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¿Reforma de la educación, sin reforma del Estado?: a propósito de casos recientes de corrupción en Uruguay

Foto: Vince Alongi

Foto: Vince Alongi

Con independencia de las anécdotas personales de corrupción, el Estado no da suficientes garantías de transparencia y honestidad. La calidad de los servicios que presta para educarnos, cuidarnos y sanarnos está en cuestión. La educación pública está en cuestión, la seguridad pública está en cuestión y la salud pública está en cuestión. Podrán seguir repitiéndose anécdotas personales, pero llegó la hora de que todos los uruguayos aceptemos que el Estado no está funcionando bien y necesita una reforma. Así de simple. Así de importante. Más allá de las anécdotas personales de corrupción.

Es imprescindible reformar el Estado en su gestión. No todo el Estado. Por ejemplo, no hay que modificar nuestras finanzas públicas en su doctrina. La razón de sus normas sigue siendo correcta y conllevan el propósito de un Estado transparente y honrado en primer lugar. No solo. También ayudan y mucho a la buena gestión de las políticas públicas. El problema es al revés. A las finanzas públicas puras, les hemos agregado un número inmenso de excepciones. Hay excepciones casi para todo, por lo que las finanzas públicas no funcionan adecuadamente. En toda América Latina.

Si se respetaran las normas puras de finanzas públicas, otra sería la situación. Las normas aplicadas, los mecanismos y hasta los formularios con que se gestionaría el Estado impedirían de hecho y con alta eficacia que políticos hagan uso indebido de subsidios, licitaciones estén arregladas a favor de un licitador o un jerarca use recursos públicos para comprarse a sí mismo como gasolinero. Intendente y gasolinero, un solo corazón. Y muchos otros fraudes que irritan a la ciudadanía.

Sin ningún lugar a dudas, no existirían tarjetas corporativas públicas por elementales razones y normas de finanzas públicas. Una tarjeta corporativa pública es una contradicción en sí misma. Los dominicanos con su excelente sentido del humor recordarán para siempre la PepeCard, la que un presidente le dio a su mano derecha – el “Pepe” – sin límite de gasto. Porque todos querían una PepeCard.

Las excepciones se han asentado no a nivel de las normas sino de los sistemas. En los tres macro sistemas de la gestión del Estado: los recursos humanos, los financieros y los físicos.

Un sinnúmero de excepciones a las normas de las finanzas públicas, determina:

Que los recursos humanos no puedan ser motivados y promovidos por mérito, como debería ser.

Que los mecanismos financieros estén concentrados en grandes licitaciones y producciones monopólicas públicas, que por grandes son el botín del Estado y eternamente inseguras, con poco o mal uso de los restantes mecanismos de menor cuantía: las subvenciones, los concursos de proyectos, el financiamiento compartido y el subsidio per cápita.

Y que los edificios, equipos e instalaciones del Estado no tengan la calidad y la adecuación suficiente y ocasionen un gasto excesivo.

Es necesario una reforma de los tres macro sistemas. Es la reforma mínima que necesitamos en el Estado si queremos aprovechar el período 2020-2050, en que podremos estar resolviendo nuestros problemas de seguridad, educación y salud pública.

Viviremos más, con mejor calidad de vida, intercambiaremos más mercaderías, se terminará el hambre y también la pobreza en el sentido hasta ahora vigente en las estadísticas de las Naciones Unidas. El indicador de pobreza se reformulará porque la pobreza es relativa y no absoluta.

Estudiaremos más y a lo largo de toda la vida. El trabajo será más independiente, por eso habrá menos empleos dependientes. Tenderán a desaparecer los empleos dependientes cuyas funciones puedan ser traducidas a algoritmos (…si me encuentro con esta situación tomo la decisión a o b y así sucesivamente…). Realizables por una solución informática y/o mecatrónica, con o sin robots según el caso u otras tecnologías por venir. No importa si son empleos públicos o privados, desaparecerán en su inmensa mayoría.

Buena parte de los trámites del Estado y de sus puestos de atención al público – basados en funciones algorítmicas – serán sustituidos por sistemas que nos acompañarán con precisión y seguridad en todas nuestras gestiones.

Al mismo tiempo, se potenciarán las profesiones y los servicios sustanciales, entre los públicos: el educar, el sanar y el cuidar. Dónde necesitaremos un Estado fuerte en contrataciones. Por ejemplo, de maestros. Cuantos menos niños por aula, sube la calidad y pertinencia de la educación. Pero el desafío no es solo cuantitativo. Es fundamentalmente cualitativo, maestr@s, profesor@s, policí@s, soldad@s, médic@s y enfermer@s correctamente remunerados y calificados, por ende motivados.

Y claro que necesitaremos burocracia, pero una muy calificada y tecnificada, tanto por razones que hacen a la eficiencia – cada burócrata, es un maestro menos – como por razones que hacen a la calidad de los servicios que prestan, que por ser estatales son de primera importancia.

Un segundo capítulo de la reforma debería ser la descentralización.

La descentralización es necesaria para delegar aspectos de la gestión de las políticas públicas a sus beneficiarios. Con el objetivo de que los servicios públicos adquieran mayor pertinencia con lo que se necesita en cada nivel local. Porque los contextos locales son cada vez más diversos y variables. En el mundo, no solo en Uruguay o en América Latina.

O bien seguir igual, y mantener en el Uruguay el centralismo con que el batllismo fundacional puso en marcha el país hace un siglo. Pero que ya dejó de funcionar.

Porque el mundo cambió. Porque ya no vivimos en el mundo de las sociedades de masas alimentadas en su ilusión de progreso por el paradigma taylorista, el sueño americano, del consumo de bienes altamente homogéneos de producción masiva y en series largas (muchos años de vida del producto) dónde cada uno de los ciudadanos y todos a la vez tendrían su heladera, su televisión, sus electrodomésticos en un apartamento de una gran ciudad, su auto y hasta un abrelatas eléctrico.

Se terminó, ya no funciona. El mundo del centralismo en la gestión está obsoleto en todo el mundo. Cada vez más, el mundo funciona por redes, nos guste o no nos guste y especialmente a nuestros burócratas.

En la época de gestación del batllismo fundacional en el Uruguay de hace un siglo, el centralismo se necesitaba para la gestión de grandes concentraciones económicas de provisión de bienes y servicios. Monopolios públicos y privados aplicando sistemas tayloristas no solo en un sentido técnico-económico (economías de escala por producción masiva) sino también y fundamentalmente cultural. Por eso aún es difícil de remover: el sueño americano. Pero de hecho ya está siendo sustituido por la creciente demanda de productos con alta diversidad (heterogeneidad) y de series cortas, como tendencia mundial. Y hace rato que sucede. Productos con muy mayor grado de orientación a la demanda, a las preferencias y necesidades de sus clientes.

Este paradigma nos llevará en América Latina, no solo en Uruguay, a reencontrarnos con lo local, dónde se encuentran nuestros recursos naturales. Que seguirán revalorizándose frente a las mercaderías industriales. Con el apoyo de tecnologías aplicadas ad hoc en mecatrónica, bio nano tecnología y otras. Será algo parecido al mundo económico de las ventajas comparativas naturales del antiguo economista David Ricardo (1772-1823). Salvo en lo que hace al capital humano, que siempre podrá cruzar fronteras y marcará la época como paradigma. Con una oportunidad tecnológica para América Latina centrada en la valorización de sus recursos naturales y con ello del medio ambiente y de regresión de la migración del campo a la ciudad. Al tiempo que los bienes altamente industriales (industria de ensamblaje) seguirán cada vez más la tendencia a la depreciación o pérdida relativa de valor descrita por Karl Marx.

Podemos esperar que el mundo se siga encargando de introducir en nuestro país de modo lento los cambios que necesitamos para sobrevivir en el mundo moderno. Dado el alto grado de corporativismo que incide en la gestión del Estado, dónde el presidente está pintado al óleo, es lo que seguirá sucediendo si no hacemos algo. Esperar y no hacer nada por nuestra cuenta seguirá teniendo un alto costo fiscal, medido en términos de costo/beneficio de los servicios ahora y pérdida de oportunidades para toda la sociedad en el futuro próximo y lejano.

O bien, podemos anticiparnos y realizar una reforma del Estado para aprovechar la oportunidad histórica que nos brinda el nuevo paradigma económico a nivel mundial, el que nos puede llevar al desarrollo económico con plena integración social en el curso de una a dos generaciones.

Para asegurar aún más la buena gestión del Estado y aprovechar ese futuro promisorio, también podemos apoyarnos en el sistema político mediante la introducción de una reforma parlamentarista.

Sabemos que en el futuro próximo no habrá gobiernos monopartidistas en el Uruguay sino coaliciones de partidos, y al parecer por varios períodos. Por lo que hay que facilitar y garantizar consensos, no solo para la buena gobernabilidad sino también y fundamentalmente para la buena gestión del Estado. El sistema parlamentarista facilita y es garante de consensos porque esa es su función central.

Pero el sistema parlamentarista también nos puede ayudar a gestionar mejor el Estado y sus políticas públicas. Al menos 4 sistemas típicamente rectores de políticas públicas serían fortalecidos.

Sin duda, el sistema de información, en todo y especialmente en la rendición de cuentas.[1] Pero también fortalecerá la formulación de políticas públicas y sus normas. Y la articulación interinstitucional de las mismas adentro del Estado: el talón de Aquiles de la gestión del Estado en toda América Latina, dónde los diferentes resortes del gobierno son ocupados por fracciones rivales – “feudos” – dentro del partido gobernante, generando fricciones y rivalidades, y dificultando, por ende, cuando no imposibilitando, la articulación de las políticas públicas. Dónde, además, todos los resortes feudales de gobierno presidencialista están a su vez presionados y condicionados por las corporaciones del ámbito que se trate. A veces con buenas razones, muchas veces con malas razones centradas en el interés particular y no en el de la nación.

El parlamentarismo, finalmente, fortalece el sistema de evaluación de impactos. El que evalúa la efectividad de las políticas públicas. El parlamentarismo nos permite fortalecer la gestión de nuestras políticas públicas.

Pero también ayudaría a la descentralización, porque la lógica del sistema político parlamentarista pone énfasis en la cercanía e interrelación con lo local, dónde están los votos de cada parlamentario.

Una reforma de la gestión del Estado y del sistema político. La reforma de los tres macro sistemas de gestión y la introducción de un sistema político parlamentarista. Esa es la reforma del Estado que necesitamos en Uruguay. Una que opere con eficacia y pertinencia en la realidad que vivimos diariamente en materia de seguridad, educación y salud públicas, por nombrar las funciones centrales del Estado.

Las Toscas, 1 de diciembre de 2017.

[1] Así previó José Pedro Varela en 1876 en Uruguay, la rendición de cuentas de su descentralizado sistema que propuso para la gestión de la educación común, basado en la delegación de la gestión escolar a los padres de familia y vecinos organizados en una comisión distrital.

 

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