Frente Amplio respalda la decisión del MSP de eliminar el corralito mutual

El órgano de conducción de la izquierda aprobó por unanimidad una declaración sobre la reciente decisión del Ministerio de Salud Pública de modificar la forma de la movilidad regulada de usuarios, entre las distintas instituciones de salud.

Los usuarios del servicio de salud con la necesidad de cambiar de prestador por motivos económicos, cambio de domicilio o disconformidad con la institución, deberán dirigir una carta a la Junta Nacional de Salud (JUNASA), la cual analizará el petitorio en forma exhaustiva. La solicitud podrá realizarse durante todo el año.

Ante diversas críticas provenientes de distintos sectores, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio expresó que la reforma de la salud es “una de las grandes transformaciones estructurales del país, cuyos avances en la última década han dejado atrás la profunda crisis del sector, provocada por los efectos de las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores al 2005”. La limitación al cambio de institución, el llamado “corralito” surgió precisamente en el medio de aquella “crisis del sector privado”.

La coalición indica que con la creación del Sistema Nación Integrado de Salud, “el sector salud se ha estabilizado y ha avanzado en múltiples aspectos”. Eso ha permitido “el levantamiento periódico de la limitación a cambiar de institución, con cantidades cada vez menores de usuarios que hacen uso de ese derecho”.

En últimos años las personas que optaron por cambiar de institución “nunca supero el 5% del total de los usuarios del FONASA”.

Sin embargo, “este levantamiento periódico dio lugar a dos fenómenos nocivos para el sector salud en los meses previos a febrero de cada año: un gasto desmesurado de las instituciones en publicidad y el fenómeno perverso de la intermediación lucrativa de afiliaciones”.

18 millones de dólares en publicidad

“Los gastos en publicidad son una forma de derivar recursos necesarios para la atención de salud hacia otros fines ligados con lógicas mercantiles, que ha ido creciendo en los últimos años. Que las instituciones privadas hayan gastado 18 millones de dólares por este concepto en el año 2016 debía ser motivo de preocupación y de inexorable corrección”, afirma el Frente Amplio.

La izquierda también recuerda que fueron las instituciones de salud las que “reclamaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para poder hacer publicidad con fines mercantiles sin tener que incluir mensajes de educación para los usuarios sobre los principales problemas de salud”.

Para el FA la intermediación lucrativa es un “delito que ha sido perseguido judicialmente, sin que por ello se haya podido evitar hasta el momento su existencia”, y “está claro que son conductas empresariales las que promueven la existencia de este tipo de acciones”.

Por ello, afirman que actuar contra estos dos problemas es “proteger al sistema de salud frente a conductas que lo perjudican y vuelven sobre viejas concepciones de la salud como un negocio. Se desbarata así gran parte de estos operativos montados hacia el mes de febrero próximo”.

La posibilidad de la libre elección de institución mediante solicitud a la JUNASA durante todo el año preserva el derecho de los usuarios regulándolo de otra forma. “Es una medida positiva para el sector salud, más allá de que haya que continuar analizando las mejores formas de resolver el tema en cada etapa”.

“Las razones de principios que argumentan algunos, constituyen en los hechos formas de defender ese tipo de prácticas, en varios casos por parte de quienes postulan la lógica del libre mercado como la solución a todos los problemas. Los uruguayos ya vivimos las consecuencias nefastas de esas concepciones cuando se convirtieron en políticas de gobierno”, sentenció el FA en su declaración.