El Servicio de Paz y Justicia reclama la nulidad de la Ley de Caducidad

Con la presencia del Premio Nobel de la Paz y presidente de Serpaj en América Latina, Adolfo Pérez Esquivel, se presentó ayer el informe 2005 sobre derechos humanos en Uruguay. Desde hace 18 años Serpaj analiza la situación en esta materia y fija posición sobre las actuaciones de los distintos poderes del Estado en torno a las investigaciones de los detenidos desaparecidos. Pero además presenta información acerca de los derechos económicos, sociales y culturales.

En el informe de este año se releva la situación de los derechos civiles y políticos en el país a partir del nuevo escenario que se planteó el 1º de marzo pasado, cuando Tabaré Vázquez asumió la Presidencia. El reclamo central que manifiesta Serpaj en el informe es la anulación de la Ley de Caducidad, aprobada el 22 de diciembre de 1986 con el propósito de inhibir el castigo penal a militares y policías que hayan cometido violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

El escrito señala que «en esta nueva etapa es imprescindible anular la Ley de Caducidad para continuar profundizando la democracia más respetuosa de los derechos humanos». Además, considera que esa ley viola normas del derecho internacional definidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).

 

Nulidad y no derogación

«Se trata de normas universales, que están por encima de la voluntad de los Estados y no pueden ser derogadas por ningún tratado», se asegura desde Serpaj. En una conferencia de prensa que se realizó luego de la presentación, los coordinadores de esa institución en Uruguay, Guillermo Payseé y Fernando Willat, dejaron en claro que Serpaj plantea la nulidad y no la derogación.

En este sentido, Payseé aclaró que «aunque la ley se derogue no se altera el régimen de impunidad que benefició a los violadores de los derechos humanos». En cambio, «la nulidad implica la existencia de la norma, hacer de cuenta que nunca existió y de esta forma revertir el contexto de impunidad». El coordinador dijo que «el Poder Legislativo puede dictar una ley anulatoria».

Los representantes de Serpaj por Uruguay sostuvieron que «el gobierno todavía no considera que sea tiempo de la nulidad. Decimos que no lo consideran hoy porque aspiramos a que de aquí a un tiempo se plantee, como lo hizo la Corte Suprema de Argentina, que anuló la Ley de Obediencia de Vida y Punto Final».

Serpaj califica como «muy positivo» el cambio de actitud que se produjo en derechos humanos con el nuevo gobierno. En esta línea, Payseé manifestó que «sin dudas han cambiado los tiempos desde las dos presidencias de Julio María Sanguinetti, que han sido el sostén de la impunidad».

 

«Vázquez juega al ajedrez»

Payseé señaló que «Sanguinetti jugaba al solitario con estos temas por su vinculación con los militares». A la hora de hacer la comparación con Vázquez, indicó que el actual presidente juega al «ajedrez porque son dos las personas que trabajan. En estos temas hay que ampliar la cancha, crear comisiones nacionales de derechos humanos e involucrar a la sociedad. No son temas que se deban manejar en secreto o entre un militar y un secretario de la presidencia (en referencia a Gonzalo Fernández)».

Además, Payseé sostuvo que «hay mensajes que se dan desde el gobierno que tendrían que ser más claros. No se puede decir que no se va a juzgar a los militares uruguayos. Los integrantes del Poder Ejecutivo no puedan caer en el error de decir eso porque es competencia del Poder Judicial».

En su disertación, el integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Javier Miranda dijo que «llegó la hora» de que actúe el Poder Judicial. Serpaj comparte esta visión al asegurar que «es el momento de ese poder. Y los jueces se equivocan si creen que el único marco normativo para trabajar es sobre la Ley de Caducidad».

A la hora de responder cómo se anula una ley que fue aprobada por el 57 por ciento de los votantes, Payseé aclaró que «ese es justamente el talón de Aquiles. El referéndum popular es lo que ha generado una especie de inmovilidad de los políticos para decir cómo se sale de esta ley». Willat entiende que la «voluntad popular condiciona al sector político. Pero independiente de cuál haya sido su origen e incluso que surja de un plebiscito, esto no le quita el carácter antijurídico frente a los derechos internacionales».

 

«Por razones de seguridad nacional»

El informe reflexiona sobre la verdad y el derecho de garantizar el acceso a la información pública. Revela información desclasificada de los archivos de Inteligencia del Ministerio del Interior sobre la actividad de organizaciones de derechos humanos y da cuenta de un documento entregado por la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, que señala que «por razones de seguridad nacional no es conveniente la desclasificación» de la información solicitada.

Los incidentes de violencia ocurridos en la Ciudad Vieja el mes pasado son condenados por Serpaj, por la violencia partida «tanto desde la manifestación social como de la irracionalidad de la represión policial». Cuestiona el fallo judicial que criminaliza la protesta y plantea la necesidad de derogar la figura de sedición en el Código Penal.

En el capítulo de los derechos económicos, sociales y culturales, la institución sostiene que en materia de trabajo «falta un mayor empuje en las políticas activas de empleo, pero a la vez no cabe duda de que este año se han logrado avances como el incremento del salario mínimo, los consejos de salarios y la discusión sobre un proyecto de fueros sindicales».

La creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud es un «avance hacia la equidad en salud del país», mientras que la situación de los niños y adolescentes es preocupante ya que «en 1999 se estimaban unos 210 mil pobres correspondientes a esta franja etaria, cifra que se incrementó a 380 mil en 2004″. *