SANTUARIO

Paisaje cultural de Cabo Polonio al borde de la demolición

Un plan de la Intendencia de Rocha y el MVOTMA causa el rechazo generalizado de los residentes, quienes creen que podría tener un impacto negativo sobre este histórico balneario. Algunos aseguran que hay intereses por deshacerse de los pobladores y abrir las puertas a inversiones inmobiliarias foráneas.

Vista aérea del faro de Cabo Polonio y algunas casas del área rocosa de la costa. Foto: Jimmy Baikovicius / Flickr
Vista aérea del faro de Cabo Polonio y algunas casas del área rocosa de la costa. Foto: Jimmy Baikovicius / Flickr

Durante décadas, el Cabo Polonio ha estado poblado por los pescadores que lo fundaron y sus descendientes, pero durante las temporadas de verano se llena de miles de turistas de todo el mundo que vienen a admirar su naturaleza casi intacta y la tranquilidad con que ahí se vive. Ahora, un plan de la Intendencia Departamental de Rocha (IDR) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) ha movilizado a los vecinos, quienes se han agrupado para rechazar de plano algunas intervenciones propuestas en el proyecto.

Se trata del Plan de Manejo Parque Nacional Cabo Polonio que fue presentado en diciembre de 2018 por la Dirección Nacional de Medio Ambiente del MVOTMA, el cual fue elaborado por los administradores del parque y representantes de la IDR.

En la introducción del borrador del plan, al cual tuvo acceso LARED21, dice: “El Plan se enmarca en el Decreto N° 337/009, de 20 de julio de 2009, por el cual se aprobó la selección y delimitación del área natural protegida “Cabo Polonio”, incorporándose la misma al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SNAP), bajo la categoría de “Parque Nacional”, de conformidad con la Ley Nº 17.234, de 22 de febrero de 2000, y el Decreto Nº 52/005, de 16 de febrero de 2005 (Exp. Mvotma 2006/14000/03386). Asimismo, el presente documento se basa fundamentalmente en los contenidos de la propuesta de plan de manejo del Parque Nacional Cabo Polonio, elaborado por el equipo de la consultora “Sprechmann & Capandeguy Consultores Asociados” (Documentos Subsidiarios 1, 2 y 3), a solicitud del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) e Intendencia Departamental de Rocha (IDR)”.

El Cabo Polonio, hasta 2009, no tuvo un plan de manejo específico que regulara el uso de la tierra ni las delimitaciones territoriales, o sea que no estaba claro dónde empezaban las zonas protegidas y donde las habitables. Según Alejandro Gallenares, residente hace 29 años en el Cabo y representante del colectivo de pobladores permanentes, hacia la década de los noventas la población ahí era de unas 280 personas, pero desde entonces ha ido mermando poco a poco “por la falta precisamente de un plan de manejo”, hasta llegar a haber solamente entre 80 y 90 personas que viven todo el año. “En la escuela llegó a haber 16 niños pero actualmente hay unos 4″, dice.

El paisaje cultural del Cabo Polonio

El primer proyecto presentado en 2009, según Luis Oreggioni, residente no permanente del Cabo Polonio, eraó “opinable” y bastante accesible para los pobladores, pero la realidad de dicho texto se distancia bastante de la del nuevo proyecto presentado en 2018.

“En relación a este proyecto actual, nos ha costado mucho que comprendan la noción del paisaje cultural como un foco de protección principal. El primer borrador del plan de manejo que tuvimos no incluía, dentro de sus objetivos principales de conservación, el paisaje cultural, es decir, lo que es este lugar como expresión paisajística y humana”, dijo.

Durante las discusiones, continúa diciendo Oreggioni, los distintos grupos de pobladores fueron convocados en reuniones separadas por la DINAMA. “Hubo reuniones todas por separado y solamente tuvimos dos fechas en conjunto, una en octubre y otra en diciembre”, explica. Sin embargo, eso causó una unión inédita en todo Cabo Polonio, se están reuniendo y se ha acordado un plan en común, apuntando, eso sí hacia la necesidad de un plan de manejo, pero no el que propone el gobierno. 

La defensa del paisaje cultural es solo el inicio de la lucha de los pobladores, quienes además leyeron horrorizados cómo se propone en el plan de manejo la demolición de decenas de casas que han estado ahí por años, y denuncian que hay intereses ocultos detrás de eso.

 

Demoliciones para el deleite turístico

Hay más de una veintena de familias cuyas casas van a ser demolidas para la creación de un pasaje para turistas, denuncia Gallenares. “La propuesta concreta son 26 casas en la zona rocosa; la excusa es recuperar el paisaje de las rocas para el libre tránsito y por ahí hay alguna declaración del intendente (de Rocha) sobre el tema saneamiento. También quieren ir extrayendo la franja costera de 150 metros no otorgando permisos de mantenimiento ni refacciones para que las casas se vayan destruyendo, y que así, si uno quiere tener una casa y darle mantenimiento entonces tenga que trasladarse a vivir a otro sector”, dice.

Ahora bien, los pobladores no permanentes, explica Gallenares, pueden reubicarse en otro sector (determinado en el plan) por un periodo de 10 años y no dice claramente si este permiso es renovable. “Esto es como si uno le entragara al Estado la casa que es de uno pero el Estado te la presta por un periodo de 10 años, y después ‘se verá’ si ese préstamo se renueva”, añade.

“El plan de manejo plantea que debe haber libre acceso al borde rocoso que debería ser un espacio público para el disfrute de todos, algo así como si quisieran hacer una rambla, pero en el Polonio la manera de pasear es por el borde rocoso y entre las casas, porque eso le da identidad al lugar“, dice Luis..

Los colectivos de residentes plantean que el argumento anterior no es real, y dicen estar comprometidos con la sostenibilidad y el libre acceso al borde rocoso. Plantean que se pueden realizar pasarelas o rampas de madera para que los turistas puedan ingresar a ciertos lugares interesantes sin la necesidad de demoler las viviendas que están ahí construidas, algunas de varias décadas atrás. 

“Una casa que yo tengo, que está en el borde rocoso y que la construyeron mis padres hace 40 años, fue hecha bajo un sistema en el cual el mismo Estado alentaba la presencia de los montevideanos que sostenían a la gente que trabajaban en la zafra lobera”, recuerda Oreggioni. “Fue una simbiosis entre los permanentes y los no permanentes”, añade.

Foto: Jimmy Baikovicius / Flickr
Foto: Jimmy Baikovicius / Flickr

Aún hay escombros de los 90’s

Esos pobladores de los 60’s y 70’s, dice Luis, quien es arquitecto de profesión y vive también en Montevideo, fueron erigidas con una sensibilidad muy fuerte con la preservación de la naturaleza. Aquellos primeros pobladores tenían un respeto hacia el entorno y el medio ambiente que, probablemente, hoy en día quienes llegan no entienden o no practican con la misma intensidad.

“Los escombros representan problemas ambientales. Aún hay escombros de las demoliciones de la década de los 90’s. Y además, imaginate, si se hace ‘bien’ hay que meter maquinaria para llevarse los escombros, lo cual tiene un costo ambiental y económico, y como está previsto un realojo, habría nueva entrada de materiales, una lógica que está cuestionada por expertos”, critica Oreggioni.

El problema del saneamiento

Actualmente, el problema de no tener plan de manejo es restrictivo para los lugareños. Quien quiera hacer una reforma o remodelación en pro de mejorar el saneamiento de una vivienda, hay ciertos permisos que no se pueden otorgar porque “no hay plan de manejo”, según Gallenares. “Hay cosas de saneamiento ecológico que tenemos que hacer a escondidas” aunque sea para el beneficio del medio ambiente local, confiesa.

Actualmente hay al menos ocho casas que han instalado un sistema de desagüe de aguas negras que pasa por una serie de filtros de piedras de distinto grosor que se extiende por unos 4 metros desde la salida del baño hasta el otro extremo. “El agua queda tan limpia que al final se crea un pequeño humedal con plantas acuáticas que terminan de depurar el agua; la podés recoger con un vaso y te la tomás. ¡Yo lo he hecho!”, explica el representante del Colectivo de Residentes Permanentes. Sin embargo, todas han tenido que hacer esas modificaciones ecoamigables prácticamente de forma ilegal.

Lucho Grelloni (izq) y Alejandro Gallenares, representantes de los colectivos de pobladores permanentes y no permanentes.
Lucho Oreggioni (izq) y Alejandro Gallenares, representantes de los colectivos de pobladores permanentes y no permanentes.

Intereses inmobiliarios

Entre otras cosas que aquejan a los vecinos están los intereses inmobiliarios de grandes consorcios y empresas que, según ellos, pretenden construir en zonas sensibles y delicadas.

“Hay una propuesta de inversión inmobiliaria importante, aunque nos hayan dicho que no es así. Nosotros hemos ido a consultar los mapas aéreos de la zona del Cabo Polonio para ver qué padrones están habilitados para construcción, y nos hemos dado cuenta que hay una gran cantidad de padrones con permisos de construcción de varios miles de metros cuadrados cada uno. Para mí hay un planteo de darle una fecha de caducidad a una comunidad local, poniéndoles plazos de 10 o 20 años, y de no garantizarles a las nuevas generaciones la permanencia en el lugar”, también denuncia Gallenares.

Responsabilidades impositivas

“Siempre hemos querido regularizar”, aduce el entrevistado, pero la inexistencia de herramientas o instrumentos para ello les han impedido ponerse en regla con los impuestos territoriales y afines.

“El Estado siempre nos ha dicho que no hay nada que cobrarnos porque siempre se ha pretendido desconocer esta realidad, no obstante, contra viento y marea, esta realidad se fue construyendo y fue generando un producto turístico exitoso que genera muchos réditos al departamento de Rocha y al Estado uruguayo”, añade.

En el balneario, dice, quienes tienen comercios y empleados pagan las respectivas responsabilidades con el BPS y se pagan impuestos, pero con el tema de los altos precios de los alquileres la realidad es distinta. “Ahí hay una responsabilidad del Estado porque este siempre ha sido un lugar libre, y seguimos queriendo que sea libre para toda la sociedad. Hemos escrito proyectos en los que planteamos poner a disposición casas o propiedades para usos sociales. Hemos escrito muchísimos proyectos al respecto, también sobre camping, para que sea para todas las clases sociales”, declara Gallenares.

“En el verano el tema de acampar es posible, crear un sistema de saneamiento también, hacer un camping controlado para que venga todo el pueblo uruguayo y permitir que toda esa gente que no está pudiendo llegar vengan y disfruten del Polonio como una ‘escuela de vida’, un eslogan que ha puesto el Estado mismo”, dice.

Expone que hay un tema de oferta y demanda los primeros 15 días de enero, “pero después hay que sostenerse el resto del año”, especialmente en otoño e invierno cuando el turismo llega a ser incluso nulo por semanas.

Oreggioni agrega que han propuesto hacer una contribución con días de turismo social que no tenga costo alguno para las personas beneficiarias. “Acá no es que no queramos pagar, queremos aportar con nuestra creatividad y compromiso de forma que no están contempladas en el plan de manejo”.

¿Por qué no dejan participar a los lugareños?

A nivel de leyes medioambientales, ratificadas por Uruguay, y “a nivel filosófico”, dice Gallenares, para que un plan de manejo ambiental de una localidad funcione correctamente, debe contarse inevitablemente con la participación de los habitantes, porque ellos forman parte del día a día del lugar. Lo que hemos planteado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo -porque ellos conocen esta legislación y además nos hemos asesorado con organismos de la ONU- es que la participación implica que se te sea escuchado y que se tengan en cuenta los aportes del actor cotidiano, que es el residente”, asevera.

“Las respuestas que nos han dado (a los planteamiento de los vecinos) han sido bastante pobres. Nosotros planteamos cosas y nunca hubo respuestas concretas. Hicimos un voto de confianza y, cuando aparece este plan de manejo, no estaban los insumos que dimos. Al menos esperábamos que hubieran explicaciones razonables del por qué no incluían las propuestas de los pobladores”, denuncia Gallenares.

“El escucharnos es una mera fórmula… algo así como una pantomima”, critica.

Las organizaciones han reunido información y atestados de distintos académicos, científicos y especialistas quienes han aportado a la construcción de su propuesta, sin embargo siguen considerando que el gobierno los desoye e incluso ignora lo que ellos tienen para decir.

Algunas de las viviendas del Cabo Polonio. Foto: Felipe Reis / Flickr
Algunas de las viviendas del Cabo Polonio. Foto: Felipe Reis / Flickr

¿Qué proponen los vecinos?

Según expresa el Gallenares, los lugareños sueñan con un lugar que conserve el acervo cultural e histórico que representan las casas que han sido construidas por los colonos décadas atrás, y que al mismo tiempo se vele por el medio ambiente. “La parte poblada solamente representa el 1.5% del área del parque nacional, y no es necesariamente la parte que está sufriendo mayor afectación”, dice.

“Lo que queremos es participar con nuestras propuestas y soluciones, las cuales tenemos varias. Lo principal para nosotros es poner especial atención en el avance de los bosques de pinos sobre las dunas y en la recuperación de los cordones dunares, que hacen que las playas estén vivas, y también ordenar el tema de circulación, y todo esto lo podemos ordenar si lo hacemos de forma participativa donde se nos incluya”, concluye el lugareño.

Al culminar la entrevista, otros habitantes del lugar declararon a LARED21 que están realizando gestiones para que el Gobierno revierta o postergue la decisión de derribar las 26 casas que se encuentran cerca del faro sobre zona rocosa, ya que son parte fundamental del paisaje cultural de Cabo Polonio, y advierten que la pasarela que quieren hacer allí para los turistas será para pasar por encima de los escombros lo que generaría un impacto negativo e irreversible, y exhortan al Gobierno a ser escuchados e incluídos en la toma de decisiones sobre lo que ellos consideran su hogar, una playa y un parque nacional que han conservado por décadas y que entienden mejor que los foráneos.

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