FRONTERA

Gobierno crea Comisión de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado transfronterizo

El gobierno creó la Comisión de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado transfronterizo, la cual tendrá entre sus competencias elaborar un Plan nacional de lucha en la materia, promover vínculos con otros Estados y organismos internacionales a los efectos de facilitar la cooperación internacional y elaborar un informe anual para el presidente de la República y la Asamblea General.

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El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 19.513 y creó la Comisión de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo, que funcionará en la órbita de Presidencia de la República. También instauró el Comité de seguridad para los pasos de frontera.

La Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo funciona en la órbita de Presidencia de la República y se integra con el prosecretario de Presidencia, que es coordinador responsable, los subsecretarios de los ministerios del Interior, de Defensa Nacional, de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores y representantes del Banco Central del Uruguay y de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La Comisión deberá elaborar un Plan nacional en la materia con un plazo de hasta 90 días desde su promulgación, el cual será remitido a la Asamblea General bajo reserva de confidencialidad.

Por su parte, el Comité coordinará la actuación de los organismos en materia de migración, aduana, represión del tráfico ilícito de drogas y control de la seguridad en aeropuertos, puertos y pasos de frontera, informó Presidencia de la República.

Intervención social

En la Ley se establece la intervención social ante procesamientos por comercialización de sustancias ilícitas, y se establece que se comuniquen las situaciones al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Asimismo, se detalla cómo debe actuar toda autoridad pública “ante el análisis científico posterior a la incautación de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, y las disposiciones penales, las que varían de 20 meses a diez años de penitenciaria, según la responsabilidad actuante de la persona física o grupo delictivo organizado.

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