Funcionario con 26 años de carrera presenta demanda contra Zimmer

Dentro del plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha en la que fue notificado de la destitución, el funcionario con 26 años de carrera en la intendencia de Colonia reclamó judicialmente la destitución de la que fue objeto. El escrito presentado ante el juzgado de Colonia y al que LA REPUBLICA tuvo acceso en forma exclusiva, señala varias ilegalidades en las que ha incurrido el Ejecutivo comunal al despedir a Torres como funcionario. «Se ha quebrantado el principio de legalidad y tipicidad, pues en definitiva se ha aplicado una sanción administrativa sin que exista una norma legal que prohiba las sanciones de tipo político como la de marras», además, dice el escrito, «se ha cercenado la presunción de inocencia, pues en lo que hace a nuestro derecho administrativo sancionatorio, la presunción de veracidad de los actos administrativos, ceden ante un principio general del derecho: el principio de presunción de inocencia inherente a la personalidad humana, comprendido en el artículo 72 de la Constitución de la República». Este principio, supone que sólo sobre la base de pruebas efectuadas que debe aportar la administración que acusa, alguien podrá ser sancionado. Es la Administración quien debe probar la responsabilidad del inculpado y no éste su inocencia. En este caso la administración no sólo no prueba sino que tampoco desarrolla las «razones de mejor servicio» invocadas. Torres señala que en su destitución la IMC ha rescindido su contrato de función pública en la cual cumplía tareas permanentes aplicando directamente una sanción, sin otorgar la posibilidad al compareciente de ejercer su legítimo derecho de defensa.

 

«La muerte de los inocentes»

Según su legajo personal, Jorge Torres ingresó a prestar servicios en la comuna coloniense como auxiliar, el 16 de enero de 1980. «Es de destacar que a dicho cargo ingresé por haber rendido concurso de oposición y méritos, ocupando el 2º lugar por las calificaciones obtenidas; desarrollando la función pública como presupuestado», dice el escrito presentado en el juzgado.

Desde 1992 se lo contrató como adscripto a la Secretaría del Departamento Ejecutivo con contratos anuales que se fueron renovando hasta el día 06/04/2006. «Las tareas permanentes para las cuales fui contratado y que cumplí desde el 1º de diciembre de 1992 hasta el cese, consistían en ejecutar la estrategia de comunicación definida por cada Intendente, con la comunidad del departamento, los medios de comunicación, y además accionar en el interrelacionamiento de la Intendencia con instituciones oficiales, privadas, nacionales y extranjeras; es decir, desde esa fecha fui uno de los principales promotores de las relaciones públicas de la Intendencia de Colonia, sin perjuicio del Intendente de turno», por lo cual se desprende que «soy un funcionario público con más de 26 años ininterrumpidos de servicio, cumpliendo tareas permanentes, doce años como presupuestado y más de catorce años como contratado en una tarea especializada», señala.

El proceso judicial recién se inicia y el caso de Jorge Torres sea tal vez el caso más emblemático de «la muerte de los inocentes» en esta guerra entre Zimmer y Moreira. Según el escrito judicial la administración municipal «no ha suprimido el cargo que ocupo, ni tampoco a probado las circunstancias de interés general por las cuales ha procedido a dictaminar el cese de mis funciones, no sólo no lo ha probado, sino que públicamente ha reconocido que mi cese se debe a una sanción de tipo político, porque el sector al cual se me imputa cercanía no le votó algunos artículos del presupuesto quinquenal» afirma.. *