El Parlamento progresista, puntal del cambio

Cuando una fuerza política asume la responsabilidad de ejercer el gobierno, se ve enfrentada al desafío de cumplir con su programa. Cuando se trata de un movimiento de cambio como el Frente amplio, que llega por primera vez, este desafío es más profundo. Y cuando inicia la tarea en un país devastado, dañado por tremendas crisis, la interpelación es mucho más fuerte, por las expectativas que toda la sociedad, pero en particular los más necesitados, deposita en su gestión. De poco valen los llamados a la comprensión o recordar la inexistencia de una varita mágica. La priorización de unos implica diferir a otros, y la impaciencia, mayoritariamente impulsada por la urgencia de la necesidad, hace que aquellos que no reciben satisfacción inmediata tiendan a ignorar los logros del gobierno. Con frecuencia, éstos no son espectaculares, ni resuelven definitivamente las penurias, pero representan avances significativos y muestran el rumbo del gobierno progresista.

Esa perspectiva, alimentada desde el inmediatismo, olvida que aun un gobierno que posee mayorías legislativas debe ejercer su poder de acuerdo con los contrapesos institucionales y legales previstos en nuestro sistema democrático-republicano, además de enfrentar otras limitaciones: la democracia no es el absolutismo y en su gestión, el gobierno debe prestar atención a la acción legítima de los actores sociales y políticos, y arbitrar intereses en conflicto en favor del interés público y de los más débiles. Muchas de las reformas propuestas -la amplia mayoría- requieren de leyes que las consagren. Leyes que en todos los casos son complejas por lo extensas y por los intereses que afectan. Y el proceso legislativo supone tiempos, escuchar a los sectores involucrados, a la sociedad civil y al propio PE, al ámbito académico, además del debate parlamentario como tal. No todo es «soplar y hacer botella», como parecen demandar las campañas antiparlamentarias de diversos sectores de opinión. Además la bancada de gobierno adoptó la decisión en marzo de 2005 de la consulta previa al PE y, en lo posible, del envío de los proyectos desde el P. Ejecutivo.

 

El protagonismo parlamentario en los cambios

Una buena parte de la acción de gobierno solo depende de la voluntad del PE. Pero el marco legal condiciona otros numerosos aspectos de la gestión, y los cambios que en él se hagan expresan los puntos de preocupación y la forma de encarar los problemas de la sociedad. No hay que confundir gobierno con PE, olvidando el P. Legislativo, así como tampoco Presidencia con PE.

En esta legislatura, el Parlamento ha sido un puntal de sustentación de los cambios. Desde el comienzo tuvo una intensa actividad y cuenta en su haber la aprobación de numerosas e importantes leyes. Sin ánimo de agotar el tema señalo algunas, que creo son las de mayor importancia, y sin entrar a considerar las de naturaleza presupuestal.

En el ámbito social, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que conjuntamente con la aprobación de los fondos para el Panes y la ley del voluntariado, puso en marcha una experiencia inédita en el país: un plan focalizado en el sector de pobreza extrema y un centro de conducción de las políticas sociales. Destaco también la aprobación de la ley de libertad sindical, que pone al país en sintonía con las legislaciones más avanzadas, revirtiendo décadas de desprotección a los trabajadores que impulsaban la organización sindical. Esta ley se complementa con la reactivación de los Consejos de Salarios, elemento democratizador de las relaciones laborales. Por otra parte, también se aprobaron o van a serlo a la brevedad, las leyes de cooperativas sociales y el proyecto de marco general del sistema cooperativo, el artículo que promueve las Pymes (inicialmente en la Rendición de Cuentas) en las compras públicas, las normas que regulan la situación de los trabajadores domésticos, la unión concubinaria y la creación del registro de deudores alimentarios.

Se dispuso la derogación del subsidio forestal, que conjuntamente con la reducción del área de prioridad forestal dispuesta por decreto, marca una inflexión en la política seguida. Se incorporó el sistema de trazabilidad del ganado. Se aprobó la creación del Consejo de Economía Nacional previsto por la Constitución y nunca reglamentado por ley en cuatro décadas. Se aprobó la ley refinanciación de adeudos con el BPS.

Se creó y designó al Comisionado Parlamentario del sistema carcelario; también la llamada ley de humanización y modernización del sistema carcelario en un intento de mejorar el funcionamiento de las cárceles. En otra materia, se aprobó (o es inminente su aprobación) un conjunto de tratados sobre diversos temas con Venezuela (de apoyo energético, de relacionamiento cultural, de financiación de inversiones en infraestructura y equipamiento médico). También se aprobó el discutido tratado de protección recíproca de inversiones con los EEUU.

Aunque solamente tiene media sanción, destaco la aprobación por el Senado por unanimidad del proyecto que castiga los crímenes de Lesa Humanidad y cooperación con la Corte Penal Internacional de Roma. Es un proyecto muy completo que recoge la moderna doctrina respecto al derecho internacional humanitario.

 

Cuestiones trascendentes inmediatas

Hace poco más de dos semanas, el Senado culminó el trámite de la rendición de cuentas. Ahora le toca el turno a dos proyectos que han tenido un trámite extenso en la comisión correspondiente pero que están en los últimos ajustes y serán volcados al plenario rápidamente. Nos referimos al proyecto de reparación a ex presos y perseguidos por la dictadura y al proyecto de ley que combate la usura.

En relación al primero de ellos, con la llegada del Frente Amplio al gobierno, se generaron las condiciones para que el Estado uruguayo asumiera responsabilidades y tomara las iniciativas reparatorias para mitigar las graves secuelas que el terrorismo de Estado dejó en muchos compatriotas. Reparación siempre parcial, porque no se puede devolver a las víctimas el tiempo de reclusión o la salud perdida a causa de la tortura y de la condición carcelaria. A través de este proyecto, Uruguay subsanará, aunque tardíamente, su omisión en la materia.

Con respecto a la usura, recordemos que el artículo 52 de la Constitución de la República expresa textualmente «Prohíbese la usura«, a la vez que define como de orden público que la ley señale límite máximo al interés de los préstamos. Sin embargo, durante un buen tiempo, el Estado miró para otro lado. La ortodoxia liberal defendía la autorregulación del mercado, como si todos sus actores estuvieran en las mismas condiciones. Por omisión se permitió el enriquecimiento ilegítimo de pocos a expensas de muchos, particularmente de los sectores de menor poder adquisitivo y comprensión de los cálculos necesarios para determinar la tasa de interés. El proyecto en estudio apunta a llenar los vacíos que la legislación vigente tiene y que aprovechan los profesionales de la usura, combatir la publicidad engañosa y terminar con la proliferación de pseudocooperativas. Tendrá favorables consecuencias para buena parte de la población, que ve disminuida su capacidad de consumo por soportar intereses que llegan a tasas increíbles.

Después vendrán la reforma tributaria, las modificaciones en la salud rumbo a un sistema nacional integrado, la creación de la Agencia Nacional de Innovación, los proyectos de ordenamiento territorial, de sociedades agropecuarias por acciones nominativas, de equidad de género y de salud reproductiva, de cultura afrouruguaya e igualdad racial, de ref
orma del Estado, de enseñanza, de seguridad social, de reforma de cajas paraestatales, del BHU y del BCU, de defensa nacional, ley orgánica e inteligencia, y de procedimiento policial.

Como conjunto del gobierno debemos mantener la capacidad de innovación e iniciativa que ha caracterizado a la gestión, incorporando temas que no estaban en la agenda política y acentuar el perfil social, verdadera identidad diferenciadora. Y desde el Parlamento, trabajar sin pausa, priorizando la pronta aprobación de proyectos que suponen la ampliación de derechos y la mejora de la calidad de vida de la población. *

(*) Senador