Auditorías internas del Hipotecario revelan irregularidades múltiples

Siete son las auditorías internas solicitas por el Directorio del BHU y seis de ellas presentan irregularidades notorias.De acuerdo a los resultados de la auditoría solicitada a la División Asesoramiento Legal y Sumarios del Banco Hipotecario del Uruguay, el Directorio actual sancionó a tres funcionarios por el depósito de 1.500.000 dólares en Cofac en modalidad «call»  corta duración  días antes de su suspensión (18, 23, 24 y 31 de enero de 2006). La auditoría determinó que hubo «actos u omisiones culposas efectuadas con negligencia e impericia que violan deberes funcionales».
El gerente del Departamento del Tesoro, Milton Alonso, fue sumariado y se le separó del cargo con la retención de la mitad de su sueldo. A la gerente de la División Finanzas, María del Rosario González, se la sumarió y se hizo un llamado de atención a la gerente del Area Finanzas, Ana María Sveraglio.

 

Complejos serán investigados

También captó la atención de funcionarios y el actual directorio del BHU la construcción de un conjunto habitacional en Paysandú «I 40″. Es un conjunto compuesto por 50 viviendas que exigieron un costo «desmesurado» para su construcción. Su costo original era de «U$S 2:011.000 y lo invertido al 27 de junio de 2005 ascendió a U$S 4:650.000 de acuerdo a los valores de febrero 2006, lo que daría un promedio por unidad de dos dormitorios de U$S 90.000″ dice el informe publicado por el Directorio del BHU.

Dicha obra se contrató en febrero de 1990 por un plazo de 18 meses, a una empresa que tenía ya tres obras realizadas para el Banco de Salto -H17, H19, y H23-, «todas ellas con reclamaciones por problemas constructivos». En diciembre de 1992 se paralizaron las obras y hasta ese entonces se había pagado a la fecha el 99% de lo presupuestado «más una serie de adicionales, algunos sin ninguna justificación técnica», sostiene el informe auditor.

A fines de 1991 un equipo de técnicos «aconsejó rescindir el contrato, pues la obra estaba detenida, pero el Directorio optó por mantener a la empresa. Durante todo el año 1992 sólo hubo un avance del 4% y ante el llamado de atención la empresa propuso un convenio para culminar las obras que también incumplió».

Luego la empresa solicitó prórroga, y volvió a no cumplir. La dirección del banco se inclinó entonces por terminar las obras por el régimen de «administración delegada». Esta última opción «sirvió para beneficio de la empresa que contó en este caso con la complicidad o por lo menos la falta de celo de la dirección de obra, ya que hubo consumo de materiales exorbitantes». En síntesis, surgen varias dudas que motivaron la realización de una auditoría interna de documentación, en especial la referente al proceso licitatorio, así como la selección y contratación de las empresas intervinientes.

En cuanto al complejo habitacional ubicado en el departamento de Montevideo (CH 153), compuesto de 46 viviendas, el Directorio solicitó auditoría en función de «un notorio apartamiento en los costos y plazos previstos para la terminación de las obras». La obra contaba con un 92% de avance cuando se lleva a cabo la rescisión de contrato con la empresa y se decide terminarla en régimen de administración delegada. La obra demandó 48 meses, con una erogación total de aproximadamente 175.000 UR, mientras que el llamado a ofertas había estimado un plazo de seis meses y un costo de 25.670 UR. En tal sentido el banco pagó 20.550 jornales «más de lo que hubiera correspondido para la totalidad de la obra y un 335% por encima de los que hubiera correspondido con el avance que ya tenía la obra».

 

Publicidad contratada

En 1996 el Directorio realiza el proceso licitatorio para contratar una empresa especializada en campañas publicitarias, estableciendo los medios a utilizar y temas a tratar: promoción de líneas de créditos, obras realizadas y a realizar, servicios del banco y un proyecto para enmarcar el lanzamiento del Plan Fénix. El gasto no se ve razonable, ya que «en 1999 cuando desde el Gobierno Nacional se impartió la orden de bajar los gastos por la naciente crisis, fue cuando el banco gastó más: U$S 5:000.000″. A su vez señala el informe que no se realizó un control «que permita asegurar la utilización de espacios haya sido acorde con lo contratado». Esta auditoría fue remitida al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9º Turno por abuso de funciones y otro de Jorge Bonino.

 

Refacción de fachada

La investigación indagó sobre la pertinencia de la refacción, el proceso de adjudicación, los costos del contrato y la forma de pago. El resumen del informe sostiene que «si bien se encontraron problemas menores, algunos ya corregidos, en lo sustancial no se constataron irregularidades de significación en todo el proceso».

 

Plan Fénix

El proyecto que comprendía la revitalización del barrio La Aguada fue licitado en dos aspectos -mejoramiento de la infraestructura urbana, y recuperación patrimonial de la Estación Central de Trenes y nueva terminal de trenes- a la empresa Saduf. El Plan Fénix, con financiación del BID, incluía varias obras: una nueva terminal de trenes, su respectiva playa de maniobras y la remodelación de calles y plazas de la zona. A través de una licitación, se haría la conversión de la antigua estación de trenes en un centro cultural, comercial y de exposiciones y la formulación y presentación de un plan de negocios y proyectos urbanísticos arquitectónicos que se ubicarían en la antigua playa de maniobras; y por último el BHU licitaría la construcción de diversos edificios en la zona. El préstamo del BID se concretó el 21 de abril de 1998 por U$S 28 millones. Más tarde el BHU renunció en dos ocasiones a una parte del préstamo por la suma total de U$S 16:000.000.

La auditoría concluyó que la información recopilada expresa que «los objetivos asignados a Saduf fueron cumplidos parcialmente, en un contexto en donde el BHU tuvo clara incidencia en su gestión. Si bien las obras de la nueva terminal de pasajeros de AFE y su playa de maniobras fueron terminadas, fracasó el resto del proyecto y al no encontrarse una solución satisfactoria. El BHU no pudo resarcirse de los gastos ni recuperar la inversión». De esta forma «constituyó un mal negocio».

A su vez, Saduf dejó ver algunas deficiencias importantes por lo que se mantienen juicios, concluye el informe.

Walter Morodo, director del BHU señaló a LA REPUBLICA respecto a la Terminal de trenes General Artigas, «que se le buscará un destino acorde con el entorno, si bien no es una decisión que pase por el banco». *