En Uruguay hay 11.121 personas privadas de libertad

El Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación dio a conocer este miércoles 14 de agosto el informe: “Principales indicadores del sistema penal uruguayo, del primer semestre de 2019”.

En el estudio se indica que  la capacidad para responsabilizar penalmente a quienes cometen delitos “ha crecido desde el inicio de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y “es actualmente mayor que en años anteriores en el marco del sistema inquisitivo”.

La cantidad mensual de imputaciones de personas es, en promedio, “8,6% mayor que en iguales meses de 2017 y 35,6% superior a la de 2014”.

También se indica que la persecución de hurtos y rapiñas “ha sido consistentemente más exitosa en el marco del CPP, ya desde el segundo trimestre de 2018”.

En promedio, entre febrero y junio de 2019 “se lograron 28,3% más imputaciones de adultos por denuncias de hurto y 42,1% más por denuncias de rapiña que en 2017”.

Mientras que el 55,8% de las investigaciones de homicidios cometidos entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018 “tiene al menos un imputado, condenado o se extinguieron por fallecimiento del mismo”.

Por otro lado, se expresa que “más del 70% de las denuncias se resuelve mediante condena para al menos uno de los imputados, la inmensa mayoría de las cuales supone pena de prisión efectiva”.

Mientras que el uso de vías alternativas como la “suspensión condicional del proceso y el acuerdo reparatorio disminuyó desde 2018 a 2019”. En el primer semestre de 2019 “el 15,3% de las investigaciones se resolvió por alguno de estos mecanismos, cuando en igual período del año anterior ese porcentaje era de 23,6%”.

En otro orden, se hace mención a que la tendencia verificada en Uruguay sobre los juicios orales es “compatible con la observada en otros países que llevaron adelante reformas procesales similares”.

Para el primer semestre de 2019, “los juicios orales concluidos o en curso (con acusación realizada) representaron el 5% de las investigaciones formalizadas”.

En referencia a la rapidez con que se resuelven las investigaciones, se indica que “mientras en 2017 los procesos penales inquisitivos duraban en promedio 570 días en los juzgados del interior del país y 402 días en Montevideo, ello disminuyó a 23,7 días para las investigaciones en el marco del CPP culminadas en el primer semestre de 2019”.

Sistema carcelario

En otro orden, en el estudio se expresa que “el alto porcentaje de personas privadas de libertad sin condena y el tiempo en que se mantenía dicha situación constituían un problema en Uruguay, vulnerando el principio de presunción de inocencia”.

Hacia fines de 2017 “el 69,8% de los adultos privados de libertad permanecían sin condena”.

El nuevo Código del Proceso Penal permitió que “en 11 meses la cantidad de adultos penados en las cárceles uruguayas superara por primera vez la de aquellos con prisión preventiva”.

En junio de 2019 poco más de uno de cada tres privados de libertad “permanecía en régimen de prisión preventiva”.

También se indica que se verificó un “descenso de la cantidad de adultos privados de libertad desde seis meses antes de comenzar a aplicarse el CPP, que se profundizó y continuó hasta junio de 2018”.

Con posterioridad, “se retomó la tendencia histórica de crecimiento y al 31 de julio de 2019 había 11.121 privados de libertad, es decir, sólo 1,2% menos que el máximo histórico registrado en abril de 2017”.

En el informe se indica que esto “coloca nuevamente a Uruguay ante la perspectiva de mantener una de las tasas de prisionización más altas del mundo”.