El gasto social en adultos duplica al de los niños y adolescentes, quienes fueron en los últimos tiempos los más relegados

De cada 100 pesos que el Estado gasta en políticas sociales, 81 van dirigidos a las personas de 18 o más años de edad y 19,6 pesos a niños y adolescentes. Las políticas sociales no son lo suficientemente eficaces para revertir estos fenómenos en nuestro país.

Escrito por: DANIELA FASSANELLO

–Fue presentado esta semana el informe sobre “Inversión en la infancia en Uruguay”. ¿Cuál es el Gasto Público Social (GPS) que dirige el país a niños y adolescentes?

–Uruguay presenta un nivel de GPS total para el conjunto de la población niños y adultos que lo ubica en los primeros lugares de América Latina.

De acuerdo con los últimos datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que tiene cierto retraso en el tiempo, Uruguay destinaba el 25% del Producto Bruto Interno (PBI) a las políticas sociales como gasto público al año 2003.

De ese 25%, menos de una quinta parte, el 4,9%, es lo que llega a los niños y adolescentes. Por lo tanto, de cada 100 pesos que el Estado gasta en políticas sociales, 81 pesos están dirigidos a las personas que tienen 18 o más años de edad y 19,6 pesos están dirigidos a las personas menores.

Esto muestra lo que señalaba el economista Carlos Grau*: la distribución del gasto público en nuestro país es pro adulto. Estos representan el 70% de la población y sin embargo llevan el 80% del GPS. Los niños y adolescentes, si bien representan el 30% de la población total y el 46% de población en situación de pobreza, sólo captan el 19,6% del gasto que el Estado hace en alimentación, salud, educación, vivienda y asistencia social.

–Ese “gasto menor” hacia la infancia, ¿puede incidir en el crecimiento de la pobreza?

–Si extrapolamos esa cifra del 25% hasta el año 2004 en el que el PBI se ubicó en 13.216 millones de dólares aproximadamente, el Estado uruguayo estaría destinando a las políticas sociales un poco más de tres mil millones de dólares. De ese total, 600 millones serían lo que el Estado destina a la infancia.

En la medida en que hay un millón de niños y adolescentes en el país, uno podría decir que, por año y por niño o adolescente, el Estado destina a todas las políticas sociales unos 650 dólares anuales.

Lo que el Estado destina a las personas mayores de edad es 1.100 dólares al año. Este gasto casi duplica el gasto en niños y adolescentes, lo que muestra que la distribución del GPS en Uruguay relega a los niños y adolescentes.

Es cierto el hecho de que la reproducción de la pobreza puede responder a que las políticas, y por lo tanto el presupuesto que se destina a la infancia, no son lo suficientemente eficaces para revertir alguno de estos fenómenos o amortiguarlo.

Cuando hablamos de políticas sociales que puedan revertir ese fenómeno hablamos de políticas que tienen impacto a mediano y largo plazo, por ejemplo la educación y la salud.

–¿A su criterio qué instrumento podría ser efectivo para resolver el problema de la pobreza?

–Una sociedad que goza de buenas políticas de salud y educativas de alguna manera a mediano o largo plazo genera procesos que tienden a reducir la pobreza y en muchos casos la desigualdad.

Pero además de esto se necesita un instrumento de política efectivo para resolver la pobreza (definida como insuficiencia de ingresos a corto plazo): la seguridad social. Me refiero a las transferencias monetarias que a veces aparecen como políticas raras y sin embargo en los países más desarrollados es algo muy común que el Estado tenga políticas de renta básica de transferencia monetaria a los hogares, para que logren por lo menos alcanzar un piso de satisfacción de necesidades básicas.

Entonces, en la medida en que el GPS en Uruguay no privilegia a los niños, y ni siquiera los trata de igual modo que a los adultos en términos de cómo se distribuye ese gasto sino que los relega, en parte puede estar operando como un factor que contribuye a la reproducción de la pobreza entre los niños y los adolescentes.

–¿Qué lectura se puede hacer a nivel político de por qué los gobiernos no han invertido o aumentado el gasto para la infancia y la adolescencia?

–El gasto público en general en el país tiene una distribución muy rígida, hay poco margen de maniobra en la distribución del gasto público. Uruguay tiene una presión tributaria muy alta a la vez que regresiva (en términos proporcionales pagan más los hogares pobres que los hogares de mayores ingresos). Lo cierto es que la presión tributaria es de por sí muy alta, comparándola con países de la región o de similar desarrollo socioeconómico.

Por tener una pirámide poblacional muy envejecida y por el nivel de cobertura de la seguridad social es muy alto eso explica que gran parte del GPS se destine a la seguridad social, prácticamente 15 puntos del PBI.

Esto hace que los recursos que quedan para las políticas sociales que no van dirigidos a la seguridad social son relativamente bajos con respecto a países de la región.

–¿Está bien hablar de “gasto” o hay que cambiar la concepción desde el gobierno, de que no es un “gasto” sino una inversión?

–Si bien desde el punto de vista contable o presupuestal normalmente cuando hablamos de estos temas hablamos de gastos, desde un punto de vista más sociológico, también económico y desde una perspectiva de desarrollo humano y de derechos humanos, esto es una inversión.

Cuando uno invierte en el bienestar material de los ciudadanos, por ejemplo a través de las asignaciones familiares, lo que está haciendo como Estado es cumplir con una obligación.

Estamos hablando de una inversión que es rentable en términos económicos para una sociedad. Una sociedad más educada tiene normalmente mejores indicadores económicos, y la inversión en este campo es rentable a mediano y largo plazo, y la evidencia empírica internacional así lo demuestra.

Además es una obligación del Estado brindar servicios educativos, de salud y seguridad social acordes a los derechos de sus ciudadanos, está respondiendo a derechos, por lo tanto el Estado está obligado a brindarlos.

Entonces, efectivamente habría que cambiar la concepción y empezar hablar de inversión y no de gasto, sino de una obligación que tiene el Estado para con sus ciudadanos desde esa perspectiva de derechos humanos.

–¿Cómo se ve desde Unicef, la aplicación del Plan de Emergencia Social dentro de ese contexto?

–Cuando se analizan estas temáticas, se visualizan dos anuncios o dos señales auspiciosas desde el nuevo gobierno: al menos por un lapso de dos años el Estado ha asumido el desarrollo de un plan de atención a la emergencia social, que implica o supone inyectar 100 millones de dólares adicionales al Gasto Público Social.

Considerando que las medidas que se adopten estén bien diseñadas y se desarrollen correctamente con seguridad habrán de tener un impacto positivo en la situación de la población que vive en extrema pobreza o indigencia.

La otra señal auspiciosa a nuestro juicio es el hecho de que el gobierno haya anunciado el objetivo de alcanzar el 4,5 del PBI como gasto público en educación básica y terciaria. *

* Autor del trabajo que cuantifica y analiza la evolución del gasto público social dirigido a la infancia en Uruguay en los últimos años.