Respaldar al Poder Judicial

El terrorismo de Estado tuvo su punto culminante en nuestro país durante la dictadura. Nadie puede o debe desconocer la larga lista de tropelías que se cometieron en ese período y que hasta el día de hoy permanecen sin castigo gracias a la acción cómplice de políticos que  por acción u omisión  han sido verdaderos custodios de esa impunidad. Pero ya entrados los 90, el secuestro y posterior asesinato del bioquímico chileno Eugenio Berríos mostró que aún en democracia algunos militares seguían operando con la mentalidad y los métodos de aquel triste período. Los servicios de Inteligencia de nuestro país fueron cómplices activos al menos de un operativo de silenciamiento de un ex colaborador de la dictadura chilena en una prolongación del modus operandi del Plan Cóndor. El hecho de que la víctima no fuera un militante de la causa popular sino un personaje con ribetes siniestros, un ex colaborador activo de la dictadura de Pinochet, no le quitó gravedad al asunto. Fue un verdadero escándalo que dejó muy mal parado al gobierno de aquel entonces, presidido por el Dr. Luis Alberto Lacalle.

La indagatoria realizada en el Uruguay sobre el hecho constituyó una parodia destinada a cubrir mínimamente las formas y por dos veces se dispuso su archivo. Tan vergonzante fue su trámite que el propio juez que dispuso el primer archivo, a la vez ordenó el secreto de lo actuado. Pero en Chile las cosas fueron distintas; se investigó en la debida forma y se aclaró paso a paso y en detalle cómo fue el operativo, tanto en Chile como en Uruguay, y también quiénes fueron los militares chilenos y uruguayos que lo llevaron a cabo. La Justicia chilena procesó a los responsables, incluso a los uruguayos en ausencia, y remitió a nuestro país las extradiciones correspondientes. Extradiciones que enfrentaron todas las instancias judiciales con el mismo resultado: la concesión de las mismas. El juez penal de primera instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal correspondiente  por unanimidad de sus tres miembros- y la Suprema Corte de Justicia actuando en casación  también por la unanimidad de sus cinco ministros- consideraron que correspondía conceder la extradición de los tres militares encausados. Quiere decir que a través de todas las instancias posibles, nueve magistrados uruguayos más algún fiscal consideraron ajustada a derecho la solicitud chilena.

 

Las críticas a la extradición

No es del caso ingresar a un debate jurídico sobre si corresponde o no la extradición. Para eso está el Poder Judicial, poder independiente del sistema institucional: para administrar la justicia analizando los hechos desde el punto de vista del derecho. La unanimidad de sus miembros en cada uno de los niveles a los que el expediente llegó en busca de sentencia -ni una sola voz discrepante en tantos magistrados- hace pensar que si decidieron acceder a la solicitud del país trasandino fue porque todo estaba muy bien fundado.

No puede haber dudas de la comisión del homicidio: ahí está el cadáver de Berríos con un tiro en la nuca como prueba; el episodio ocurrido en la Comisaría de Parque del Plata fue ilustrativo en cuanto a que el químico no estaba descansando por su propia voluntad en ese balneario. No obstante todo lo cual hemos presenciado una extraña conjunción crítica a la decisión de la Suprema Corte. Algunos políticos y los clubes militares se han manifestado en contra con dispares argumentos. Incluso se han pintado muros hablando de pérdida de soberanía por extraditar ciudadanos uruguayos a otro país, y no juzgarlos aquí. Es un argumento absurdo; las extradiciones se resuelven en el marco de un tratado internacional (firmado a fines del siglo XIX) y en todo tratado internacional hay cierta cesión de soberanía, a cambio de la que otorga el otro firmante, de forma de asegurar un resultado conveniente para ambos. En este caso la Justicia chilena será la encargada de cumplir lo que la uruguaya no se atrevió o no pudo hacer. Desde el Poder Ejecutivo se entorpeció y presionó, en el pasado y de todas formas, para dificultar la investigación, contando con obsecuentes complicidades en el sistema judicial, hasta que operó la prescripción. Esa apatía indagatoria es lo que resulta una verdadera vergüenza nacional. Por otra parte, la moderna legislación internacional sobre DDHH y terrorismo de Estado marca una tendencia clara al considerar determinados crímenes como un compromiso de la humanidad, más allá de los límites territoriales y en favor de la acción internacional, y Uruguay es firmante de tratados con ese sentido.

También se cuestiona que la acción recaiga solamente sobre tres oficiales dejando sin sanción al mando superior. Comparto que es una pena que otros responsables de mayor jerarquía no tengan que enfrentar la acción de la Justicia (uruguaya o chilena), pero es equivocado pensar en términos de todo o nada. Y considerar la condición de subordinado como eximente en la indagación de un caso de secuestro y homicidio es llevar la obediencia debida a límites absolutos.

Los centros militares arremeten contra el fallo con una mezcla de argumentos jurídicos y amenazas. Sobre los argumentos jurídicos no opinaré, me remito a la unanimidad de los magistrados actuantes. El tono amenazante respecto a la institucionalidad del que está impregnado su declaración responde a la mentalidad de los usurpadores del poder, que se sienten atemorizados y agitan cucos que han perdido vigencia y efectividad.

Por último también hay críticos algo más cuidadosos de la institucionalidad. No hablan del fallo de la Suprema Corte pero arremeten contra el Presidente de la República para que en uso del derecho que le da el artículo 7° del tratado de extradición, las impida por razones de orden público. En particular, el ahora senador Sanguinetti ha sido el vocero de esta prédica. Lo que no hizo fue determinar las supuestas razones de orden público que justificarían tal despropósito. Estaría en riesgo el orden público si desde la presidencia se avasallara al Poder Judicial, desautorizándolo en su función jurisdiccional y disponiendo que ciertos ciudadanos, por ser militares de profesión, están fuera del alcance de la ley, cualquiera sea la cosa que hagan. Una decisión presidencial en ese sentido significaría algo así como una ley de caducidad ilimitada. Hay que reconocerle coherencia, ya que eso es lo que él hizo desde la presidencia. Al igual que el Dr. Jorge Batlle, toda vez que pudo entorpeció la acción de cualquier Justicia, fuera nacional o extranjera.

 

La llaga abierta de la impunidad

Lenta pero inexorablemente la verdad se va abriendo paso, y tras ella, avanza la justicia. Nuestra sociedad quedó impregnada de una cultura de la impunidad; por la Ley de Caducidad, y por el abuso que se hizo de ella. Pero las realidades cambian aquí y en toda la región. Hoy es Chile el que pide extradiciones, quizás mañana lo haga Argentina, Paraguay o España; y como corresponde en un Estado de derecho, será el Poder Judicial el que las tramitará, analizará el marco jurídico, la prueba aportada, y en un procedimiento ajustado al debido proceso resolverá lo adecuado en las instancias que correspondan.

Paralelamente, en nuestro país también se están investigando muchos crímenes y atropellos que debieron ser indagados hace años. Vamos a la zaga en la región, pero avanzamos. Los abogados políticos de la impunidad tienen cada vez más dificultades para cumplir su tarea de ocultamiento. Sus argumentos suenan gastados y vetustos, cuando no directamente falsos. Hace tiempo que no se escucha aquello de «los ojos en la nuca»; los hechos destruyeron el «no se puede» y quedó demostrad
o que era posible saber de los desaparecidos, y que los militares citados comparecieran a los Juzgados. El canciller de la dictadura fue preso y en estos días Juan María Bordaberry ve desarchivar su expediente en otra decisión unánime de un tribunal de apelaciones en lo penal.

La justicia también asoma en el Uruguay. ¡Defendámosla! *

 

(*) Senador de la República