ENTREVISTA

Secretario general de JND: “La venta de cannabis al público ha sido el emblema de la regulación”

En entrevista con LARED21, Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, hizo un balance del primer año de la venta de marihuana en farmacias. Agregó que “sumar más farmacias será el desafío para 2019”. Desde que comenzó la regulación “más de 40 mil personas están en el circuito legal, lo que representa no menos de 10 millones de dólares que ya no recauda el narcotráfico”, reflexionó.

Entrevista a Diego Olivera, Director de la Junta Nacional de Drogas. Lee la nota completa en www.lr21.com.uy.

Publiée par Lared21 sur Mercredi 28 novembre 2018

¿Cuál es la evaluación de este primer año de la puesta en marcha de la venta en farmacias?

Los miedos y las inseguridades que causaba la venta al público en farmacias fueron desapareciendo, porque el sistema demostró solidez.

La venta de cannabis al público, ha sido el emblema de la regulación. Es el mecanismo que permitió el acceso a un número mayor de personas. La evaluación es positiva, porque se ha logrado consolidar este mecanismo. Este ha sido un sistema muy seguro. La selección de las variedades genéticas que se ponen en producción, el proceso productivo que es nuevo para nuestro país. Es una planta que no se cultivaba, su ingreso era del exterior y no había cultura ni conocimiento en las áreas de producción industrial, como sí ocurría en otros países. Hubo que hacer una adaptación a nuestro clima, a nuestras condiciones de suelo del cultivo de cannabis a gran escala, para poder abastecer a un sistema al que están accediendo unas 40 mil personas y que requiere un estándar de seguridad muy alto, tanto desde el  punto de vista sanitario y las condiciones de la sustancia que se embasa y desde el punto de vista de la distribución y la venta. Los medios y las inseguridades que causaba la venta al público en farmacias, fueron desapareciendo porque el sistema demostró solidez. Esa solidez del mecanismo, hoy nos da la garantía de crecer en escala. Fuimos exigentes con las empresas que tienen permiso de producción, para que puedan alcanzar las metas para las que están autorizadas. Este proceso fue más lento de lo que hubiéramos querido. Y también la incorporación de puntos de venta en distintas partes del país. Últimamente se sumaron nuevos departamentos como Treinta y Tres y Artigas. El desafío para 2019 es que más farmacias se sumen a la venta al público.

Los críticos señalan que la ley bajó la percepción de riesgo principalmente en los más jóvenes. ¿Qué indican los estudios realizados?

La población tiene la percepción de que el uso frecuente de marihuana es riesgoso y esa percepción debe mantenerse así

Lo que ocurre con el tema es global, no es característico de Uruguay por haber regulado. Hay una mayor aceptación cultural del uso de “marihuana recreativa” y esto se ve en las encuestas en todos los países, tanto aquellos que tienen un modelo “prohibicionista” y los que hemos recorrido la vía de “regulación responsable” con principios de salud pública. Lo que se ha sostenido en forma “alta, es el uso en forma frecuente. Esto es importante, la población entiende que en el uso frecuente, también está incluida mayoritariamente la población adolescente, que sigue creyendo que el “consumo frecuente” conlleva a riesgos para la salud. Lo que sí se ha debilitado es la “percepción de riesgo” en el uso esporádico, aquí es donde estamos trabajando con el sistema de salud, con la academia y el sistema de enseñanza, para marcar los riesgos y uno de ellos es la conducción vehicular. Manejar bajo los efectos del consumo es independiente del uso esporádico o habitual. El uso en ámbitos laborales puede ser riesgoso y también cuando la persona es menor de 18 años.

¿Qué evaluación hacen de las campañas de bien público que se han hecho y del trabajo en los subsistemas educativos? ¿Han dado resultado?

Las trayectorias de consumo problemático (en público estudiantil) están asociadas a familias con bajo nivel de involucramiento en la crianza de sus hijos

Las campañas han sido vistas como pertinentes por parte de la población. Identifican que es una campaña bien enfocada. Hemos recibido correos electrónicos de personas que nos dicen “el spot televisivo me permitió hablar del tema con mis hijos”. Nuestro objetivo era que se hablara del tema. Cuando realizamos encuestas, principalmente en público estudiantil, notamos que las trayectorias de consumo problemático están asociadas a familias con bajo nivel de involucramiento en la crianza de sus hijos. Esto que puede ser intuitivo, tiene una comprobación estadística, que indica que, las familias con mayor involucramiento en la educación de sus hijos, no aparece con predominancia el consumo problemático de sustancias. Por eso pusimos el foco en el diálogo “intergeneracional”. Obviamente que todos los mensajes no se pueden resolver en “spots televisivos”, la idea es intercalar con otros mensajes que irán saliendo en el futuro.

Foto: Diego Olivera, director de la Junta Nacional de Drogas
Foto: Diego Olivera, director de la Junta Nacional de Drogas. Foto: Carlos Loría

 

Cuando se pensó en esta ley se habló de “combatir el narcotráfico” ¿en qué medida sirvió para ello?

La cantidad de personas registradas, más de 40 mil, ya no están expuestas a vincularse con redes de tráfico y el dinero que gastan en marihuana no va a parar a redes de narcotráfico

Estamos midiendo  esas variables, todavía no tenemos datos concluyentes. Hay un descenso en la cantidad de personas procesadas por delitos vinculados al tráfico de drogas. Hay que tener en cuenta que es un modelo nuevo y diferente al que predominó los últimos 40 años. No podemos esperar tener resultados inmediatos. Además, el mercado de sustancias sicoactivas ilegales, se compone de otras sustancias que no tienen este tipo de regulación. Esta realidad nos llevó a tener una mayor exigencia en la sistematización de datos que provienen del sistema de justicia, que no siempre las teníamos. Teníamos buenos datos sobre la demanda de drogas, sobre las personas que consumen, como es su distribución demográfica, territorial, que sustancias consumen y con qué frecuencia, pero no teníamos datos lo suficientemente sistematizados, exceptuando las incautaciones, no teníamos armonizados los datos de cómo trabaja la justicia con los delitos relacionados a drogas, esto sumado a la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que es una reforma de características históricas en nuestro país y del rol que ha adquirido la fiscalía, nos está permitiendo mapear un contexto nuevo. Vamos a tener indicadores optimistas, sin caer en el pensamiento unidireccional de que la regulación va a eliminar, en un plazo corto, los delitos relacionados con drogas. La regulación lo que plantea es un enfoque alternativo de guerra contra las drogas. La cantidad de personas registradas, más de 40 mil, ya  no están expuestas a vincularse con redes de tráfico y el dinero que gastan en marihuana no va a parar a redes de narcotráfico. Y este dinero es más de 10 millones de dólares desde que comenzó la regulación. Por tanto, este dinero no va al circuito ilícito.

¿Puede contar como funciona el mecanismo de la regulación?

La marihuana sigue siendo una sustancia potencialmente dañina para la salud, pero hay una reducción de los daños potenciales que se hace posible a través de la regulación y el control del proceso productivo

En 2014 hicimos un llamado a empresas privadas que terminó en 2015. Fue un proceso muy exigente entre algo más de 20 empresas, que finalizó dotando a 2 de ellas de un permiso para producir hasta dos toneladas anuales de flores secas de cannabis sicoactivo, que es justamente el que se comercializa en farmacias. El Estado lo que hace es proveer de un predio ya que no pueden producir en cualquier lugar, tienen que hacerlo en un predio productivo que le es asignado por el Instituto de regulación. Es un predio que está en el departamento de San José y el Estado supervisa las condiciones en las que se realiza la producción. Desde el punto de vista técnico – sanitario se controla el tipo de nutrientes que se utiliza para las plantas y las técnicas de agricultura, la manipulación, y el proceso de envasado, todas estas condiciones que cuando el mercado es ilegal no se conocen y que son muy pobres y que impactan negativamente en las condiciones de la sustancia. La marihuana sigue siendo una sustancia potencialmente dañina para la salud, pero hay una reducción de los daños potenciales que se hace posible a través de la regulación y control de este proceso productivo.

Hoy está en el debate el 0 alcohol en sangre para los conductores ¿Qué sucede con los controles de aquellos que consumen marihuana y conducen?

Los testeos rápidos de THC, la molécula sicoactiva de cannabis en conductores, es una tecnología más cara y es un procedimiento que requiere otro nivel de capacitación de las fuerzas que realizan los controles de tránsito, que dependen de las intendencias y de la policía

En el caso del cannabis se equiparó la normativa, espacios libres de humo de tabaco y también espacios libres de humo de cannabis y en el caso de los controles de tránsito se aplican los mismos estándares para la conducción vehicular que se utilizan para el alcohol. Lo que tienen los “testeos rápidos” de THC, la molécula sicoactiva del cannabis en conductores, es una tecnología más cara y es un procedimiento que requiere otro nivel de capacitación de las fuerzas que realizan los controles de tránsito que dependen de las intendencias y de la policía. Este es un proceso que se hizo, se capacitó a todos los actores de tránsito, hay involucramiento de la UNASEV y más allá de la adquisición de dispositivos que se espera que lo concreten tanto las intendencias como  la policía de tránsito, la Junta hace un aporte comprando anualmente “kits”, que contribuyen a fortalecer estos controles. Hay una evolución permanente a nivel internacional. Próximamente vendrá a nuestro país un técnico holandés, con el objetivo de dar cursos de capacitación, para enseñar y que se usen técnicas más accesibles desde el punto de vista económico, porque nuestro objetivo es masificar los controles.

¿En el futuro Uruguay exportará cannabis?

En el futuro podrá exportar cannabis y derivados del cannabis de uso medicinal o industrial. Esas son  dos vías por las cuales Uruguay podrá hacerlo. De hecho, hay experiencias de comercio internacional de productos derivados del cannabis con estos fines y por otra parte la demanda de derivados y materia prima que tiene como origen la planta de cannabis, es lo que está explicando que exista una fuerte inversión en el rubro del cultivo, la cosecha y la manufactura de distintos derivados tanto industriales, como medicinales.

Hay organizaciones de la sociedad civil que reclaman flexibilizar los permisos para el uso de cannabis medicinal. ¿Cuál es la posición del gobierno al respecto?

En algunos casos se ha distorsionado la percepción, como que el cannabis “sirve para cualquier cosa”

Es una discusión abierta y en permanente evolución, porque la comunidad científica nacional e internacional está destinando mucha “energía” en la investigación. Como bien dicen los expertos, hay que ser cautos, si bien hay indicios interesantes incluso hay suficiente evidencia en algunas patologías, hay aún mucho camino por recorrer y si bien esto es materia de política sanitaria y no del control de drogas, creemos que es importante que no se bajen exigencias que implican una garantía para la población, que es en definitiva la que recibe el producto que tiene que ser seguro, y que también tendrá que ir ganando comprobación de efectividad. Lo que ha sucedido en algunos casos es que se ha distorsionado la percepción, como que el cannabis “sirve para cualquier cosa” o todo lo puede curar o en cualquier circunstancia puede mejorar la calidad de vida. En todos los países y Uruguay no es la excepción, la autoridad sanitaria va dando pasos de acuerdo con la evidencia disponible. En Uruguay hay importantes unidades académicas destinadas a investigar y hay fuertes iniciativas privadas con afán de desarrollar inversiones en la materia. Todo indica que ese ambiente de desarrollo va a ir ganando terreno y facilitando el desarrollo económico y la accesibilidad por parte de la población que tiene una prescripción relacionada al tema.

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