El centro de Madrid se viste hoy con el "celeste" de la emigración uruguaya

Lo de Palacio, va despacio», reza uno de los más tradicionales aforismos castellanos. Y nada parece darle más la razón por estos días que el lentísimo proceso con que se va cumpliendo la regularización de inmigrantes, unos 15.000 de ellos uruguayos.

Es que de esta cantidad de compatriotas (estimada por distintas organizaciones de connacionales en España, pero en absoluto oficial, ya que el Estado uruguayo carece de cifras), apenas si se han presentado ante las autoridades competentes 1.843. Esta décima parte de compatriotas solicitando legalizar su estancia en España, es en absoluto arbitraria. Se estima que del millón de inmigrantes irregulares existentes, de toda nacionalidad, con deseo de regularizarse, apenas si han concurrido 200.000. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, había estimado que a estas alturas serían casi medio millón las solicitudes para esta campaña de regularizaciones de 66 días hábiles, que concluirá el próximo 7 de mayo.

A la fecha lo único en que realmente se avanzó es en la identificación de la magnitud del problema en España: comparando los extranjeros que se empadronaron en los Ayuntamientos y el número de permisos de trabajo y residencia, surge que hay 1.103.381 extranjeros «sin papeles», casi un 11% más de lo estimado en primera instancia.

Anormal «normalización»

El número de extranjeros que se presentó en las primeras semanas fue ínfimo, básicamente por la falta de los obligatorios «certificados de antecedentes penales», a obtener en los países de origen. También por un error burocrático generalizado, en tanto los «certificados de empadronamiento», expedidos por los Ayuntamientos carecían del valor respectivo.

En ambos aspectos no obstante la situación se adecuó a las circunstancias, mediante disposiciones de las autoridades que facilitaron la validación de los documentos.

Sin embargo el escollo más importante continúa, e incluso, crece. Es que la normalización de la residencia, exige que sean los patronos quienes den a sus empleados un contrato de trabajo, de tres meses los mínimos en el agro, de seis meses en hotelería y/o construcción, de un año en los demás rubros.

El patrono (o un intermediario legal) debe presentar la documentación contractual ante las autoridades, al inmigrante le queda solamente entregar los dos certificados antedichos.

El problema candente que se ha generado, están siendo las exigencias de los patronos para con sus empleados extranjeros. «Se están generando situaciones de semi-esclavitud, en la que los empleadores arman condiciones laborales denigrantes para los inmigrantes, a cambio de presentar la documentación contractual», dijeron a LA REPUBLICA fuentes uruguayas en la capital española.

Los sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales están denunciando estos apremios de los empleadores, que se resisten a entregar contratos que les significan mayores costos sociales que los que venían pagando.

Así las cosas, el proyecto de regularización más grande impulsado por un gobierno en España en más de una década, amenaza naufragar básicamente debido a la voracidad de buena parte del empresariado de nuestra Madre Patria.

En ese marco, las colectividades extranjeras comenzaron una serie de movilizaciones masivas. Esta tarde, a las 18.30 (hora de España), las distintas casas uruguayas en Madrid, han convocado a nuestros compatriotas para darse cita en la Plaza de Lavapiés (Sol), a fin de manifestar en favor de regularizaciones justas y más rápidas, y en contra de las desmedidas exigencias patronales. *