Bonomi denuncia falta de articulación entre Justicia, Fiscalía y Policía en combate al delito

Este viernes trascendió que las rapiñas en Uruguay aumentaron 56,9% en el primer semestre del 2018, en comparación con el mismo período de 2017.

Según informó VTV, las rapiñas descendieron durante los años 2016 y 2017, pero aumentaron en 2018.

Entre el 1º de enero y el 13 de junio de 2014 se registraron 9.454 rapiñas denunciadas. En el mismo período de 2015 hubo 9.713. Luego bajaron a 9.505 en el mismo lapso de 2016, y registraron una nueva baja en 2017 a 8.459. Mientras que en el primer semestre del presente año se registraron 13.269 denuncias.

El pasado 20 de junio el director de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (UNICOM), Fernando Gil Díaz, había dicho que Uruguay se aprontaba a reconocer, con datos objetivos, “una de sus peores estadísticas de delitos desde que se lleva registro”.

Este viernes 29 de junio el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expresó que la falta de articulación entre la Justicia, la Fiscalía y la Policía en los dos primeros meses de implementación del Código del Proceso Penal (CCP) “incidió en el aumento de las rapiñas y en una disminución de la cantidad de personas privadas de libertad”.

“Vemos muchas prisiones domiciliarias con el delito de rapiña, que tiene un mínimo de cuatro años de penitenciaría”, lamentó el secretario de Estado.

Está en juego la seguridad de los ciudadanos

Agregó que en los dos primeros meses de implementación del nuevo CCP “las rapiñas aumentaron 9%, cuando durante dos años consecutivos descendieron 4,5% y 13,5%, gracias a la implementación del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO)”.

“Hace un año había 11.300 personas privadas de libertad y en la actualidad la cifra descendió a 9.980”, indicó el jerarca de gobierno.

También aseguró que está en contra de responsabilizar a las corporaciones de jueces, fiscales y las policías. “No se trata de eso, sino de entender que esto hay que sacarlo adelante porque está en juego la seguridad de los ciudadanos”.

Se refirió a la importancia de la creación de un organismo coordinador de las políticas de seguridad integrado por la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación.