Dueño de El Pony Pisador: "Es mi local y yo decido quién entra y quién no"

El sábado a la madrugada, el diputado del Movimiento de Participación Popular Pablo Alvarez fue con cuatro amigos al bar El Pony Pisador. Cuando estaban en la puerta del pub, ubicado sobre calle Bartolomé Mitre, un portero le comunicó a Alvarez que no podía ingresar al pub por su «aspecto», contó ayer el legislador de 26 años.

«A mis amigos los dejaron entrar. Por eso cuando me prohibieron el ingreso sólo a mí le pregunté el motivo al hombre de la puerta. Y me dijo que era por la apariencia física», relató. No contento con las explicaciones de los empleados del boliche, el diputado se llegó a la Seccional 1ª de Policía (25 de Mayo) para dejar sentada la denuncia.

En un principio, los efectivos le negaron la posibilidad de radicar la denuncia argumentando «que el dueño del local tiene derecho a definir su clientela. Me decían que me fuera a mi casa, que lo que me sucedió a mí pasaba todos los fines de semana». Frente a la rotunda negativa, Alvarez optó por sacar el carné de diputado y recién a partir de ese momento un oficial le recepcionó la denuncia.

«Esto significa que hay cientos de pibes que llegan a la comisaría porque fueron discriminados y no los dejan ejercer sus derechos. Eso es lo peor, que todavía hay gente que se sigue manejando con algunos códigos que tienen que ver con el poder», sostuvo el legislador, quien admitió que «mil veces» le negaron la entrada a un local nocturno.

 

«Diez veces por noche en cada boliche»

«Si la prohibición tiene que ver con la apariencia sin dudas es un hecho de discriminación», consideró Alvarez. Sin embargo, el dueño de El Pony Pisador, Roberto Requejo, se defendió asegurando: «No discriminamos, reglamentamos la entrada». El comerciante sostuvo que sus empleados tienen la directiva de «usar el criterio», aunque dijo que «los porteros no tienen ni recuerdo» del hecho puntual que involucró al diputado Alvarez porque «pasan diez veces por noche en cada boliche».

A la hora de definir el criterio que mantiene para su local, Requejo señaló que «si venís con short de playa y chancletas no entrás. Lo mismo si querés entrar borracho. Si venís en un estado que no me sirve para mi comercio no entrás porque la casa se reserva el derecho de admisión».

«Si no dejo entrar a alguien es porque pienso que es contraproducente para los que están adentro del comercio. Si permito la entrada a una persona que dejó el carro en la puerta, todo sucio y con trapos en los pies y se sienta en la barra al lado tuyo, vos seguramente no venís más y te pierdo como cliente. Y ahí el problema es mío», manifestó.

Requejo insistió con el perfil que intenta darle a su comercio porque «es mi local y decido quien entra y quien no. El objetivo es que la gente esté en armonía, sino sería una bolsa de gatos».

 

Un criterio «claramente discriminatorio»

Este caso, que tanto el dueño de este local como el diputado aseguran que se repite con frecuencia en Montevideo, trajo nuevamente el debate acerca del llamado derecho de admisión y los actos discriminatorios. Para Luis Pedernera, integrante del Instituto de Estudios Sociales y Legales del Uruguay (Ielsur), «la línea es muy delgada».

Pedernera sostuvo ayer a este diario que «en principio ese comercio está abierto al público y salvo que aclaren un uso exclusivo, como por ejemplo que sólo se admiten socios, tienen que dejar entrar a cualquier persona».

En cuanto a los motivos por los cuales aparentemente se le negó la entrada al bar, el asesor de Ielsur manifestó que «cuando la exclusión tiene que ver con la apariencia es un tema muy complicado. Hacer juicios de aspectos exteriores conlleva un criterio claramente discriminatorio. Por el porte de cara, decirle a una persona que no entre sienta un precedente discriminatorio».

Pedernera señaló que el propietario de un local podría prohibir la entrada a quien realizara un acto que atentara contra el normal desarrollo de la actividad. «Eso es un principio básico de la democracia. Pero una persona que quiere entrar a un local abierto al público y la razón por la cual no lo dejan es por su apariencia física es un caso de discriminación».

El asesor de Ielsur sostuvo que en este sentido «Uruguay no cuenta con institutos que defiendan a las personas vulneradas o discriminadas. Frente a este tema no tenemos una institucionalidad que permita defender los derechos de los habitantes». *