Elecciones en el BPS: ¿avance o frustración?

La reforma constitucional de 1967 creó el BPS y dispuso que en la integración de su directorio hubiesen tres miembros electos, uno por los afiliados activos, otro por los afiliados pasivos y otro por las empresas contribuyentes. Por primera vez se cumplió cabalmente con el mandato constitucional y se realizaron las elecciones correspondientes con voto secreto y obligatorio. Hasta ahora, y luego de un largo período de más de 20 años en el cual no se ocuparon esos cargos, solamente el representante de los pasivos era electo, mientras que los otros dos fueron designados por el Poder Ejecutivo entre los nombres que proponían las organizaciones con mayor representatividad.

Los resultados han dado lugar a numerosas y muy diversas opiniones. Desde aquellos que toman a las elecciones como una expresión de corporativismo y cuestionan la presencia de los sectores socio-económicos en el Directorio, hasta quienes consideraron el acto electoral como un avance democrático por ser una instancia de participación ciudadana, pasando por todo tipo de interpretaciones del resultado, en particular sobre el importante voto en blanco que se verificó.

 

¿Deben existir representantes de los sectores sociales?

Ésta es la primera pregunta que debemos contestar. Pensamos que la integración de los directores sociales en el BPS fue un importante avance en la transparencia de la gestión de un organismo que desde siempre fue un reducto del clientelismo. La presencia de ojos ajenos al sistema político, representantes de muy diferentes organizaciones pero con una preocupación común en sanear una institución tremendamente distorsionada, fue un soplo de aire fresco que mejoró la gestión del BPS, con el fin de las jubilaciones de favor y de «pronto despacho». Las apelaciones al anticorporativismo no resultan consistentes teniendo presente que en el directorio hay cuatro miembros designados por el poder político y solamente tres sociales, que además provienen de diferentes sectores. En todo caso, operan como testigos privilegiados de cómo se lleva adelante la gestión, son ojos y oídos de la sociedad, la protegen de la corrupción tan frecuente en otros tiempos y son garantes de la cristalinidad en un organismo con una influencia enorme. Tampoco nos parecen atinadas las críticas basadas en el costo del acto electoral. Pensar la democracia en términos económicos es, francamente, un agravio a la propia democracia.

 

La incidencia del voto en  blanco y la abstención

En realidad, el domingo 26 de marzo se realizaron tres elecciones diferentes en un mismo día, por lo que corresponde analizarlas individualmente.

En el sector de los activos, de los cerca de 514.000 habilitados votaron casi el 90% por lo que la abstención no fue un fenómeno de importancia. Sí fue importante el voto en blanco (32,46%), el que sumado a los votos anulados (más del 7%) llega prácticamente al 40% de los asistentes. Seguramente confluyen en este alto porcentaje varias actitudes. Quizás el rechazo a la obligatoriedad del voto, el desconocimiento de lo que se votaba y a quién se votaba, o las eventuales discrepancias con la línea llevada adelante por el PIT-CNT –la organización proponente–, hicieron que dos de cada cinco trabajadores que concurrieron no apoyaran a su representante (actual y futuro, porque fue reelecto). La principal reflexión que genera este resultado es si se justifica el voto obligatorio en una elección con lista única.

Entre los pasivos, de 481.000 habilitados concurrieron unos 281.500 (un 58,47 %). La primera lectura nos lleva a pensar en una abstención importante. El 58% de participantes parece una cifra baja, pero no hay que olvidar dos factores: la obligatoriedad del voto no corría para los mayores de 75 años y era necesario presentar la credencial para votar. No conocemos cuantos pasivos hay mayores de 75 años, pero seguramente es un número apreciable. La carencia de credencial, sea por pérdida o extravío, no impide votar en las elecciones nacionales, lo que hace que con frecuencia no se haga el trámite de renovación. Como por decisión de la Corte Electoral, en esta instancia ello era necesario, sabemos de muchos ciudadanos que no pudieron votar por esa causa. Los concurrentes dividieron sus votos entre tres listas y los votos en blanco y anulados sumados no llegaron al 20%. Fue el sector con menor concurrencia porcentual pero con mayor cantidad de votos por opciones nítidas.

En el sector empresarial no llegaban a 100.000 los habilitados, y concurrieron poco más de 86.000. También hubo tres listas, que en forma conjunta apenas superaron el 60% de los votos emitidos. El voto en blanco con el 29,32% fue la opción mayoritaria ya que superó en más de un 5% a la lista más votada. Con buen criterio, algunos han planteado que debería realizarse un análisis del alcance del término «empresario» ya que un alto porcentaje de los habilitados son titulares de empresas unipersonales, una especie cada vez más común de los trabajadores autónomos, por lo cual los candidatos de las cámaras empresariales no son sentidos como sus representantes.

 

Los problemas generales a los tres sectores

Las instancias institucionales abiertas para la participación ciudadana no tienen por qué tener el éxito asegurado. La participación popular no se produce mágicamente donde no hay tradición, información o compromiso de la gente. Así lo han verificado las instancias descentralizadoras que la intendencia montevideana impulsa con esfuerzo, hace ya más de quince años. Para que la participación ciudadana se dé con entusiasmo y naturalidad es imprescindible un fuerte apoyo de difusión y explicación previas. Sólo cuando se comprende la importancia de lo que se vota se está dispuesto a participar con energía; creer que la obligatoriedad asegura una asistencia que otorgue la necesaria representatividad a los elegidos es una simplificación que olvida que existen otras opciones como el voto en blanco o anulado, que no en vano irrumpieron con fuerza en esta elección.

Los principales mediadores entre el Estado y el ciudadano –partidos políticos y medios de comunicación colectivos– miraron con lejana indiferencia esta elección, y no colaboraron en construir ciudadanía a partir de la instancia institucional que se abrió. En toda elección, el elector debe conocer a los candidatos, sus ideas y trayectorias. Como esta elección no tiene financiación estatal, apenas si hubo campañas electorales mediáticas, así como tampoco cuerpos militantes impulsando candidaturas. En esas condiciones, y en elecciones con poca o ninguna tradición (activos y empresarios votaban por primera vez), el resultado no podía ser muy distinto, y habla bien de la cultura democrática de los uruguayos.

 

El futuro del procedimiento

No valorar positivamente la expresión legitimadora de miles y miles de ciudadanos en esas condiciones adversas, y apresurarse a dictar la partida de defunción de la convocatoria electoral directa, constituyen graves errores. Es necesario comprender que la convocatoria institucional por sí sola no es suficiente. Que el resultado en participación dependerá del grado de involucramiento de los ciudadanos en las organizaciones correspondientes, de la buena información, y de la utilidad del voto para el votante. Es preciso que el sistema político estimule la participación, no para partidizar las organizaciones sociales existentes sino para fortalecerlas. Es necesario que los medios de comunicación sean más sensibles a una instancia colectiva y obligatoria, facilitando espacios para la exposición de ideas y propuestas. En particular los radiales y televisivos, que solamente son concesionarios de ondas públicas y como tales deben tener mayor compromiso con el
interés social. Es imprescindible que el propio Estado desarrolle una política de comunicación institucional que interese al ciudadano en lo que hace y en cómo lo hace. El BPS ha avanzado al respecto y estas elecciones directas, más allá de matices en su interpretación, lejos de verse como una experiencia frustrante deben significar un punto de partida para continuar trabajando hacia una seguridad social inclusiva de toda la sociedad. *

(*) Senador de la República