Baja la tensión de polémica por grandes proyectos

A todo esto, el ex ministro y ex catedrático de derecho administrativo, Daniel Hugo Martins (asesor jurídico de la Intendencia de Maldonado en este tema), insiste en que tanto la impugnación presentada por 11 ediles departamentales como el recurso interpuesto por un grupo de vecinos ante el Parlamento, no se presentaron como corresponde y por lo tanto, no tienen efecto suspensivo sobre las obras aprobadas en los últimos días de diciembre de 2004.

Martins ha subrayado que los inversores no tienen porqué interrumpir el avance de las obras en la medida que, tramitados los permisos de construcción correspondientes ante el municipio, dentro del plazo establecido en el decreto Nº 3786, que habilitó los denominados grandes proyectos, pueden comenzar a desarrollarlos.

Por otro lado, una lluvia de críticas ha recaído sobre el diputado reelecto y candidato a la Intendencia por el EP-FA-NM, doctor Darío Pérez, quien intenta propiciar una mesa de diálogo a partir de un encuentro que se llevará a cabo el próximo viernes con el nuevo intendente municipal Luis Eduardo Pereira.

El ex intendente y senador electo Enrique Antía, que mantuvo un duro enfrentamiento con Pérez durante toda su gestión, insiste que en este asunto no se puede tener un doble discurso, que el perjuicio a Maldonado ya está hecho y que la única solución es lograr el retiro de la impugnación elevada al Parlamento con la firma de 11 ediles, 9 de los cuales conforman la bancada izquierdista en la Junta Departamental. El ex jerarca municipal asegura que todo ha sido una maniobra política para perjudicar su gestión, que al final lo que logró fue poner en juego el desarrollo de Maldonado, la reactivación de la industria de la construcción y ahuyentar a los inversores extranjeros, que después de casi dos décadas volvieron a confiar en esta zona.

Enfatizó Antía que recién ahora reconocen que la oposición es solamente contra algunos proyectos, pero las medidas adoptadas comprendieron un total de 11 emprendimientos, y reveló que «bajo cuerdas» algunos dirigentes de la izquierda han hablado con inversores para darles tranquilidad, lo que calificó de «demagogia desmedida».

Por su parte, la coordinadora de la industria de la construcción del Este fijó posición en los últimos días, indicando que cada caso debe ser estudiado minuciosamente desde el punto de vista técnico, de manera de saber si pueden afectar positiva o negativamente el medio social, ambiental y económico, y se manifestó contraria a la autorización masiva de los grandes proyectos.

Asimismo, dice confiar en el marco jurídico que comprende a todos, tanto a los inversores que venden su propiedad, como a los compradores que solicitan las excepciones y a todos los habitantes de la zona.

Finalmente, reivindica el trabajo que se pueda generar, no sólo para los trabajadores de la zona sino también para las empresas constructoras, sub contratistas y proveedores radicados en la misma.

Al mismo tiempo, algunos inversores se han manifestado más tranquilos en los últimos días, en la medida que algunos mensajes provenientes del espectro político pautan que empiezan a entender que requiere mucho esfuerzo «traer inversores de diferentes países», pero además que sus proyectos estuvieron 6 meses a consideración de todos, antes de ser aprobados. Enrique Echebarne, de la empresa que piensa construir un complejo sobre una de las márgenes del arroyo Maldonado, a pocas cuadras de los puentes ondulantes, señaló que «ahora están dando una señal política más positiva como para que continuemos con nuestros esfuerzos, en proyectos inmobiliarios que generalmente rondan los tres, cuatro o cinco años, y por ende nos tocan en muchos de los casos por lo menos dos gobiernos electos en diferentes países». *