Instalan Gabinete de protección a víctimas y testigos de delitos

Se instaló en la Fiscalía General de la Nación el Gabinete coordinador de políticas destinadas a las víctimas y testigos de delitos.

Es un ámbito interinstitucional coordinado por la Fiscalía General de la Nación y en el que participan los ministerios de Interior, Educación, Trabajo, Salud Pública, Vivienda, y Desarrollo Social.

A la vez, se invitó a participar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, al Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, Banco de Previsión Social (BPS), Defensoría Pública del Poder Judicial y a un representante de la sociedad civil, informó la Fiscalía de Corte.

Cometidos

El sistema tendrá el cometido de “instalar una política pública integral y sistémica que garantice los derechos de víctimas y testigos de delitos violentos”.

También deberá “generar mecanismos de atención integral y territorial”.

Otro de sus cometidos será el de “fortalecer y generar mecanismos y medidas de protección, fortalecer y mejorar las prestaciones y servicios de diversos sectores a las necesidades y daños generados por los delitos violentos”.

A la vez, deberá “diseñar, implementar y evaluar un plan de sensibilización y capacitación sobre el impacto de los delitos en las víctimas y testigos, sus familias y comunidades y las necesidades y derechos”.

El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, dijo que a partir de la aprobación y entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, la víctima del delito dejó de ser un objeto de prueba y pasó a ser un sujeto de derecho.

Además colocó sobre la Fiscalía la responsabilidad de la atención y protección de las víctimas de los delitos como una de sus obligaciones fundamentales. Para ello se aprovechó la infraestructura con la que ya se cuenta.

Se busca tener una política pública coordinada eficaz y eficiente, aseguró Díaz.

Normativa vigente

El Decreto 831, de marzo de 2018, estableció que en el Poder Ejecutivo existe la “necesidad de crear un ámbito que coordine políticas tendientes a la protección de las víctimas y testigos de los delitos violentos al amparo de la normativa vigente”.

A través de la Ley 19.039 se creó una prestación de seguridad social a cargo del BPS, mientras que el nuevo Código del Proceso Penal establece “la responsabilidad del Estado de atender y proteger a víctimas y testigos”.

“Ante un hecho delictivo el Estado debe actuar ofreciendo respuestas a la ciudadanía ejecutando una coordinación entre los diversos programas y servicios destinados a la atención y protección integral de las víctimas y testigos”, indica la normativa.

Asimismo, las recomendaciones internacionales establecen que Uruguay “debe fortalecer y adecuar la respuesta que brinda a la ciudadanía como política de Estado unificando criterios, programas y servicios en la materia”.