El caso Borges

Van tres años sin pronunciamiento judicial desde la denuncia penal por abuso sexual sobre sus hijos mellizos formulada por la madre de los menores. El expediente de marras se encuentra ahora en la órbita de un tribunal capitalino sin que las autoridades judiciales locales den explicación alguna del traslado de los citados obrados. Según pudo saber LA REPUBLICA el defensor de Borges interpuso un recurso de «queja» por no habérsele permitido presentar pruebas periciales a las cuales estaba dispuesto a someterse. El tribunal de alzada que trata el caso es el de Apelaciones en el que revista el hermano del encausado, pero cabe resaltar que el magistrado se ha excusado en razón de la implicancia familiar existente.

La denuncia penal había sido presentada por la madre, también funcionaria de la CTM y hoy radicada en Montevideo, a comienzos de 2001, en el Juzgado de Salto de segundo turno, a cargo del juez Dardo Nievas. La madre, concretamente, responsabilizó al progenitor biológico por abusos sexuales. La madre y el padre concibieron a los niños sin haberse casado, pero ambos fueron reconocidos por el hombre, que tiempo después se separó de la mujer. La Justicia civil fijó un régimen de visitas por el cual el contacto entre el padre y los niños era frecuente.

En febrero de 2001 la madre aseguró tener indicios de que los menores podían ser sometidos por su padre a abusos sexuales. La información habría surgido de los niños que relataron que el padre los sometía a diversos juegos sexuales. Por esa razón la madre realizó consultas con el catedrático de psiquiatría infantil doctor Miguel Cherro. De esas consultas se concluyó que los niños se tocaban entre sí en las zonas genitales, que tuvieron retrocesos en sus conductas y demostraron «manifestaciones de un cuadro de ansiedad secundario al estrés traumático crónico vivido ante las situaciones de abuso sexual por parte de su padre».

Con esa base y con la declaración de varios testigos, el extinto fiscal de Salto, Rafael Burutarán, pidió el 25 de noviembre de 2003, el procesamiento con prisión del padre de los niños por atentado violento al pudor, pero el juez no pudo concretarlo porque fue recusado por la defensa, quien sostuvo que Nievas había prejuzgado. El juez se negó a apartarse del asunto, por lo cual el diferendo debería ser resuelto por un Tribunal de Apelaciones. A fines de 2002, la recusación había quedado sin efecto porque, en el marco de una serie de designaciones, la Suprema Corte de Justicia trasladó a Nievas a un juzgado de Canelones. Ahora, la jueza María del Carmen Roybal se hizo cargo del Juzgado de Salto y de la referida causa. Por dicha razón el obstáculo de prejuzgamiento habría quedado desechado al cambiarse de magistrado interviniente. Sin embargo tiempo después la defensa interpuso un recurso de «queja» pues reclamaban se permitiera presentar una serie de pericias que involucraban al encausado, a los niños y a la madre. El tema sigue aguardando resoluciones en la esfera judicial. *