Tiene la palabra

Carta abierta a la gerente de la División Asignaciones Familiares del BPS

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* Desde 2000 estoy jubilada por la «caja escolar», e inexplicablemente a los pasivos de la Educación Pública, no nos corresponde cobrar asignaciones familiares.

Tenemos dos hijos menores de edad y recién a partir de 1/2003 comenzamos a cobrarlas por haberse jubilado mi marido por Industria y Comercio. Pero en diciembre pasado, al Banco de Previsión Social se le antojó quitarnos el beneficio y descontarnos todas las asignaciones de 2003, alegando que mi esposo trabajó por unos meses antes de su jubilación, como «empresa unipersonal» o «patrón», lo que nos inhabilita para recibir las asignaciones.

Es decir, por absurdas excusas del BPS, se nos privó de 5 años de este beneficio que nos debería corresponder por tener dos hijos que hasta 2005 serán menores, perdiendo ellos casi 23.000 pesos para su alimentación, salud, vestimenta, transporte u otras necesidades para las cuales se creó dicho beneficio.

Y finalmente me pregunto:

1) ¿Por qué a una maestra jubilada de la educación pública no le corresponde?

2) ¿por qué a un jubilado que de 40 años de empleado sólo unos meses los trabajó de «patrón» –en su total perjuicio y por decisión de la empresa para la cual trabajaba– tampoco le corresponde?

Es importante destacar, que los ingresos del grupo de tenencia, es decir, ambas jubilaciones, sumaban a diciembre 2003 menos de 6 salarios mínimos.

Señora Alma García, quisiera una respuesta convincente y bien fundamentada sobre este tipo de situaciones que seguramente afecta a muchos uruguayos.

AS – CI: 1.177.410-7

 

Carta abierta a los medios de comunicación

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* Con 10 años de edad, cursaba 5º año escolar, participaba en competencias de atletismo y otros deportes, al realizar una ficha médica de rutina, descubren un soplo.

Se suspenden las actividades físicas, no así las clases. Con un pase correspondiente, se comienza a recorrer un largo camino, durante un año se me practican estudios de distinta índole. El último de ellos fue un cateterismo realizado en La Española.

La cardiopatía (ductus arterioso) era congénita, debía corregirse mediante cirugía, por lo cual fui ingresada en el Hospital de Clínicas el 9 de julio de 1981. Hasta ese momento todo estaba bien, se me explicó que solucionarían el tema con dos puntadas, eligieron vacaciones de julio para que no perdiera el año escolar, a esa altura cursaba 6º, luego de un mes podría volver a mi vida normal.

A mi madre se le informa que la operación era sencilla y de las más simples dentro de las cirugías cardíacas, nunca se mencionó que podía haber riego de vida, ni secuelas, tampoco que la aorta estuviera comprometida.

El día 13 de julio de 1981, me operan: el profesor Abó, el doctor Jacobo Burstin y el doctor Picarelli.

Allí comienza mi historia de vida: durante la operación hubo desgarro de la aorta, con resultados múltiples; la gravedad del caso no permitía esperanza de sobrevivir y fui desahuciada.

Luego de agonizar 43 días en CTI, y estar en diálisis por insuficiencia renal aguda, y un cuadro de septicemia general, lentamente comienzo a recuperarme.

Los cirujanos responsables, huyeron del acoso de mi madre por obtener respuestas.

Hasta que otros médicos se compadecieron en otorgar una respuesta, y tuvieron la honestidad de decir esto no debió pasar, el diagnóstico definitivo era paraplejía irreversible. A los cuatro meses me trasladan al Servicio de Ortopedia, en el Hospital Pereira Rossell, para una rehabilitación que no soporté pues me descompensé, y volví a ingresar al CTI esta vez del Hospital Filtro. El diagnóstico volvió a ser desalentador, también con los días me recupero y vuelvo a la vida. Se me da el alta definitiva, ya nadie quería comprometerse, sólo le dijeron a mi madre que hiciera lo que pudiera pues no había marcha atrás.

Al principio, nos aconsejaron que no intentáramos nada, pues contra el Estado y los médicos no se podía ir. Ahora pienso que también fuimos víctimas de la ignorancia y el miedo, hoy día esto suena a impunidad, y a sometimiento ante quien tiene poder y licencia para matar.

No soy necia, no pienso que esta mala praxis de la que fui víctima haya sido a propósito, sólo reclamo lo que es justo, mi discapacidad demandas gastos y con los años se me sumaron enfermedades, derivación de la paraplejía.

Hubieron intentos de iniciar juicio pero los abogados al principio nos daban mucha esperanza, que al poco tiempo no prosperaba, abandonaban el caso sin muchas explicaciones, la última vez que se intentó, con una orden judicial se retiró la historia clínica, desconozco por ser menor en aquel momento en qué Juzgado consta.

Hoy soy una mujer de 33 años de edad, con ánimo de seguir superándome, no estoy pidiendo limosna, pido respuestas: ¿Es difícil entender mis reclamos?

¿Por qué mientras los médicos siguen ejerciendo, yo que soy la víctima debo callarme, resignarme a vivir con la pensión del Estado?

¿Por qué debo aceptar el quedarme en mi casa cuando tengo ganas de estudiar, pasear, etc.?

¿Acaso saben cuánto dinero debo tener para trasladarme en taxímetro? ¿Cuáles son mis derechos?

¿Hay un tiempo para subsanar errores? Porque el daño es de por vida y mientras respire voy a seguir ocasionando gastos que no puedo afrontar.

¿De verdad nadie puede hacer nada?

Los médicos que me operaron no tienen voluntad ni conciencia para ayudarme, lo sé porque hablé personalmente con dos de ellos.

SILVIA BUSTELO – CI: 2.010.661-0

 

De la Caja de Profesionales Universitarios

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* El diario El País en su edición del lunes 9 de febrero de este año, publica en primera página como principal título en grandes caracteres: «Crisis: 2.000 profesionales dejan de ejercer actividad» y en la página 8, también con título destacado: «2.000 profesionales no ejercen pero deben aportar al Fondo de Solidaridad».

El cronista desarrolla estos titulares en base a la entrevista que realizó al ingeniero industrial Carlos Malcuori  integrante desde hace años  del Directorio de la Caja, por lo que descartamos que haya indicado -numérica y conceptualmente  lo que escribe el periodista.

Nosotros, también vinculados al Instituto durante años, nos parece un deber precisar los aspectos de la nota, porque esos grandes titulares habrán dejado estupefactos y preocupados a los profesionales del país.

La Caja, creada en 1954, (este año cumple 50 años de edad), fue desarrollándose en forma positiva, salvo en dos períodos que sufre dificultades.

Durante la dictadura cívico-militar y ahora en democracia por la debacle económica por todos conocida. De ambas salió y se saldrá con el esfuerzo del Directorio, Comisión Asesora y Contralor y los funcionarios. No tenemos ninguna duda que la economía política aplicada por sucesivos gobiernos nos llevaron a los profesionales universitarios a integrar un porcentaje de ese 18% que las estadísticas indican como desocupados.

Pero aún mayor debe ser el porcentaje que tienen algún trabajo pero no les alcanza para lograr un ingreso digno.

Por las circunstancias adversas, se genera a nivel de todos los trabajadores, una competencia que carcome los naturales s
entimientos solidarios.

El aporte del profesional que realiza ejercicio libre, tiene tres componentes; 1º el Montepío (18.5%); 2º los impuestos: FRL y leyes Nº 17139 y 17502 (IRP) y 3º el Fondo de Solidaridad.

A vía de ejemplo, y sin considerar el tercer punto, un profesional que aporta por la última categoría (10ª) paga en total $ 5.890 mensuales de los cuales $ 1.798 responden a los mencionados impuestos.

En una categoría intermedia (4ª) se aportan $ 2.886 de los cuales $ 673 son impuestos.

Desde enero 2002 a agosto de 2003 hubo una merma de afiliados activos de 2.170 (33.971-31.801) como producto del aumento de las Declaraciones de no ejercicio, a las que recurre el profesional cuando no tiene trabajo libre. En igual período los jubilados aumentaron en 607 personas. Como consecuencia, la relación activo-pasivo, en el período indicado se redujo en 0.37 (3.42 a 3.05).

Sobre el tercer punto: Fondo de Solidaridad fue creado para permitir que estudiantes de escasos recursos económicos y en especial aquellos del Interior, que deben culminar sus estudios en la capital, usufructuaran de una Beca con cargo a los profesionales ya recibidos que, desde el inicio de su educación tuvieron el apoyo popular.

Se trata, como lo dice el nombre, un aporte solidario.

La Caja por Ley, simple Agente de Retención del Fondo. No sólo deben pagarlo los afiliados a la Caja, sino todos aquellos profesionales con actividad, dependiente.

En este tema y en la mencionada página 8, dice el señor Marcelo Balestra, gerente de este Fondo: «El nivel de morosidad no es alto».

Sobre esta aseveración no tenemos las cifras para compartirlas o no. El gerente agrega que es habitual recibir quejas: «Es que somos uruguayos, a nadie le gusta pagar». ¿Es sólo una característica del uruguayo? ¿No será que esas quejas son fruto de aquella crisis económica? No podemos creer que en circunstancias normales la mayoría no sea solidaria.

En resumen: Si el país no vuelve a la normalidad social será imposible que el trabajador pueda soportar la crisis que vivimos actualmente. En nuestro caso, la Caja tendrá la fuerza necesaria para vencer las dificultades porque es dirigida y administrada por los propios usuarios que han demostrado, Directorio y Comisión Asesora y Contralor, además de los funcionarios, poner todo su empeño en brindar una Seguridad Social adecuada al colectivo de profesionales, sin desligarla de la sociedad que integramos.

EVER IRISTY JOVER – INGENIERO AGRIMENSOR – DELEGADO ANTE LA COMISION ASESORA Y CONTRALOR DE LA ASOCIACION DE AGRIMENSORES DEL URUGUAY