Los conductores de parabienes: conflicto en el Santa Lucía los salva de pagar peaje

Por lo que, durante unas horas más continuarán siendo moneda corriente las caras de asombro de los automovilistas; en especial de los camioneros que ingresan al país desde Colonia que al llegar al puente sobre el río Santa Lucía se encuentran con la barrera levantada, y desconociendo la reciente resolución del Poder Ejecutivo entreparan en los puestos para confirmar que nadie les cobrará por circular en ese tramo de la ruta.

A esto debe sumarse la satisfacción de muchos de los más de 40 mil habitantes de esa zona del área metropolitana que durante unos días pudieron transitar desde sus hogares hasta sus trabajos, y de vuelta, sin abonar la suma del peaje, lo que según aseguraron algunos, significó un «ahorro inesperado y bienvenido».

Cabe señalar que el promedio de recaudación diario del peaje es de aproximadamente diez mil dólares.

Por otra parte, ayer el subsecretario de Transporte, Luis Lazo, dijo que en noviembre se culminarán las obras iniciadas hace siete años, y que debieron terminarse en el año 2000.

Para ello se renovó el contrato con la empresa subcontratista encargada de la construcción del puente. La obra requerirá 500 metros cúbicos de cemento, así como la colocación de aceros y barandas. Según se estima el costo de finalización rondará los dos millones de dólares, pero el monto real de la inversión será confirmado en unos días por la empresa constructora, que actualmente realiza una nueva cotización a solicitud del MTOP.

La cartera también resolvió continuar los contratos con las cuatro empresas encargadas del mantenimiento de los tramos viales circundantes al puente; sin embargo ya señaló que en un año convocará a una licitación para adjudicar todas las tareas (áreas verdes, limpieza, entre otras) a una sola firma, como forma de mejorar el control de la gestión y el gasto.

Un caso aparte es la situación de los empleados de Consorcio Ruta 1. Mientras que el ministro Víctor Rossi aseguró que los funcionarios de los puestos de cobranza del peaje mantendrán sus cargos, el resto de los trabajadores de la empresa aguardan recibir una respuesta por parte de los directivos de la firma, quienes al día de hoy enfrentan una demanda de la Dirección General Impositiva por defraudación tributaria, que ya había implicado como medida previa el embargo de cuentas bancarias y bienes pertenecientes a la misma y a su principal accionista, Américo Gualtieri. La suma de los embargos supera los 24 millones de dólares.

Ayer, voceros de Consorcio anunciaron a LA REPUBLICA que si bien «este tema (el de terminar las obras) ya fue», los abogados de la empresa elaboran una demanda contra el Estado que será presentada en breve para cobrar un resarcimiento por la cancelación del contrato que vencía en 2016 y que les hubiera reportado como ganancia mínima unos 30 millones de dólares más. *