Uruguay ratifica su compromiso con los Derechos Humanos en nuevo examen periódico de la ONU
Uruguay ratificó el carácter universal y transversal de las políticas públicas en materia de derechos humanos, según un comunicado difundido por la Cancillería. Se valoraron logros como la reducción de la pobreza y la discriminación basada en género u orientación sexual así como avances en la búsqueda de justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura uruguaya.
Uruguay fue partícipe del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza.
Este examen es la principal herramienta que tiene la ONU para determinar el estado de los Derechos Humanos en sus Estados Miembros, y en Uruguay también se midió el avance de estos en esta ocasión.
Las dos revisiones anteriores correspondientes a Uruguay tuvieron lugar en 2009 y 2014, habiendo presentado además dos informes voluntarios de mitad de término en 2012 y 2015.
A cargo del informe estuvo una delegación presidida por el vicecanciller Ariel Bergamino e integrada por representantes de los poderes ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los ministerios de Desarrollo Social, de Salud Pública, del Interior y de Educación y Cultura, de la Administración Nacional de la Educación Pública, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y de la Intendencia de Montevideo. Además participaron delegados del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario y del Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay.
Compromiso con los Derechos Humanos
Bergamino ratificó el absoluto compromiso del gobierno uruguayo con que los Derechos Humanos alcancen y protejan a toda la ciudadanía sin distinción alguna. Subrayó la especial preocupación por atender las necesidades de los grupos sociales más vulnerables reconociendo al mismo tiempo la participación constructiva de la sociedad civil nacional en el diseño e implementación de las políticas públicas en la materia.
En el informe se destacó la labora importantísima de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo así como la puesta en funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, los cuales, junto al rol desempeñado por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, pretenden fortalecer el conjunto de instituciones nacionales que tutelan la vigencia de los Derechos Humanos.
Sobre las graves violaciones cometidas en el Uruguay durante la dictadura (1973-1985), el informe contempla los logros alcanzados por agrupaciones como Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y la creación por ley de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, lo cual ha permitido avanzar en un cierto número de casos y reactivar otros.
En ester tercera evaluación participaron delegaciones de 94 Estados Miembro de la ONU, y en el diálogo multilateral formularon comentarios y recomendaciones. Todas ellas destacaron el tradicional compromiso del país sudamericano con los derechos humanos, así como su cooperación con el sistema universal de protección de los derechos humanos.
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