Muttoni: "El país no necesita viviendas nuevas, sino que los ciudadanos accedan a la vivienda"

El PIAI nació en 1999 con el gobierno de Jorge Batlle, con el objeto de integrar los asentamientos a la ciudad formal. Según Ricardo Muttoni -coordinador del PIAI, presidente de la Asociación de Arquitectos del Uruguay y docente de la Facultad de Arquitectura-: «En los hechos se transformó en un programa de obra; es lo que queremos cambiar y empezar a trabajar con la población». Desde 1999 hasta el 2004 fueron diez los asentamientos regularizados y se ejecutaron 26 millones de dólares de los 81 millones proporcionados.

Los recursos económicos surgen a partir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que actualmente otorga una prórroga de tres años para utilizar 55 millones de dólares, dado que no se utilizó todo el dinero dispuesto para el programa.

Actualmente, el PIAI se aplica en base a la coordinación entre quince intendencias, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) en 58 asentamientos del país, que se encuentran en diferentes etapas de evolución. Desde el 2005 al 2008 el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso el gasto para la regularización de asentamientos de la siguiente forma: 10 millones de dólares para el 2005; 15 millones para el 2006, otros 15 millones para el 2007; y 15 millones para el 2008, completando así los 55 millones de dólares.

En el 2003 se cerraron las inscripciones de asentamientos para ingresar al PIAI. Se anotaron 84, todos anteriores a 1996, cada uno de ellos con más de 40 lotes, instalados en tierras fiscales, y sin saneamiento.

Consultado Muttoni respecto al número de asentamientos que existen en el país recordó que mediante un convenio signado entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo de toda la población, pero en particular en los asentamientos que es donde más se desconoce a la población. Los datos conocidos hasta el momento indican la existencia de 700 a 800 asentamientos en todo el país. «En los próximos tres años alcanzaríamos a regularizar entre un 10 y un 15% del total de los asentamientos», afirmó Muttoni.

A su vez, consideró vital el pasar a depender del Ministerio de Vivienda por una cuestión de objetivos afines. «Esto nos permitirá coordinar mejor las políticas de asentamientos».

 

Innovaciones y acciones

– ¿Cuál es el futuro del PIAI?

– Buscamos construir un programa social con obras, y esto no implica mayores costos. Observamos que no existe una adecuación de la gente a su nueva vivienda cuando no ocurre un involucramiento por parte de la población, a veces sucede que se descuida el lugar o se abandona.

Debemos distinguir a la hora de acercarnos a una población lo que es un asentamiento propiamente dicho de lo que es un cantegril. En los asentamientos los habitantes se organizan y planean, además se establecen para quedarse. En cambio un cantegril no nace con vocación de ciudad; los locatarios se suman sin ninguna planificación ni organización.

 

– ¿La existencia del PIAI incentivó de algún modo la conformación de asentamientos, por la esperanza de la gente de que sean regularizados?

– Si bien ha generado una sensación de que hay tolerancia por parte de la ciudadanía, estamos coordinando acciones con el Ministerio de Vivienda para retrovertir esos aspectos culturales. La pobreza no es un estado permanente; el gobierno plantea redistribuir la riqueza, logrando un crecimiento con distribución. Encaramos al PIAI como un programa que acompañe el crecimiento del país. Tiene que ser un trampolín para salir de la pobreza. Para ello hemos armado una serie de políticas sociales articuladas, que sumen y multipliquen acciones.

 

– ¿Cuáles son las políticas sociales y en qué consisten?

– Apuntaremos a la vivienda, el trabajo, la salud y la educación. El realojo de los destinatarios será en viviendas mejores. Se agregará a las canastas del Mvotma otras del Panes. Para la regulación de los asentamientos se conformarán microempresas con los propios destinatarios, trabajarán en el Estado, pero para su beneficio. Se convertirán en copartícipes. También se agrupan para la producción de quintas, en el departamento de Rivera. Se proporcionaron seis máquinas de coser para la escuela de Do Zamba que actualmente produce ropa para vender a los vecinos.

Para el 2005 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) otorgó 150 microemprendimientos brindándoles capacitación y seguimiento a través del tiempo. Además se les brindará capacitación para empleo, junto al INJU y el INAE, mientras que las empresas tomarían pasantes.

En cuanto a la salud, se construirán mayores policlínicas barriales, se mejorarán los horarios de atención. También estamos investigando para conocer cuáles son las enfermedades más comunes y organizando una campaña de información con el MSP.

Asimismo apuntaremos a la educación básica, capacitación en oficios o emprendimientos y la formación como ciudadano; que tomen conciencia de sus derechos. Apostamos también a crear una cultura del pago, del cobro y el buen uso de los recursos.

Por otra parte, coordinamos con los CAIF y Socaf para que los niños cuenten con la alimentación básica, y la familia reciba orientación y apoyo. De esta forma se logra una sinergia en el mismo sentido, que facilita la tarea y los resultados.

En otro orden, buscamos conformar a partir de este año un Fondo Nacional de Garantías que permita alquilar a quienes no cuenten con respaldo. A la vez los propietarios exigen garantías. Actualmente existen tres organismos que otorgan garantías: Mvotma, PIAI e IMM. La idea es crear un único fondo. En tal sentido, se está pensando en subsidiar a algunos inquilinos además de generar líneas de crédito para que los propietarios acondicionen las viviendas.

En el país existen 120.000 viviendas disponibles y 120.000 de veraneo. El país no necesita viviendas nuevas, sino el acceso a la vivienda.

 

– ¿Cómo se explican los casos en que los habitantes venden o abandonan las viviendas regularizadas?

– La demanda es de tierras y materiales para construir. Se han hecho inversiones que los propios destinatarios en realidad no querían. Para retrovertir esta situación queremos implementar un nuevo sistema de titularidad de la tierra; no hay que regalar la tierra, sino que hay que encontrar una forma de pago justa.

Para que esto suceda nos basamos en cuatro líneas. En primer lugar generamos principios integradores -para que la población se integre a la ciudad formal- e integrales -apuntando a resolver las situaciones de vida en forma transversal: salud, vivienda, educación, trabajo. En segundo lugar, impulsamos políticas de desarrollo social, económico y cultural; buscando que el dinero quede en el barrio. En tercer lugar, promovemos la democracia y la formación ciudadana y descentralizada. Democracia basada en la participación y a partir de la descentralización de los recursos. En cuarto lugar, la prevención. Debemos trabajar desde una política preventiva, mirar a largo plazo en base a lo que solicita la demanda y anticiparse a lo que requerirán. Para nosotros el concepto de educación popular tiene mucho valor, se nutre de la sabiduría del pueblo, y tiene la misma importancia que el saber académico; implica respeto por el otro. Por último, queremos que los destinatarios del PIAI consigan una apropiación de las nuevas tecnologías mediante emprendimientos sociales. *