Barrio La Rinconada al rojo vivo: 600 personas corren peligro de ser echadas de sus viviendas

De acuerdo con los nuevos testimonios recogidos por LA REPUBLICA, todo comenzó entre fines de 1996 y principios de 1997, cuando numerosas familias sin techo se asentaron en un campo ubicado a unos 22 kilómetros al noreste de Montevideo.

«Andábamos buscando un lugar donde vivir y cuando llegamos a esta zona nos vendieron en lotes el terreno donde ahora estamos», afirmó Washington Alvez, una de las personas afectadas.

El terreno fue fraccionado pese a su condición de área rural protegida y por lo tanto no urbanizable. Ignorando que allí no podían construir sus viviendas, las familias compraron los lotes que les ofrecieron.

«Fue una estafa que el propietario del terreno consumó valiéndose de testaferros», acusó Espósito hace poco menos de 20 días en el curso de una entrevista que concedió a LA REPUBLICA.

Hoy, a casi nueve años de ese episodio, varias personas radicadas en La Rinconada coinciden en afirmar que efectivamente fueron estafadas y aseguran que un ex convencional del Partido Colorado, Hugo Acuña, acusado de ser uno de los artífices de la maniobra dolosa, nada tuvo que ver con esos hechos.

«Acuña no participó en nada de eso. No embolsó un solo peso. Es mentira lo que se dijo de él. Aquí toda la gente sabe que Acuña no tuvo nada que ver en la estafa. La persona que nos engañó fue Claudio Gularte. El nos vendió los terrenos», dijeron Alvez, Miriam Peña, Sandra Techera y Graciela Píriz, actual presidenta de la comisión vecinal del barrio.

Según fuentes de la zona, Gularte afirmó que «el terreno se podía adquirir con 30.000 dólares». De acuerdo con esa versión, Gularte ya había suscrito un compromiso de compra con el propietario del predio. «El nos dijo que si podíamos pagar los lotes el negocio se hacía», afirmaron las fuentes.

A Techera, su lote le costó 300 dólares. A Píriz, 900. Otras personas pagaron entre 120 y 200 dólares. Según Techera, hubo casos en que un mismo terreno fue vendido a dos y hasta tres familias distintas.

«Gularte vendió los terrenos y desapareció» dijeron Acuña y Alvez. «Muchas de las personas estafadas tienen los recibos que les dio Gularte cuando compraron los lotes. Los recibos están firmados por él. Yo no tuve ninguna participación en ese asunto», sostuvo Acuña, quien además de convencional del Partido Colorado por la Lista 15 fue edil zonal.

Gularte también estafó al dueño del terreno, aseveró Alvez. «Nunca terminó de pagarle. Le quedó debiendo 8.000 dólares», dijo. Consultado por LA REPUBLICA, el propietario declinó formular declaraciones.

 

Derivaciones del caso

Según vecinos de La Rinconada, tras la venta el terreno pasó a manos del Ministerio de Vivienda. «Cuando el dueño del predio supo lo que había hecho Gularte, lo donó al ministerio. Cuando hizo el acuerdo de compra-venta con Gularte, él no sabía que el terreno iba a ser fraccionado y vendido para que edificáramos. Tan pronto como se enteró, lo donó para que no nos echaran. Técnicos de Vivienda vinieron, midieron y fijaron los límites del barrio. También vino el ministro de Obras Públicas, Lucio Cáceres, con un topógrafo. Examinaron el terreno y nos dijeron que no era inundable. Después de todo eso, comenzamos a depositar dinero en el Banco Hipotecario para regularizar el barrio», añadieron.

Las 105 familias que viven en La Rinconada subrayaron que esas intervenciones de los ministerios y el Hipotecario respaldaron su permanencia en el lugar. «Si fijaron los límites del barrio fue porque habíamos comprado de buena fe y por esa razón nos podíamos quedar», argumentaron.

Cuando comenzó la urbanización del barrio, la IMM, amparada en las normas vigentes para áreas protegidas, inició una acción judicial contra el propietario del terreno. La población de La Rinconada teme que el juicio derive en un desalojo masivo. «Nos despertamos pensando que en cualquier momento nos llega el cedulón», dijo Techera.

Las gentes del barrio están dispuestas a hacer todo lo necesario para no perder sus hogares. «No nos resignamos a abandonar nuestras viviendas que tantos sacrificios nos costaron. Nuestro objetivo es convertir el barrio en un condominio y darles un techo seguro a nuestros hijos. Aquí vive gente trabajadora que está haciendo esfuerzos tremendos para mejorar su calidad de vida y un desalojo tendría terribles consecuencias porque arruinaría todo lo que ya logramos», dijeron.

Las familias se amparan en el derecho a vivir allí que a su juicio adquirieron cuando compraron los lotes. Señalan además que varios organismos oficiales les reconocieron ese derecho. «No somos culpables de la estafa. Fuimos las víctimas de la estafa. Sería injusto que ahora seamos víctimas otra vez al hacernos pagar con la pérdida de nuestras viviendas las consecuencias de lo que hizo la persona que nos engañó», opinaron.

Destacaron que su permanencia en el barrio está avalada por documentos y medidas oficiales. » Tenemos no sólo recibos que nos dio Gularte sino también los del Banco Hipotecario y también una copia del documento donde consta que estos terrenos pasaron al Ministerio de Vivienda. Además contamos con servicios de UTE, OSE y Antel, lo que también demuestra que este es un barrio formalmente consolidado. Lo que decimos es que desde hace casi nueve años La Rinconada está reconocido oficialmente por dos ministerios, tres entes del Estado y un banco oficial. Por eso creemos que estamos habilitados a quedarnos aquí», subrayaron.

En la zona indicaron que la situación de La Rinconada está poniendo al rojo vivo un problema social de vieja data. «Esta gente compró esos terrenos porque necesitaba un lugar donde vivir. Fue empujada por la necesidad de tener un techo. Ojalá la sangre no llegue al río y surja una solución», dijeron. *