¿Quién gobierna en la Argentina?

En una nueva agresión, tolerada por el gobierno argentino, algunos activistas argentinos cortaron el tránsito por dos de los puentes internacionales del litoral. Según informó la prensa, la votación en la asamblea fue dividida, y en el Puente Paysandú   Colón, solamente 18 personas concurrieron a efectuar el corte. Inmersos en una especie de guerra santa contra la instalación de las plantas de celulosa, y pasados los duros meses de invierno, algunos ciudadanos reincidieron en una conducta que expresa una absoluta falta de respeto por el derecho internacional, por los tratados firmados por su país y por los laudos internacionales dictados acerca de la controversia.

Rehenes de una visión fundamentalista del problema, asumieron una absoluta rigidez en sus posturas. Sus exigencias fueron creciendo, y del reclamo de información y medidas de evaluación de impacto ambiental, fueron pasando a un cerrado «no a las papeleras», haciéndose eco de versiones catastrofistas. En esta postura confluyeron el fundamentalismo ambiental, la total falta de respeto por las opiniones técnicas y científicas, intereses electorales locales y nacionales, y la deliberada falta de firmeza del gobierno para hacer valer el derecho internacional.

La agresiva actitud adoptada refleja desprecio por la soberanía de nuestro país y también por los derechos de sus conciudadanos, porque les cortan el paso a los argentinos. Simultáneamente iniciaron una campaña para que no se haga turismo en el Uruguay. Si existieran razones convincentes, el éxito de la campaña estaría asegurado y los cortes no serían necesarios. Pero los informes técnicos demuestran la falta de seriedad de sus posiciones y entonces recurren a la coerción.

Argentina ejerció todas las presiones posibles contra nuestro país, por un lado aceptando como normal y legítimo el atropello y la prepotencia del corte de los puentes, violatorio de la más elemental convivencia pacífica. Estos cortes representaron un daño significativo a nuestra economía, tangible e intangible, en particular a sectores que poco o nada tienen que ver con las industrias cuestionadas, como el turístico. Y por otro, trabando el financiamiento internacional a los emprendimientos. Paralelamente bloqueó cualquier posibilidad de negociación, ya fuera esta en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en la comisión de alto nivel que pactaron las cancillerías e incluso al nivel de los Presidentes. A la omisión deliberada de garantizar el libre tránsito le sumó la postura de no ingresar en un diálogo real si antes no se detenían las obras.

Esta acumulación de actitudes transformó en imposible cualquier negociación; optó por la concurrencia a la Corte Internacional de La Haya pidiendo como medida cautelar la detención de las obras. Llegada la hora del pronunciamiento el fallo le fue adverso por abrumadora mayoría. Uruguay ofreció el monitoreo conjunto y para nada sirvió. Y un nuevo informe evaluatorio, el tercero, realizado para el Banco Mundial ahora por otra consultora internacional, coincide con todos los anteriores en que la posible contaminación será manejable. Pero no es suficiente. Con la inminencia de la nueva temporada, se reincide en admitir la agresión.

Cuesta creer que esta actitud tozuda e ilegítima esté determinada solamente por los posibles efectos ambientales de la planta. Mientras los vecinos de Gualeguaychú fueron aterrorizados con una campaña irresponsable, en el exterior se propagandeaba a Entre Ríos como una provincia ideal para la industria papelera. Aquí hay otros elementos en juego que no se explicitan, como la puja por la radicación de la inversión extranjera y el temor de los intereses portuarios bonaerenses frente a un desarrollo industrial en el litoral uruguayo que viabilice el dragado del Río Uruguay y del Río de la Plata sobre nuestra margen, y que capture buena parte del comercio de la Hidrovía. Solamente así es posible entender, y con el agregado de las elecciones de 2007, que se acepte pasivamente el atropello que significa el bloqueo. Porque, de lo contrario, ¿quién gobierna en la Argentina?

El interés de preservar el ambiente es común. Por una razón sencilla y evidente: no hay forma de causar daño al otro lado del río sin causarlo en igual o mayor medida en nuestro territorio. ¿Habrá alguien que pueda pensar que está en riesgo la salud y la calidad de vida en Gualeguaychú en mayor medida que en Fray Bentos? Desde el mismo inicio de la controversia, nuestro país ha manifestado la voluntad de otorgarle las mayores garantías a la Argentina (vale recordar además que la española ENCE decidió relocalizar la suya).

La detención de las obras solicitada por Argentina en La Haya fue rechazada y paralelamente, el Tribunal de Controversias del Mercosur admitió por unanimidad la violación del Tratado de Asunción y la responsabilidad de la Argentina. Los informes técnicos internacionales e independientes han coincidido con la postura del Uruguay. Nuestro país sigue siendo receptivo a toda sugerencia razonable que aumente las garantías de los pobladores de la zona. Argentina deberá asumir que recurrió a la vía jurisdiccional para intentar detener las obras y no lo consiguió. No se debería permitir que los sectores más radicales vuelvan a los bloqueos. ¡O responsabilizar a sus conciudadanos, como se ha hecho, por las consecuencias internacionales de acciones ilegales que se dejan correr! ¡Ni incurrir en tonterías tales como instarnos a que informemos a la CARU sobre la instalación de una planta de fertilizantes alejada del río y sin efluentes! Lo que debe hacer es plantear los estudios que considere necesarios y acordar los mecanismos de mitigación de los impactos eventuales.

Si hay voluntad de acuerdo, seguramente lo habrá. Pero para eso, es necesario que se admita la validez del marco jurídico internacional, y fundamentalmente, que Argentina reconozca la soberanía del Uruguay. Si se persiste en la falta de respeto a las normas, y en una actitud más propia de la época del Virreinato del Río de la Plata, ello nos obligará a reforzar aun más nuestra acción internacional, lo que no conviene a ninguna de las dos partes. Y mucho menos a pueblos hermanos. *

(*) Profesor, senador