LUCHA DE FUERZAS

Taxistas exigen indemnización de US$7.5 millones a IM por habilitar Uber, Easy y Cabify

Unos 150 propietarios de taxi iniciarán un juicio civil contra la Intendencia Montevideo por "pérdidas" que, aseguran, están relacionadas con la entrada en vigencia de la aplicación Uber.

 

Foto: Carlos Loría
Foto: Carlos Loría

La Intendencia de Montevideo recibirá pronto la notificación de una acción civil iniciada por unos 150 propietarios de taxis, representados por el decano de la Facultad de Derechos y catedrático de Derecho Civil, Juan Andrés Ramírez. En dicho proceso exigirán una indemnización de 7.5 millones de dólares por pérdidas que, aseguran- son consecuencia de la entrada en funcionamiento de Uber en el país.

Ramírez presentará a nombre de los demandantes un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el decreto de la Junta Departamental de Montevideo que permitió el funcionamiento de las apps de transporte colaborativo bajo ciertas condiciones que, ahora, todos los chóferes deben cumplir.

Varias plataformas entraron en ese momento a funcionar: Uber, Easy Taxi y Cabify, aunque esta última se fue del país por problemas con la viabilidad de su modelo de negocio.

Sobre la existencia legalizada de esos sistemas, Ramírez aseguró que “se violó el principio de igualdad establecido en la Carta Magna”.

Depreciación en el valor de los permisos de taxi

El decano de la UDELAR presentará un informe del que se parte para la elaboración de la demanda. En este consigna que los taxistas pagaron 100.000 dólares por cada permiso para poder operar un taxi, pero que estos se han devaluado hasta costar apenas 50.000 dólares. Según él, con el funcionamiento de las plataformas electrónicas, el valor de estos permisos va seguir tendiendo a la baja.

“Con el correr del tiempo, esos permisos valdrán aún menos”, dijo el académico, lo que representaría para ellos una supuesta pérdida de 7.5 millones de dólares.

También denuncian que Uber es un servicio excluyente, en comparación a los taxis: estos últimos tienen tarifas inamovibles y establecidas por la IM, mientras que la app utiliza “tarifas dinámicas” que suben o baja en respuesta a la demanda. “Hay un daño a los más humildes”, dice Ramírez, porque las personas más pobres no pueden acceder al servicio.

Señala que la Intendencia “violó” el artículo 8 de la Constitución de la República que establece igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. En el decreto municipal de habilitación de las plataformas de transporte supuestamente se les habría otorgado un “estatuto de privilegio”, frente a los propietarios de taxis que deben licitar y pagar 100.000 dólares por las matrículas de taximetristas.

 

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