Ediles del EP-FA/NM denunciaron a médico batllista canario que traficaba influencias por votos

La edila encuentrista Loreley Rodríguez dijo a LA REPUBLICA que «esta es la primera vez que tenemos pruebas. Pero no es la primera vez que llega a nosotros una denuncia de un presunto manejo de alimentos con fines políticos realizado por el Partido Colorado en la ciudad de La Paz».

Según el comunicado que remitieron los curules un médico del hospital de Las Piedras vinculado al Foro Batllista negó la prescripción de un importante medicamento porque la familia de su paciente había dejado de concurrir al club que el sector tiene en la ciudad de La Paz.

Tras indagaciones posteriores los ediles descubrieron que el mismo doctor había proporcionado a esa familia un certificado con datos falsos que la habilitaba para retirar una canasta alimenticia que otorga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a través del Instituto Nacional De Alimentación (INDA) para los niños que padecen síntomas de desnutrición.

«Los documentos originales proporcionados por la familia, que notó las irregularidades y por tanto se negó a utilizarlos, certifican que el 13 de agosto de pasado la niña de diez años pesaba 22 kilos y media 115 centímetros y situación nutricional percentil P40″, aseguró Rodríguez. El certificado en cuestión fue entregado por el propio médico a la familia en el local del Foro Batllista sito en la calle José Batlle y Ordóñez entre Moller y R. Gifuni de la ciudad de La Paz.

Estas personas aseguraron a los curules que allí existe un operativo que tiene por objetivo habilitar a «algunos vecinos allegados a dicho sector» a acceder a las canastas del INDA de forma irregular.

Con el objetivo de corroborar la veracidad de los datos certificados los ediles solicitaron, el pasado 15 de octubre, a un pediatra de la zona que constatara el peso, estatura y talla de la niña.

De acuerdo a este examen la pequeña presenta «percentilos normales para la edad», ya que pesa 34.500 kilos y mide 136,5 centímetros lo que determina un valor percentil entre 75 -90.

«La inscripción de estos datos en un certificado médico emitido por un hospital estatal constituye una alteración de documento público y por tanto una irregularidad grave que nos vemos en la obligación de denunciar públicamente», remarcó la edila.

Según afirmó Rodríguez, previo a que los hechos se hicieran públicos el médico «presentó descargos, desmintiendo a la vecina y estableciendo que la misma estaba nerviosa producto de su enfermedad».

Ayer los ediles remitieron un comunicado a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, al INDA, a la comisiones de Salud de la Cámara de Representantes y de la Junta Departamental de Canelones, así como al Sindicato Médico del Uruguay, a los efectos que se investigue la situación y se adopten las medidas correspondientes.

«Sabemos que hasta noviembre ninguna de las comisiones de Salud va a reunirse pero vamos a estar expectantes de las respuestas de los otros organismos. Y esperamos que sean inmediatas», subrayó Rodríguez. *