JUSTICIA

Prohíben ingreso de público y periodistas a las audiencias penales

Los jueces de Montevideo decidieron que hasta que el Ministerio del Interior no proporcione la seguridad adecuada en las audiencias y no cumpla con la realización de un efectivo control de las personas que ingresan en la Oficina Penal Centralizada (OPEC), no se permitirá el ingreso de público a las audiencias, a excepción de los estudiantes de Facultad de Derecho.

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La decisión de los magistrados se debe a distintos hechos de violencia acaecidos en las sedes penales, el más reciente de ellos ocurrió el pasado martes durante una audiencia por el caso de Rogelio Souza, un policía que fue asesinado durante el intento de rapiña a un camión de bebidas en el que trabajaba.

Los jueces aseguran que tomaron la decisión ante la “reiteración de incidentes violentos en las audiencias, los que cada vez revisten mayor gravedad, la falta de control del público que asiste a las mismas, el espacio reducido para su permanencia en la sala, y a que muchas veces concurren a familiares de víctimas y del imputado”.

Asignaciones presupuestales insuficientes

Por otro lado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Eduardo Turell, cuestionó que el Poder Judicial ha recibido asignaciones presupuestales “insuficientes” para implementar importantes cambios en la labor judicial, como lo fueron el nuevo Código de Proceso Penal y la Ley de violencia basada en género.

Turell intervino como expositor en el seminario: “Partidos Políticos y Poder Judicial en Uruguay”.

El alto magistrado participó de la mesa en la que se abordó el tema: “¿Cuál es el principal problema del Poder Judicial en Uruguay en su relación con el sistema político? Perspectivas institucionales”.

Manifestó que “si hubo imprevisión al momento de implementar el nuevo Código de Proceso Penal, la imprevisión fue peor al momento de sancionar la Ley 19.580 de violencia contra la mujer basada en género, ya que los impulsores de la misma supusieron de forma equivocada que bastaba con una simple redistribución de los recursos ya existentes para atender esta nueva responsabilidad”.

Dijo que “el problema de la falta de coordinación entre los distintos poderes del Estado es el tema de mayor relevancia y al cual es necesario prestarle la debida atención”.

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