La Justicia tarda pero llega

Con el acceso del Frente Amplio al gobierno, se abrió en el Uruguay un tiempo político de cambios y de rupturas. Sobre su gestión se abrían grandes expectativas y no pocas interrogantes. Una de las interrogantes más fuertes refería a la posibilidad de cumplir con el compromiso asumido del esclarecimiento del destino de los compatriotas detenidos desaparecidos y del avance hacia la verdad y la justicia respecto a los crímenes siniestros del terrorismo de Estado.

Este gobierno asumió con plenitud su compromiso. Desmintiendo a los augures de la inestabilidad institucional, las órdenes del Presidente fueron acatadas y la «omertá» militar rápidamente se resquebrajó. Las propias Fuerzas Armadas realizaron investigaciones que descorrieron velos sobre distintos aspectos del Plan Cóndor y acerca de la cara más macabra de los crímenes de la dictadura. La búsqueda de los restos de los desaparecidos se ha realizado con el apoyo institucional de las FFAA, y si los resultados positivos han sido parciales no es sólo porque 30 años son mucho tiempo, sino también porque no todos saben todo, y además la «operación zanahoria» se encargó de enredar y dificultar aún más una búsqueda difícil.

 

El marco jurídico existente

El pasado miércoles fue aprobado por unanimidad (al igual que en el Senado) en la Cámara de Diputados y se transformó en ley un ambicioso proyecto que compatibiliza nuestro derecho interno con las obligaciones que impone el derecho internacional en relación con los crímenes de lesa humanidad. Se establece la imprescriptibilidad de estas conductas y se tipifican en él numerosos delitos, así como se disponen los procedimientos de cooperación con la Corte Penal Internacional de Roma. De este modo se subsanan las omisiones sistemáticas en las que nuestro país cayó al aprobar convenios internacionales y no cumplir con el compromiso de incorporarlos al derecho nacional. Omisiones que no fueron producto de olvidos circunstanciales o del exceso de trabajo legislativo.

Además de las citadas omisiones, la existencia de la ley de caducidad y la interpretación maximalista de la misma que se había realizado en los gobiernos anteriores acotaba las posibilidades de avances en la materia. La llamada ley de caducidad fue una ley perversa, condenable desde todo punto de vista, tanto jurídico como ético. Pero en decisiones cuestionables se desestimaron los recursos de inconstitucionalidad presentados y también fue ratificada por un referéndum, por lo que está vigente hasta que el pueblo uruguayo decida lo contrario, cosa que algún día sucederá. Lo que siempre resultó inadmisible es que los sucesivos Poderes Ejecutivos la hayan aplicado indiscriminadamente, sin respetar siquiera los límites que su propio texto establece. El Presidente Vázquez modificó el criterio y comenzó a aplicarla en la forma correcta, respetando estrictamente sus límites. De esta forma el Poder Judicial pudo actuar y los resultados están a la vista. Ocho de los integrantes del «equipo de tareas» más duro, el que actuó en Orletti y en otros centros clandestinos de detención, vinculado a los peores crímenes (incluso económicos) han sido procesados. Muchos de sus crímenes fueron en el exterior, son delitos continuados o tuvieron una finalidad económica, por lo que se encuentran excluidos de la caducidad y hoy están presos. Pronto les tocará a los mandos de aquella época rendir cuentas por los hechos, ya que tampoco ellos están cobijados por la impunidad que les votaron los partidos tradicionales.

 

¿De qué pactos hablan?

Algunos han intentado echar sombras sobre la decidida gestión que el gobierno viene cumpliendo hablando de pactos y componendas secretas. Resulta triste y paradójico que los custodios y abogados del secreto y la impunidad acusen justamente a este gobierno de lo que ellos en forma pública y notoria realizaron. A este gobierno, el primero que asume como es debido el mandato constitucional de ejercer el mando superior de las FFAA, y que en ese ejercicio ordenó las investigaciones necesarias para cumplir el artículo 4° de la propia ley de caducidad; que aplicó esa ley cabalmente, excluyendo de su amparo lo que está excluido en el propio texto, o se desprende de él, permitiendo actuar a la justicia. Cuando las investigaciones ordenadas sobre el destino de los desaparecidos avanzaron dentro de las FFAA y empezaron a dar sus frutos, se dijo que re había cambiado verdad por justicia, y que el gobierno se había comprometido a que ningún militar iría preso. Los hechos recientes evidencian la calumnia. Cuando llegaron las extradiciones de la Argentina, el intento se reiteró y el supuesto pacto consistía en hacerse cargo de algún delito ante la justicia uruguaya para que aquellas se rechazaran. El suicidio del coronel Rodríguez Buratti y los recursos de apelación contra los procesamientos de los encausados echan por tierra ese presunto acuerdo. Además, cualquiera que conozca el trámite judicial sabe que lo único que hace el procesamiento en Uruguay es demorar el proceso de las extradiciones, pero no lo cancela.

Destruidas las anteriores mentiras por hechos incontrastables, con las investigaciones sobre los desaparecidos avanzando y cuarteles enteros dados vuelta a punta de pala, con ocho presos (seis militares y dos policías) tras las rejas y varias investigaciones más en trámite, entonces se lanza un nuevo infundio: los militares presos estarán en un establecimiento especial, llenos de privilegios y custodiados por sus camaradas de armas. El logro histórico de la llegada de la justicia se pretende opacar con la hipótesis de que los detenidos estarán en algo así como un hotel de cinco estrellas.

 

Una cárcel adecuada y necesaria

El sistema carcelario uruguayo tiene enormes carencias. Todos las conocemos; desde hace décadas está superpoblado y las condiciones de reclusión están bastante lejos de las mínimamente aceptables. Si pensamos por un momento en las atrocidades cometidas por los procesados, la natural reacción humana consiste en desear que su reclusión sea en las condiciones más severas y el castigo interminable. Pero es necesario que prime la reflexión y la responsabilidad, no cediendo ante un sentimiento primario, y sin jamás dejar de lado el espíritu de la justicia. No somos todos lo mismo y no estamos dispuestos a permitir que la barbarie se institucionalice, no queremos venganza sino verdad y justicia.

Porque es necesario para el país, actualmente se está avanzando en la construcción de un centro de reclusión especial, con las condiciones de seguridad adecuadas para presos que por su perfil requieran un tratamiento especial que asegure tanto su seguridad como la del resto de la población carcelaria, la que, por otra parte puede ser fácilmente instrumentalizada. Este establecimiento queda dentro de un predio del Ministerio de Defensa Nacional, pero deberá estar bajo la égida de la Dirección Nacional de Cárceles, y sus reglamentos los mismos que los del resto de los establecimientos de reclusión al igual que su régimen de visitas; sin perjuicio de la custodia perimetral de las FFAA como en otros establecimientos penitenciarios.

El único norte de la estrategia del gobierno es la verdad y la justicia. Algunos han intentado, reiteradamente y con poco éxito, opacar los logros alcanzados por la voluntad y la ética de la izquierda, tal vez porque han enrojecido de vergüenza a los arquitectos de la impunidad o provocado la bronca de rivales político-electorales. Esos avances en derechos humanos deberían ser celebrados como lo que son: conquistas de todos los uruguayos que consolidan la democracia. Tras un largo y espinoso camino, también aquí la justicia tarda pero llega. *

(*) Senador