Pablo Maqueira: El Registro Único de Juicios del Estado mejorará la defensa jurídica estatal

El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, presentó el Registro Único de Juicios del Estado (RUJE).

Se trata de una propuesta creada por el Decreto 98/019 de abril de 2019 para reglamentar lo establecido en el artículo 408 de la Ley 19.355.

Es una herramienta que genera un cambio significativo en el modo de recibir la información y en el seguimiento de los juicios que permitirá mejorar la gestión.

Permite conocer el desarrollo de los juicios y brinda la posibilidad de un análisis general de la situación de la defensa de los intereses jurídicos del Estado con el propósito de formular las mejoras que se requieran en la materia, así como en la gestión del pago y estimación del gasto originado en juicios.

LARED21 conversó con el director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, Pablo Maqueira, quien se refirió al Registro, y también a los logros de la actual administración y los desafíos de futuro.

-¿Por qué la necesidad de contar con un Registro Único de los Juicios contra el Estado?

–El Registro Único de Juicios del Estado es un primer paso en el abordaje de lo que tiene que ver con la abogacía del Estado.

En Uruguay, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de la región, no existía una institución que centralizara o coordinara la acción de la defensa jurídica del Estado. En nuestro país había surgido, a demanda de los organismos, la creación de sus propias jurídicas. Ello generó que en materia de defensa, de abogacía del Estado, sea aún hoy una realidad atomizada por organismo y no exista prácticamente coordinación entre las instituciones que defienden a un mismo sujeto, que es el Estado.  A punto tal que no hay información certera.

En el período pasado hubo un interés fuerte del entonces presidente José Mujica por saber sobre los juicios contra el Estado, porque nunca hubo una sistematización de datos.

Ahora, con el Registro se pretende unificar la forma de registración de datos para poder sistematizarlos, estudiarlos, analizarlos y formular propuestas para la mejora de la defensa jurídica estatal.

-Ello sería uno de los beneficios, pero también apunta a la transparencia para que la ciudadanía pueda conocer los juicios que se llevan adelante contra el Estado…

-Sin dudas aporta a la transparencia, no porque la opacidad de esos datos sea intencional, no porque no se quiera que se sepa, sino porque se ha dado así.

El RUJE va a transparentar la información, no solo para toda la ciudadanía, sino también para quienes estén en los lugares de toma de decisión, porque para ellos esa situación hoy también es opaca. Lo hemos comenzado a revertir, por lo menos, en la administración central.

-El ruje ya se está aplicando en la administración central.

-Sí. Hubo una primera etapa que finalizó en marzo, donde ingresaron al sistema los ministerios del Interior, Vivienda, Salud, Economía y Educación y Cultura. A fines de julio ingresaron al resto de los incisos de la administración central, es decir que todos ya están siendo usuarios y aportando los juicios al RUJE.

-¿Cuál será el próximo paso?

-Teníamos la expectativa de finalizar este año con la inclusión de la administración central, pero felizmente se logró hacer antes de ese plazo, y ya estamos en contacto con otros organismos de la administración descentralizada.

Nos hemos contactado con el Banco de Previsión Social, ANCAP, el Correo e, incluso, existe un interés de parte de la Junta Departamental de Montevideo. Estamos dando los pasos para poder avanzar en el ingreso al RUJE de estos organismos.

-Durante la presentación del Registro, usted hizo referencia al concepto de “abogacía preventiva”. ¿Qué es exactamente para el caso del RUJE?

-Por ejemplo, cuando estudiamos los casos vemos si es necesario conciliar, en qué momento, o si luego durante el juicio tenemos la posibilidad de transacción, si vale la pena o corresponde recurrir una sentencia, eso es de lo más básico en abogacía preventiva en temas de estrategia litigiosa. Luego puede haber, ya en estrategias de litigio, algún parámetro general como para prevenir daños mayores.

–El ex presidente de la República José Mujica ha manifestado que ganarle un juicio al Estado era una tarea sencilla. ¿A raíz de esta sistematización de los juicios, ello podría cambiar?

-Las afirmaciones de Mujica corresponden a una sensación generalizada de que el Estado se defiende mal. Pero no hay información que lo avale ni tampoco permita asegurar lo contrario. Ello es parte del valor que tiene este Registro y pretende desmitificar la idea de que el Estado se defiende mal.

Incluso hemos recibido pedidos de informes sobre cuántos juicios ha ganado y perdido el Estado, pero es importante el contexto del juicio ganado y perdido. El concepto de un juicio ganado o perdido es relativo, subjetivo y valorativo de quien revisa el expediente, porque si la demanda es por un millón de dólares y al Estado lo terminan condenando, en una sentencia, al pago de 500 mil dólares, la valoración puede variar.

Por otro lado, tener una cantidad de juicios ganados y perdidos es en sí mismo un valor que no aporta mucho, porque se puede perder por una mala defensa jurídica, pero también la defensa puede ser muy buena pero el hecho que dio origen al litigio hace imposible que sea un juicio ganado. Entonces, separar por juicio ganado y perdido, tampoco aporta mucho a una propuesta de futuro. Sí el análisis de esos juicios.

-¿Qué cantidad de juicios enfrentó el Estado en esta administración?

-Tenemos ingresados en el RUJE, de la administración central, unos 7.500 juicios vigentes. Es decir, juicios iniciados en la administración central. Pueden ser juicios vigentes desede hace diez años. Pero no estamos abocados al análisis, sino a la aplicación del sistema y el estudio de los datos será una cuestión que quedará para después.

-El Registro se lleva adelante también con el apoyo del Ministerio de Economía

-El Registro es administrado, por Ley y por decreto, por el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección de Asuntos Constitucionales Legales y Registrales. El Ministerio de Economía lleva adelante la liquidación de las sentencias.

Logros y proyectos

-¿Cuáles serían los principales logros de su administración al frente de la Dirección?

-El RUJE ha sido uno de los proyectos al que se le ha puesto más énfasis, y con el cual estamos muy conformes porque ha tenido una receptividad muy buena y está funcionando muy bien.

Bajo la Dirección se encuentra la coordinación de los Registros Públicos, Notariales y del Estado Civil. También toda la Cooperación Jurídica Internacional y la gestión de las asociaciones civiles y fundaciones.

En este período hemos puesto hincapié en el Registro, pero también en la modernización y descentralización de la gestión de las asociaciones civiles. Desde siempre, cualquier institución social, asociación civil o fundación del interior del país tenía que hacer todo el trámite en Montevideo, por ello estamos tratando de descentralizar e implementar un sistema de presentación online digital, para lo cual utilizaremos la infraestructura de Centros MEC y que no sea necesario venir a Montevideo, lo que ya parece es anacronismo.

Por otro lado, en materia de cooperación jurídica internacional estamos informatizando toda el área. Hemos firmado un acuerdo internacional por el cual se podrá realizar la transmisión electrónica de los exhortos provenientes y salientes.

A nivel de registros podemos asegurar que se ha avanzado muy bien en la digitalización y servicios digitales que brinda la Dirección General de Registros, ya que se puede realizar todo online, incluso la recolección de los certificados notariales y estamos trabajando fuertemente en el Registro del Estado Civil cuya gestión debemos actualizar. En dicho marco, impulsaremos un proyecto para que pueda brindar todos sus servicios en forma digital, incluso la interoperabilidad con todos los organismos del Estado. Queremos digitalizar todo el sistema de partidas.

-Días pasados el Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de Ley para crear el Ministerio de Cultura, es decir separado de Educación. ¿Bajo qué órbita quedaría la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales?

Permanecería en Educación, aunque necesitaríamos una institucionalidad diferente para liderar políticas en materia de justicia y ello debería ser un Ministerio de Justicia, pero los tiempos y las circunstancias políticas dirán si es posible o no.

-¿Pero se está manejando la creación de Ministerio de Justicia?

-No. Depende de lo que pase con el próximo gobierno. Sí está previsto, y quedó en el programa del Frente Amplio, un camino de reforma del sistema de justicia, pero no se habló de un Ministerio.

-¿Qué es lo que debería impulsar la próxima Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales?

-Tenemos proyectos de continuidad, como lo es el Registro de Juicios el cual tiene mucho potencial y tiene que continuar funcionando. Asimismo, en materia de cooperación jurídica internacional se debe seguir avanzando y ello tiene mucha relación con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en materia de antilavado e intercambio de información. Es algo que se está haciendo, pero habría que profundizarlo.

Resulta necesaria una nueva normativa y una nueva Ley de asociaciones civiles y fundaciones, porque tenemos un decreto-ley que es muy escueto en su regulación y no responde a la realidad actual.

Por otro lado, el proyecto de digitalización del Registro del Estado Civil es un muy ambicioso y su implementación permitirá que el ciudadano no necesite sacar una partida, porque existirá una interoperación con todo el Estado.