Alvaro Portillo recomendó viajar a España sólo en casos "extremos"

Este último fin de semana, al igual que el anterior, se conocieron casos de ciudadanos uruguayos que fueron detenidos tras su arribo a Barajas por incumplir con alguno de los requisitos establecidos para ingresar a tierra española. Los motivos principales suelen reducirse a portar menos de 80 euros por día de estadía o por carecer de invitación certificada ante escribano.

Consultado al respecto el director del Departamento 20, Alvaro Portillo, aseveró que el proceder de las autoridades ibéricas no lesionó los derechos humanos de los uruguayos, y que «lo peor que puede pasar es que la persona tenga que regresarse y no pueda ingresar al país; con las pérdidas económicas y el fastidio que eso puede producir, pero calma en cuanto a que no hay otro tipo de riesgo o de peligro».

Sin embargo, el diplomático aseveró que las medidas adoptadas por el gobierno español constituyen un desborde de las autoridades migratorias y van más allá de cualquier criterio. Razón por la cual «en este momento, solamente por situaciones extremas y tal vez ineludibles se hace aconsejable viajar a España».

A su vez, Portillo afirmó que el gobierno continúa las negociaciones con el Ejecutivo español para que se reconozca la validez del acuerdo firmado entre España y Uruguay en 1870, por el que se habilita la permanencia y posesión de bienes de ciudadanos de ambos países en los territorios de las dos naciones.

De acuerdo a lo señalado por el presidente de Pluna, Carlos Bouzas, en esa aerolínea no se percibe un incremento de los uruguayos que regresan desde España, sino que «más bien se sigue hablando de que la gente compra pasaje de ida y vuelta y no utiliza el retorno».

 

Echando leña al fuego

Los últimos datos reportados por la Casa Uruguay en Madrid señalan que cerca de 50 connacionales recibieron la «invitación» para retirarse, y que muchos otros han cambiado su lugar de residencia para evadir los controles migratorios. A la vez, que dan cuenta de recrudecimiento de las medidas de control no sólo en los aeropuertos sino también a la salida del metro.

Estas cifras se contradicen con las manejadas por el Centro Uruguayo en Madrid, organización que sostiene desconocer casos de compatriotas que hayan recibido cedulones de migración. Según Juan Sotelo, encargado de prensa de esta organización, «sólo se está creando una innecesaria alarma pública para desacreditar las acciones de nuestro gobierno, que por primera vez nos respalda y desempolva el tratado de 1870, así como para restar valor a lo realizado por el Partido Socialista. La Ley de Extranjería no es la mejor, pero es lo que hay y muchos se pudieron regularizar».

Asimismo remarcó que el control a la salida del metro recrudeció desde el 11-M. Aunque subrayó que en los aeropuertos «en última instancia depende de como le caigas al milico de la puerta, si no le gusta tu pinta o te ve nervioso te para. Si quisieran detener gente van un domingo a cualquier parque y hacen una redada masiva, entonces se sacan varios centenares de ilegales de una».

Sotelo aseguró que si se sigue «echando leña al fuego puede dañarse la negociación con el gobierno español, y realmente tenemos posibilidades de llegar a un acuerdo porque somos una colectividad chica, 9.000 son los que quedaron fuera. Además éste no es un problema particular con Uruguay, y nuestros gobiernos tienen coincidencias en otros temas, lo que facilita la conversación».

El director de Asuntos Consulares viajará hoy a Madrid donde permanecerá hasta el sábado, día en que se reunirá en Barcelona con las organizaciones de uruguayos para comenzar a sentar las bases de la cooperación entre estos y el Departamento 20. Portillo aseguró que no mantendrá contactos a nivel gubernamental.

Al día siguiente las distintas colectividades realizarán un análisis conjunto de la situación general y del encuentro con Portillo.

 

Postura española

Semanas atrás la ministra de Migración y Emigración, Consuelo Rumí -tras su entrevista con el canciller Reinaldo Gargano- dijo que este acuerdo no solo había quedado invalidado por convenios posteriores sino que además el recrudecimiento de los controles migratorios surgía de reglas impuestas por la Comunidad Europea que impedían excepciones para los uruguayos.

Sin embargo, los tribunales españoles ante varios recursos de casación impulsados por el gobierno de ese país para desestimar fallos judiciales locales que reconocen el valor del acuerdo de 1870 han sentenciado que «el artículo 234 del Tratado de la Comunidad Económica Europea establece que «las disposiciones del Tratado no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo, entre uno o varios Estados miembros». *