Escenarios encubiertos

La dictadura y la impunidad han instalado secuelas en las instituciones, en una parte del personal de los aparatos del Estado y en el desarrollo de ciertos reflejos de desorganización y parálisis en el campo popular. El análisis de los episodios de agosto de 2002 nos muestra que ésta no es sólo una cuestión del pasado sino del presente. Y del futuro.

La herencia institucional de la dictadura, su capacidad de imposición psicológica sobre la sensibilidad y la disposición para la lucha de una parte de la ciudadanía, se encarna en funcionarios que actúan en escenarios encubiertos, preferentemente en las ramas coercitivas del aparato del Estado. Pero no sólo allí. También en los medios y en la máxima conducción de los partidos.

Jerarcas malcriados en los jardines del poder, enquistados en el escalafón, sin que se conozca públicamente sus nombres ni el de los dirigentes políticos, muy liberales por cierto, que los mantienen en funciones.

 

Días pasados en una entrevista radial dos legisladores del Frente Amplio, Bayardi y F. Huidobro, sostuvieron varias afirmaciones interesantes acerca de la vigencia de la Ley de Caducidad bajo un gobierno progresista: 1) que esta norma no amparaba a los mandos militares que actuaron durante la dictadura; o sea que sobre ellos caería la responsabilidad penal de los crímenes y las desapariciones;

2) que la norma no alcanza a los delitos económicos, los que – por insólita decisión de Sanguineti- fueron amparados por la Ley en tanto se realizaron en «el curso de la lucha contra la subversión»;

3) que se irá a fondo en la investigación de la situación de los ciudadanos desaparecidos; y

4) que los casos que configuran un crimen contra la humanidad, como lo es la desaparición de María Claudia García de Gelman, no están amparados por la Ley como lo ha pretendido el actual gobierno.

Las cuatro proposiciones son compartibles. Vemos que se ha realizado una adecuación de pensamiento que mejora lo sostenido en el Congreso del FA de diciembre, señal de que habría que hacer con más frecuencia este tipo de debates abiertos y democráticos.

Compartiendo las propuestas, habría que prepararse para superar algunas pequeñas dificultades: los mandos a los que se alude ¿concurrirán voluntariamente a las sedes judiciales? Y las patotas que se enriquecieron bajo la dictadura, ¿irán?

Sinceramente, no sé cómo se puede proponer esto sin aprestarse a defender una línea de lucha tajante contra la impunidad.

Contra los acusados por delitos económicos habrá que desarrollar una indagación específica dado que sobre el asunto se han acumulado toneladas de omisión y olvido.

Hace unos años, Miguel Carrió, en el diario La Hora, realizó una investigación seria sobre una cantidad de robos contra el patrimonio nacional llevados a cabo entre 1973 y 1985.

Las constataciones, que se publicaron en ese diario, fueron agrupadas luego por la Editorial Monte Sexto en forma de libro, «País vaciado, dictadura y negociados» (1987).

Contra la repercusión pública de ese trabajo hubo una concienzuda labor de censura, empezando por el gobierno, la academia, la prensa y hasta algunos sectores de izquierda que apostaban a no enconar las relaciones con el gobierno.

En el libro aparece un gran número de individuos que deberían ser investigados. Es necesario que sus nombres sean publicados y también los de quienes, como gobernantes civiles «democráticos», les dieron amparo, vale decir todos los políticos que, durante o después de la dictadura, fueron sus cómplices.

Eso siempre es bueno saberlo. Además, no sea que alguno se nos quiera hacer ahora el «progre».

La impunidad impuesta desde el poder siembra olvido. Pero, a la vez, de nuestro lado, la discontinuidad del discurso, los bandazos, aun sin proponérselo rompen el hilo conductor de la denuncia.

Muchos de los delitos publicados por Carrió, por Samuel Blixen, Roger Rodríguez y muchos otros calificados periodistas de investigación, que mostraban la estrecha relación de la dictadura con dirigentes políticos civiles y grupos económicos mafiosos, se enterraron por el predominio de una mentalidad política «pragmática», de atención intermitente, bolacera, que busca siempre la adaptación o la novelería.

Un estilo que busca seguirle el paso al vertiginoso relampagueo de hechos sin interpretación que emiten en forma permanente los canales de televisión.

Sometidos a esa conducción mediática, culturalmente pulverizadora, estamos condenados a vivir sin memoria y a razonar en el vacío, sin referencia a los hechos que importan. Pero sobre todo estamos renunciando a fortalecer las palancas de la acción política militante, que nace de elaboración de una línea política de izquierda que asigna un protagonismo propio a los compañeros y a las organizaciones sociales.

Un ejemplo de la discontinuidad de atención de un suceso reciente, a mi juicio de gran importancia y ya casi olvidado: el rumor del 2 de agosto de 2002 y las declaraciones del entonces ministro del Interior, Guillermo Stirling.

Sobre el episodio hay un trabajo, publicado en el Anuario de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de Gabriela Campodónico y Alma Bolón cuya lectura resulta de gran interés y plantea interrogantes que sería interesante disipar. El rumor, desplegado inmediatamente después de decretado el feriado bancario, tuvo como soporte fundamental a la Policía, al ministro Stirling y a algunos medios de comunicación ligados desde siempre al poder.

El 1º de agosto, después de informarse de algunos saqueos, desde el gobierno el ministro del Interior, G. Stirling, afirma que «se trata de grupos perfectamente organizados que quieren desestabilizar a la sociedad uruguaya». Asimismo, sostiene que «un pequeño Bin Laden está detrás de los saqueos» (El País, 2-8-02).

Al día siguiente, el mismo jerarca describe los hechos de la jornada anterior como un caso de «terrorismo telefónico», un «operativo psicosis realizado desde teléfonos públicos».

Así, comentan las autoras del trabajo citado, «el 2 de agosto se vivía un clima enrarecido por el temor y la expectativa: expectativa sobre el desenlace de la futura crisis bancaria y temor por la posible continuidad de los episodios de saqueo. Al episodio puntual del rumor («vienen las hordas») se asociaron otros rumores («vienen las medidas prontas de seguridad») (…)

«La referencia al pequeño Bin Laden que está actuando entre nosotros hecha por el ministro, no soólo daba dramatismo a la situación sino que dejaba presagiar una indagatoria acorde con el enemigo supuesto».

«Del encadenamiento de los acontecimientos (…) claramente se desprende la funcionalidad que tuvo el rumor» y, agrego, las acciones que lo complementaron realizadas por la Fuerza Aérea con helicópteros sobrevolando e iluminando los barrios más pobres y el cuerpo de Coraceros virtualmente cercando estos asentamientos.

El rumor, concluyen las autoras, «fue funcional para promover la parálisis, favorecer un toque de queda autoimpuesto y percibido como la única respuesta posible».

¿Quiénes diseñaron y cómo se montó aquel operativo? ¿Quién ordenó aquella gigantesca presencia militar en los barrios pobres? ¿Quién ordenó que cientos de efectivos policiales recorrieran la ciudad aconsejando a los comerciantes que cerraran sus puertas ante el peligro de un ataque de las «hordas» de pobres que bajaban de los asentamientos? ¿Qué pasó con el pequeño Bin Laden?

El hecho, bajo un gobierno que se pretende el más liberal de los liberales, es tan ilustrativo y tan grave que trasciende las responsabilida
des de un ministro. Ese escenario encubierto es algo que atañe a las instituciones y al Estado en su región más delicada y menos transparente: la Policía, el aparato armado, las relaciones de ambos con el oligopolio mediático y la alta burocracia política.

Una preocupación sobre la que tendría que hablar hoy, para empezar, el propio ex ministro del Interior y precandidato a la presidencia por el Partido Colorado.

(*) Ex legislador, profesor de historia.