Se denuncia menos del veinte por ciento de las situaciones de violencia doméstica

Dirigida por la socióloga Teresa Herrera, con el asesoramiento jurídico de la doctora Edith Wieder, la asistencia de los licenciados Walter Sollier y Marta Leites, y el apoyo de la Oficina Internacional Católica para la Infancia (BICE), en la primera parte de la investigación denominada «Usos y costumbres en materia de denuncias de violencia doméstica» se analizaron tres casos piloto de violencia doméstica por cada uno de tres países: Argentina, Paraguay y Uruguay. El 2 de junio, en el Colegio de Abogados, se presentaron los resultados correspondientes a nuestro país, con la aclaración de que los casos estudiados se tramitaron con anterioridad a la vigencia de la Ley 17.514 de violencia doméstica.

A través de entrevistas con los actores involucrados (víctimas, victimarios, funcionarios policiales y judiciales, profesionales y técnicos intervinientes) se procuró reconstruir la situación desde la denuncia hasta la sentencia. El delito objetivo fue la violencia doméstica contra mujeres, niñas y niños. Cada caso supuso entre 12 y 15 entrevistas, que no tuvieron pocas dificultades de concreción. En el caso de los profesionales medió el temor al compromiso, tanto que algunos –particularmente los que trabajan en relación de dependencia– se avinieron a contestar solo preguntas generales. Estos profesionales ñ de 28 a 55 años de edad y mayoritariamente de sexo femenino– consideran que la violencia doméstica evidencia una patología familiar y asumen que atraviesa toda la escala socioeconómica; que las víctimas preferenciales son mujeres, niñas y niños, y que los victimarios son inmensa mayoría de varones. Identifican al alcohol y las drogas como variables importantes, al igual que la repetición de conductas sufridas en la niñez por los agresores. Hay quienes señalan que las mujeres pueden «armar un tinglado para obtener beneficios», patrimoniales o de tenencia de hijos, por ejemplo.

Conocen muchas situaciones de violencia doméstica, y afirman que las denuncias van en aumento, sobre todo después de la sanción de la Ley 17.514. Para algunos, esta ley significa una evolución, aunque hay dificultades para aplicarla; para otros es una involución, porque «no respeta las garantías del debido proceso» , no hay recursos materiales, duplica el trabajo de los juzgados de familia, etc. Coinciden en que los jueces, que habitualmente son los que interrogan a niños y niñas agredidos, no están capacitados para ello y terminan revictimizándolos. Respecto a la credibilidad de la palabra de los menores, las opiniones están divididas: una parte entiende que no pueden fantasear sobre hechos que no conocen, y otra que suelen ser manipulados por los adultos. Reconocen que se siguen practicando careos entre menores y sus abusadores. No niegan que a quienes menos se les cree y más se les culpa de propiciar la violencia con su conducta, es a las adolescentes. Con relación a los procedimientos, afirman que hay facilidades para realizar las denuncias pero el personal no siempre está capacitado para recibirlas; que es «esperable» que las víctimas retiren las denuncias por presiones diversas, pero que en algunos casos son los propios funcionarios quienes les aconsejan hacerlo; que las restricciones para el agresor ( prohibición de acercarse a la casa familiar, por ejemplo) se cumplen a medias: dependen de la firmeza del juez al imponerlas y de la voluntad del que tiene que observarlas, ya que no hay seguimiento de su cumplimiento.

Los victimarios, por su parte, se sienten habitualmente prejuzgados. Y las víctimas describen la experiencia como traumática, señalan dificultades para comunicarse con el juez o jueza porque no las recibe; malos tratos y culpabilización por parte de magistrados de ambos sexos; irregularidades en el cumplimiento de las órdenes judiciales, como las que perciben durante las visitas vigiladas de menores con sus padres

abusadores que se cumplen en el Departamento de Asistencia Social (DAS) del Poder Judicial. la presentación de los resultados de la investigación sobre usos y costumbres en materia de denuncias sobre violencia doméstica. *