independiente del Ejecutivo, tienen poca credibilidad ante el público a causa del soborno de un testigo clave por parte del juez principal y de una serie de versiones engañosas basadas en falsos testimonios. *
(*) Gareth Porter es historiador y experto en polÃticas de seguridad nacional de Estados Unidos. “Peligro de dominio: Desequilibrio de poder y el camino hacia la guerra en Vietnam”, su último libro, fue publicado en junio de2005.
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