Vecina de Progreso no puede ingresar al Juzgado ni presentar más denuncias en la Seccional 10ª

La damnificada por la medida, Silvia Mary Tortti García, dijo a LA REPUBLICA que la resolución «viola los principios constitucionales del derecho de defensa, afectando el propio derecho a la libertad y a la dignidad humana».

«Es un hecho incalificable, ya que si debo hacer una denuncia por cualquier caso, robo, o accidente, no puedo arrimarme al Juzgado o a la sede policial».

Silvia Tortti manifestó que llevará su caso a la Suprema Corte de Justicia.

Silvia Tortti, que vive en la calle Durazno, entre avenida Artigas y Rocha, en la ciudad de Progreso, presentó denuncia sobre irregularidades en el Juzgado de Paz de la l7ª Sección Judicial de Canelones.

Según la damnificada, a fines del mes de enero de 2001, llegó hasta su casa Alicia Ferreira, «a quien conocía de la zona, manifestándome que estaba desesperada y que tenía que contarme una situación muy grave».

 

Situación violenta es denunciada

«Concretamente me manifestó que desde hacía mucho tiempo era obligada a mantener relaciones sexuales por parte del señor Omar Gallo, quien cumplía funciones en el Juzgado denunciado. Incluso me manifestó que era tal la presión, que estaba dispuesta a terminar con su vida», señaló Tortti.

«Ante tal situación le manifesté si estaba dispuesta a realizar la denuncia ante un juez, a lo que me contestó afirmativamente. La acompañé al Juzgado, presentándome ante el juez Martínez en dicha sede, quien le tomó la denuncia. Yo me limité a atestiguar sobre lo que veía en mérito a que, en varias oportunidades, observé al citado funcionario, en horas inapropiadas, entrar al Juzgado con dicha persona, ya que yo vivo enfrente al mismo».

A partir de ese momento «he sufrido varios inconvenientes en dicha sede, en razón de que tuve que iniciar procesos de desalojos, contra dos inquilinos, quienes alquilan bienes de mi propiedad», dijo Tortti.

La denunciante señaló que aun cuando los procesos de desalojo fueron iniciados hace más de dos años,»no he podido tener acceso a las fincas, afectando el legítimo derecho de propiedad. Los expedientes han sido demorados, se han extraviado en alguna oportunidad».

Aseguró que la jueza Sandra Mouzo «no actuó con objetividad cuando se trataba de expedientes que eran firmados por mí. En oportunidad de presentar un escrito suscrito por mi profesional, Carlos Romero Chiazzaro, la propia jueza Mouzo me comunicó que yo tenía una prohibición de ingresar al Juzgado, así como también a la Seccional 19ª de Policía, expresándome que yo tenía problemas con el empleado Gallo y había realizado una denuncia en su contra».

 

Tres horas en un calabozo

«La actitud de la jueza al resolver que yo no puedo arrimarse al juzgado, ni a la Seccional, es incalificable, carece de fundamento alguno y viola los principios constitucionales del derecho de defensa, afectando el propio derecho a la libertad y a la dignidad humana».

Tortti agregó que en cierta ocasión estuvo tres horas detenida en un calabozo en la Seccional 19ª, «por orden de la señora jueza Mouzo, violándose el principio de inocencia, del debido proceso, ya que nadie puede ser privado de su libertad, sino in fraganti delito, o habiendo semiplena prueba de ello».

Tortti denunció asimismo que los expedientes fueron demorados e interrumpidos por la magistrada, «que incluso los derivó al Juzgado Penal, causa que fue archivada, devolviéndose las actuaciones al Juzgado de Progreso». Según también quien denuncia, tales archivos aparecieron tiempo después en el juzgado de Las Piedras.

 

¿Discriminación?

Silvia Tortti aseguró que todos los inconvenientes planteados «no hacen más que corroborar lo dicho en cuanto a la raíz del suceso con el funcionario Gallo, la sede comenzó a tomar actitudes discriminatorias hacia mi persona, de tal gravedad, que llegaron al extremo de prohibir acercarme al Juzgado y a la Seccional».

La actuación de la sede judicial de Progreso, dice la denunciante: «Me ha causado una serie de inconvenientes y perjuicios, en cuanto a la prohibición de concurrir al Juzgado como a la Seccional, a ejercer mis derechos, eso constituye una flagrante violación a los derechos de las personas y viola el más sagrado que es el derecho a la libertad».

«Por otra parte ello me acarrea serias dificultades, al ser una persona de bajos recursos. La demora injustificada en los procesos, ha permitido que los ocupantes de los inmuebles sigan destrozando los mismos. También se ha denunciado en diferentes momentos robos efectuados por parte de los ocupantes, que han pasado a sede judicial, y nunca tuve alguna respuesta a mi petición, denuncias que también fueron radicadas en la Seccional 19ª.

Para Tortti, los procesos de desalojos «fueron promovidos en debida forma, al amparo del la Ley 14.219, existiendo demoras injustificadas en el trámite, a la luz del tiempo transcurrido».

Por último, la denunciante dijo que pedirá a la Suprema Corte de Justicia la realización de una investigación administrativa sobre los hechos que le tocó vivir. *