Violencia contra niños y adolescentes en Uruguay es una situación grave e invisibilizada

El Comité de Derechos del Niño del Uruguay, La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Intersocial Feminista, y la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales orientadas al Desarrollo emitieron un comunicado a través del cual expresan su más profundo dolor por el reciente asesinato de la niña Ana Clara, y manifestaron sus condolencias para familiares, vecinos y personas del entorno institucional allegados afectivamente a la niña.

Los colectivos sociales indican que la violencia contra niñas, niños y adolescentes en Uruguay “es una situación grave y fuertemente invisibilizada”.

En el año 2018 el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) informó sobre la detección de 4.131 situaciones, 23% de ellos de abuso sexual, 950 aproximadamente. “La mayoría de los casos son detectados en fase crónica”.

Tales datos muestran que el problema tiene una magnitud “altísima” y pone en riesgo la vida y la salud de los menores.

Las organizaciones sociales manifiestan que proteger a la infancia y a la adolescencia contra la violencia “debe ser una prioridad”.

Para ello se necesitan políticas públicas y recursos genuinos para “la prevención, atención, reparación del daño, además de la sanción de los responsables”.

“Hemos avanzado en un discurso de derechos que no se traduce en acciones concretas acordes para la protección. Los recursos económicos destinados no son suficientes y los recursos humanos tienen debilidades en la formación o están saturados en su capacidad de respuesta. No se logra garantizar la atención en condiciones seguras y la respuesta no siempre llega en el momento necesario”, advierten los colectivos.

Propuestas

En tal sentido plantean que es urgente “creer en la palabra de las niñas y niños cuando expresan estar viviendo situaciones de violencia”.

Indican que se debe “proteger a toda niña, niño y adolescente que esté expuesto a la violencia que viven sus madres, en especial en situaciones de altísimo riesgo con tobilleras”.

Proponen generar estrategias masivas de “prevención que cuestionen las prácticas de crianza violentas contra niñas, niños y adolescentes”.

Indican que es necesario “formar para la detección de situaciones de violencia a operadores de la educación formal y no formal, de la salud, de la Policía, del Poder Judicial, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, organizaciones sociales y operadores comunitarios”.

Manifiestan que se deben “fortalecer los recursos humanos de las instituciones para que realmente puedan detectar y acompañar las acciones de protección”.

Expresan que se requiere instalar servicios especializados en todos los departamentos, “con acompañamiento diurno y de acogimiento en la emergencia para trabajar la protección y el acceso a la Justicia”.

Consideran que también deben establecerse equipos “especializados en el sector salud en todos los departamentos, para el tratamiento y reparación del daño producido por  la violencia”.

Aseguran que niños y adolescentes en situación de violencia “necesitan del compromiso real de los responsables en todos los niveles de gobierno y del sistema político en su conjunto para garantizar su efectiva protección”.