¿Respaldar al Poder Judicial?

En su columna del martes pasado el estimado compañero Enrique Rubio, refiriéndose al «caso Berríos», comienza titulando: RESPALDAR AL PODER JUDICIAL.

He decidido titular del mismo modo agregando dos signos de interrogación, porque vengo a demostrar que Rubio le quita todo respaldo al Poder Judicial.

Comienza afirmando que lo de Berríos fue un secuestro. Asunto este que en la Justicia uruguaya domiciliada en el juzgado de la ciudad de Pando ha quedado desmentido con pruebas, hasta el momento irrefutables. Rubio discrepa por lo tanto con el Poder Judicial uruguayo (de Pando). Pero es más: agrega que dicho secuestro mostró cómo algunos militares seguían aplicando los métodos del terrorismo de Estado ya entrada la democracia. No menciona a ningún civil embarcado en tales actividades y deslinda por lo tanto toda responsabilidad en los hechos de Luis Alberto Lacalle y los entonces ministros del Interior y Defensa. (Juan A. Ramírez y Mariano Brito).

Luego se contradice acusando a los Servicios de Inteligencia de nuestro país por cómplices activos. En democracia los Servicios de Inteligencia actúan o deben actuar bajo las órdenes de su mando (Gral. Aguerrondo) y éste de su comandante en jefe (teniente general Juan Modesto Rebollo), y éste del ministro de Defensa (Mariano Brito), que junto con el Presidente (Luis Alberto Lacalle) forma el mando superior de las Fuerzas Armadas.

No cabe otra posibilidad legal en democracia. Ni puede, ni debe caber. Y si hubo ilegalidades en cualquier nivel de esa línea de mando allí estuvo la Policía de Canelones tomando cartas en el asunto la que, a su vez, depende indiscutiblemente del ministro del Interior (Juan A. Ramírez), quien estaba facultado y obligado a tomar todas las medidas imaginables para preservar el orden interno, pudiendo incluso actuar en esa demanda contra el Ministerio de Defensa. ¿Qué hizo?

Ya vemos que a poco que examinemos el asunto hay MUCHOS civiles involucrados y no tan sólo «algunos militares».

Es más: en la Justicia uruguaya (de Pando) el entonces jefe del Servicio de Inteligencia declaró haber estado perfectamente al tanto de todo.

Rubio lo reconoce comentando que fue un escándalo que dejó mal parado al gobierno de aquel entonces. Al Parlamento también – agregamos nosotros -.

Luego, indignado, perdiendo casi su proverbial calma, lanza una furibunda diatriba contra el Poder Judicial uruguayo sito en Pando incluyendo expresamente a todos los jueces y fiscales que allí actuaron (seis en total durante trece años). Pocas veces leí un ataque tan duro contra el Poder Judicial uruguayo: es por eso que le puse signos de interrogación al título de Rubio.

A renglón seguido lanza –en clave de Oda– un elogio superlativo y hasta poético a la ejemplar (¿?) justicia chilena (que acaba de declarar inocente a Pinochet del Plan Cóndor): «las cosas en Chile –asevera Rubio– fueron distintas» (el elogio se despatarra a todo Chile que hasta ahora lo teníamos como modelo en ciertos cenáculos pero sólo en la parte comercial). La extensión elogiosa no cabe si pensamos que este gigantesco mamarracho empezó en Chile y fue continuado y culminado acá por ellos, al extremo tal que la actual justicia chilena dice tener individualizados a los dos chilenos que ejecutaron en Uruguay a Berríos. Es verdad: en Chile fue todo muy distinto pero en el sentido exactamente contrario al que sueña Rubio.

El expediente en Chile procesó «en rebeldía» a los oficiales uruguayos violando normas uruguayas e internacionales de vieja data. El sistema procesal chileno es medieval (acaba de ser reformado) y permite entre otros disparates, que un juez del Tribunal de Apelaciones procese, acuse y sentencie en Primera Instancia (caso concreto el juez Madrid). Pavadita de ejemplo el chileno. ¿Qué garantías ofrece? Sufre un atraso insondable.

«Se investigó en debida forma y se aclaró paso a paso y en detalle cómo fue el operativo tanto en Chile como en Uruguay…», dice Rubio, olvidando que en el tan descalificado (por él) juzgado uruguayo de Pando, se probaron gruesas y horrorosas irregularidades y avasallamientos perpetrados por agentes chilenos de variada índole en Uruguay en el marco de esa para Rubio «ejemplar investigación detallada» que no se detuvo ni en la falsificación de documentos ni en la compra de testigos. Repito: eso está probado en el tan vergonzoso (al decir de Rubio) juzgado del Poder Judicial uruguayo sito en Pando.

Enrique llega a sembrar graves sospechas contra fiscales y jueces uruguayos pero no menciona ni una irregularidad de los chilenos. Chile produce, se ve que por naturaleza, unos sanos y castos varones de ojos vendados balanza en mano y pecho velludo al viento.

A posteriori, contradiciéndose reciamente, Rubio pasa a ensalzar cada uno de los veredictos a favor de la extradición producidos por el Poder Judicial uruguayo sito en Montevideo. Tiene preferencias geográficas. Observa el mapa para dar opinión.

Sentencias que acatamos y respetamos por serlo simplemente y no porque en ellas participaron muchos y fueron unánimes al decir de Rubio.

Olvida que en ellas, a texto expreso reiterado, fundamentaron que ni abrían juicio ni debían abrirlo sobre el fondo del asunto porque sólo les correspondía pronunciarse sobre la procedencia o no del pedido de extradición.

Acá sucedió algo peor que un secuestro y ahora está sucediendo algo peor que una extradición. Pero sigamos.

Es en base a estos últimos veredictos judiciales librados en poco tiempo por muchos magistrados, que Rubio clama por RESPALDAR AL PODER JUDICIAL. El mismo al que apaleó sañudamente unos pocos renglones más arriba a pesar de que en trece años ocupó a mucha gente también (jueces y fiscales).

En suma, la posición que Rubio propone es respaldar al Poder Judicial según sea el domicilio de la Sede en la que actúe o, si no es esa, podría ser: respaldar a los Tribunales de Apelaciones sitos en Montevideo pero denunciar gravemente a todos los demás. Como axioma para fundar en él un Poder Judicial respaldado no deja de ser original y curioso pero es contradictorio en sí mismo: sería un axioma de inexistencia.

Porque no podemos descalificar cuando no nos gusta e inciensar cuando nos gusta. Una de dos: o lo respaldamos o no lo respaldamos. El Poder Judicial en eso no puede, él tampoco, estar un poquito embarazado. O lo está o no lo está.

Lo mismo vale para todos cuantos pretendan realizar críticas a sus diversas resoluciones: no puede ser que si son contra un juzgado de Pando valen pero si son contra otro no valen.

Sobre el final Rubio entra en «la verdad de la milanesa» calificando como vergüenza nacional los entorpecimientos voluntarios y expresos perpetrados por gobiernos y por «ciertas obsecuentes complicidades en el sistema judicial» (más garrotazos) a lo largo de años para impedir las investigaciones. Afirma que «es una pena que otros responsables de mayor jerarquía no tengan que enfrentar la acción de la Justicia (uruguaya o chilena)»: ¡No! No es una pena: es un crimen que se está cometiendo con nuestra complicidad ahora mismo. Y la extradición de estos oficiales forma parte de ese crimen de ocultamiento. Es una de sus «hazañas» como hubo otras. Van a tapar ese crimen con dos oficiales subalternos y el resto, los verdaderos responsables civiles y militares, podrán seguir tranquilos. Por eso acá hay algo peor que una extradición. Mucho peor.

No se trata, como alega Rubio, de que ciertos ciudadanos por el solo hecho de ser militares estén fuera del alcance de la Justicia: se está tratando y perpetrando el hecho de que ciertos civiles y militares de alta graduación están, con nuestra complicidad, fuera del alcance de la Justicia una vez más y Rubio,
equivocándose, atiéndase bien: equivocándose desprevenidamente, milita objetivamente a favor de ello. Nuestra sociedad seguirá impregnada por la cultura de la impunidad. Y más pringada todavía por este asunto. Asistimos a un nuevo triunfo de la impunidad.

Para que se salven los verdaderos responsables, los responsables máximos, hacemos esto (por eso Pinochet ha sido declarado inocente del Plan Cóndor).

Hoy, y desde hace un tiempo, por encima o por debajo de lo que diga Rubio o Fernández Huidobro, incluso más allá de que polemicen entre ellos, lo estridente, lo evidente, lo ensordecedor, es la falta absoluta de jefes.

A nivel militar los jefes responsables se fueron y siguen yendo todos los días al mazo incluso cuando ven a sus subalternos ir presos. No se les mueve un pelo del famoso «carácter militar» que hace rato perdieron.

A nivel civil pasa exactamente lo mismo.

Uno puede ser juzgado y hallado inocente por cosas sucedidas acá, pero mañana ser extraditado para que lo juzguen por esas mismas cosas en otro país. ¿Plan Cóndor Bueno? ¿Hacemos lo que hicieron ellos? ¿Al servicio de qué intereses estamos? ¿Avalamos lo de Noriega? ¿Lo de Saddam? ¿Por qué entonces no pedimos a Bush para juzgarlo acá?

Rubio afirma que Jorge Batlle «toda vez que pudo entorpeció la acción de cualquier justicia, fuera nacional o extranjera». De ser así está incurso en el CAPITULO 5º TITULO 5º Artículo 197 del Código Penal: Delitos contra la Administración de Justicia.

Si hay pruebas, desde ya me ofrezco para radicar la denuncia en el juzgado que a Rubio le guste. *

 

(*) Senador de la República