"No se trata de visitar cárceles"

Esta comisión fue creada por el Comité no Gubernamental de los Derechos del Niño de Uruguay, que nuclea a distintas instituciones que trabajan sobre la niñez y la adolescencia.

Su formación surge a causa de la recomendación hecha por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), que tras su visita a Uruguay a fines del año pasado realizó un informe crítico sobre la situación en los establecimientos de reclusión de menores, en especial sobre la Colonia Berro, dependencia del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj). En tal documento se deja claro que las condiciones de internación no son las adecuadas.

La comisión está integrada por representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y expertos en la temática.

La instalación oficial de la Comisión tuvo lugar ayer en la sede del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). En dicho acto, Eduardo Pirotto y Francisco José Ottonelli, miembros de la nueva Comisión, dijeron a los medios que «la idea es realizar un seguimiento periódicamente y recoger la mayor información, aquella que es pública y aquella que no lo es». Luego todo será volcado en un informe sobre la situación de los establecimientos, que será entregado a las autoridades del Iname, a la Suprema Corte de Justicia y sobre todo se informará a la opinión pública para que tome conocimiento.

El asistente social Eduardo Pirotto señaló que hay que cambiar de ideas: «ya que no se trata de visitar cárceles, porque éstas no son, ni pueden ser cárceles. Son centros en los cuales se les da una preparación a los adolescentes, de tal manera que tengan los instrumentos educativos y laborales para que se reinserten en la sociedad. Es un trabajo más que nada educativo».

Asimismo señalaron que la situación actual de privación de libertad de los adolescentes es crítica, desde «denuncias de malos tratos y torturas, circunstancias de amotinamiento y desorden, con presunción de participación activa de algunos funcionarios, y el extremo suscitado recientemente por la muerte de un adolescente, que según las informaciones oficiales fue causada por suicidio».

Asimismo expresaron que «esta situación responde a los ciclos propios de una institución estructuralmente inviable: funcionarios sin la formación adecuada, directores de centros puestos por designación directa, sin ningún concurso que avale su idoneidad para el cargo, concentración de centros en el complejo carcelario Berro y centralización de poder de los funcionarios, ausencia de un proyecto reductor de la privación de libertad y un largo etcétera, explican la situación actual».

 

El sistema no funciona, señal de fracaso

Respecto a la situación que se vive en los hogares situados en el Interior, Francisco Ottonelli manifestó que también allí «hay bolsones de pobreza, de marginación y hay niños y adolescentes que son policializados y algunos de ellos internados en hogares no con medidas de seguridad, pero sí internados por infracción. Lo grave es que se han trasladado con tales medidas a chicos que son del Interior para Montevideo, con todo lo que eso implica para ellos y para su familia. Estamos convencidos de que este es un tema cíclico que se ha venido produciendo y emerge de situaciones graves y trágicas, como muertes, suicidios y amotinamientos. Por ejemplo, en marzo de este año hubo un motín en un centro de Berro que culminó con el traslado de todos los muchachos a un centro carcelario».

Respecto al suicidio ocurrido dos semanas atrás en uno de los hogares del Complejo Berro, Ottonelli señaló que a pesar de que es el primer registro de suicidio en la Colonia durante este año, «es un indicador de que el sistema no funciona, es una señal de fracaso». Agregó que «hay que analizar el por qué y de qué aspectos depende dicho fracaso, en qué condiciones físicas se desarrolla la privación de libertad y en qué medida se cumple lo que ordena la ley. Muchos de los internados han tenido escolaridades frustradas, no han terminado la escuela, han perdido por falta de uso la capacidad de escribir y de leer, no tienen trabajo, tienen problemas con distintas adicciones; todo ello se conforma en un contexto que sigue existiendo de las puertas para adentro de los centros. La ley ordena y las instituciones encargadas deben cumplir en desarrollar tareas educativas y rehabilitadoras».

«¿Por qué fracasan dichas políticas rehabilitadoras?», preguntó Ottonelli y respondió: «esta es una pregunta que la comisión va a tratar de discernir y de estudiar junto a los operadores, en primer lugar con los chicos internados pero también con todos los funcionarios».

Por otra parte, la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario Juvenil alienta a que la Suprema Corte de Justicia realice en el menor plazo posible una visita a los centros con medidas de seguridad y «estudie detenidamente cada causa a los efectos de determinar el adelantamiento de libertades o el cambio de medidas, lo que reducirá parte de las tensiones provocadas por el hacinamiento». *