34 mil niños de los CAIF esperan se resuelva otorgar "partida" alimenticia

Además de nombrarse a los nuevos delegados, que tendrán a su cargo representar a sus compañeros por cada departamento, hubo otro tema que fue centro durante casi toda la jornada de trabajo: analizar el por qué y encontrar una solución urgente al gravísimo problema que hoy enfrentan, porque el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), no ha podido liberar las partidas destinadas a comprar los alimentos para los niños.

Emilio Vitette, delegado para la región sur de los CAIF, reveló como vocero de todos los delegados, en qué consiste la situación que tiene de rehenes a 34 mil niños uruguayos que dependen de los CAIF para desayunar, almorzar y merendar. Estos 34 mil niños significan cuantitativamente, un 80% de la población total que atiende el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU).

«El director del INDA, Uberfil Monzón, recibió casi el doble de la partida que debe recibir para la compra de los víveres secos y frescos», explicó Vitette. Es decir, en lugar de los aproximadamente 35 millones de pesos que Contaduría General de la Nación debe girar al Instituto y éste a su vez a los CAIF, para gran sorpresa del director se recibieron unos 67 millones de pesos. Ante esta insólita situación, Monzón decidió enseguida devolver la partida equivocada. El Ministerio de Economía, enterado de la irregularidad, decidió ordenar la auditoría del INDA y, a continuación, «nombró a un auditor del que ni siquiera pudimos conocer el nombre».

Este funcionario, dice el delegado, optó a su vez por suspender los pagos hasta tanto no consiga esclarecer el asunto. Y este es el punto: «Desde los primeros días de febrero, cuando comenzaron a funcionar los CAIF, no se recibe dinero alguno, así que no se puede comprar comida para los niños que se alimentan de acuerdo a lo que nosotros logramos darles, utilizando lo que sobró de partidas recibidas antes y de algún otro lado, en el caso de los alimentos frescos imprescindibles, que además racionamos porque no sabemos hasta cuándo durará esto».

Obvias preguntas plantea esta especie de callejón por ahora sin salida, pese a los esfuerzos de Monzón y de los delegados nacionales. Primero: si las «reservas» de comida seca de la que hoy depende la alimentación de los pequeños, basada por ejemplo en fideos, se acabara, ¿los niños no comerían? «Y… no. Si no hay comida no comen, por eso estamos tan, tan preocupados y ahora optamos, después de mucho esperar, por hacer conocer esto a la población», dice el entrevistado. Segundo: ¿Por qué el auditor, quien sea que sea, no optó al menos por entregar la partida adjudicada (los 35 millones) para investigar, mientras tanto, el motivo de la diferencia de dinero antes señalada? No se comprende por qué no se entrega la partida que sí corresponde para alimentar a los niños, hasta tanto no se aclare el enrevesado asunto. Parece absurdo. Y, sobre todo, «es humanamente incorrecto, más allá de problemas numéricos o económicos (…) o de las sospechas que se puedan tener sobre qué pasó acá y de que estos convenios se firmaron con el gobierno anterior».

 

El papel del auditor

«En primer lugar nosotros consideramos que la principal responsabilidad recae sobre el auditor que tiene trancado todo, aunque podría, si quisiera, liberar la partida», apunta Vitette. A la vez, el delegado nacional de los CAIF, el artiguense Roberto Viola, intentó ayer hablar con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, para resolver el tema directamente con el gobierno, sin «mandos medios», pero hasta el momento no existía respuesta alguna. Otro punto a aclarar es por qué, cuando se atrasan los pagos, «cosa que sucedió durante los años anteriores, con la pasada gestión de gobierno», las partidas que no llegan no quedan pendientes. Los CAIF pierden esa remesa en forma definitiva.

Finalmente, otra gran interrogante, que también se relaciona con el accionar del auditor, es que éste «sostiene que los convenios cayeron a principios de 2006 y que no se renuevan automáticamente (…) Así que en definitiva se depende de un auditor para que los niños coman o no, así de simple».

De la jornada de trabajo que tuvo lugar en Raigón participaron, además de los delegados departamentales, el director de INAU, Víctor Giorgi; la Jefa Departamental de INAU, Analía González; la jefa de Policía josefina, Mª. Cristina Domínguez; el inspector de Primaria de San José, N. Do Santos; el actual secretario del Ejecutivo del Plan CAIF y la futura Secretaria, Ana Cerutti.

Vitette también adelantó otro tema central. Se trata de un proyecto con la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que apunta a crear una nueva reglamentación del Plan CAIF para lograr el fortalecimiento de las Sociedades Civiles que hoy tienen grandes carencias de funcionamiento. La ONU brindaría entonces el aporte monetario para concretar dicho proyecto. *

El INAU tiene unos 480 convenios, de los cuales más de 300 son con CAIF. La administración de éstos está a cargo de ONG (Organizaciones No Gubernamentales).

Funcionan bajo dos modalidades: Educacional, son 215 pertenecientes al «modelo viejo», que prestan una atención diaria semanal a los niños entre las 8 y las 16 horas. La otra modalidad es la integral de intervención, que cuenta con unos 100 centros. El horario es más elástico, atienden a madres embarazadas y los facilitadores van a los domicilios.

Son 5 las regiones de los CAIF: la Metropolitana, que integran Canelones y Montevideo; la Sur: Colonia, Flores, Florida y San José; la Este: Maldonado, Rocha, Cerro Largo y Lavalleja; la zona Centro Norte: Artigas, Durazno, Tacuarembó y Rivera; y la litoral: Paysandú, Salto, Soriano y Río Negro.

Trabajan en total unos 3.000 funcionarios. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son honorarias, en convenio con INAU y tienen a su cargo la administración de los centros. *