JUDICIALES

Ejecutivo asegura que dio los pasos para designar fiscal que se pronuncie sobre reclamo de funcionarios judiciales

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) pide que el gobierno designe un fiscal para que defina si el artículo 733 de la Ley de Presupuesto es constitucional o no. Desde el Ejecutivo se destacó el “intenso despliegue” realizado para designar fiscal frente a las sucesivas abstenciones de los propios fiscales, cuestión que “destruye, desacredita y hace naufragar la imputación de incumplimiento, demora o intención de paralizar el trámite, invocada por los funcionarios judiciales”.

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En las últimas horas la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) se manifestó frente a la Torre Ejecutiva en reclamo de que el gobierno designe un fiscal para que defina si el artículo 733 del Presupuesto es constitucional o no.

Dicho artículo permite que en el caso de deudas salariales que tuviera el Estado, el Ejecutivo se reserva la consideración del pago en oportunidad de la primera instancia presupuestal o cuando hubiera fondos necesarios.

Ello “blinda” al Poder Ejecutivo respecto a la “no necesidad de pago inmediato de esas deudas salariales, que es para todos los funcionarios públicos”.

A mediados de mayo pasado la Suprema Corte de Justicia determinó la “inconstitucionalidad” del referido artículo ante un reclamo de los funcionarios de salud pública.

Polémicas

Por su parte, los funcionarios judiciales reclaman al gobierno que designe al fiscal cuanto antes, ya que ello está pendiente desde noviembre del año pasado.

Frente a los cuestionamientos realizados por la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, emitió un comunicado en el cual expresa que el Ejecutivo “dio todos los pasos para que se designe fiscal”.

A la vez, lamenta que no haya prosperado el acuerdo con la asociación de judiciales.

El Ejecutivo “rechaza enérgicamente la imputación de que es objeto, en la medida que viene actuando en el trámite con visible celeridad y acatamiento pleno de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, aplicables al estado de la situación procesal”.

Toma asegura que ha quedado “demostrado el intenso despliegue que ha realizado el Poder Ejecutivo para designar fiscal frente a las sucesivas abstenciones de los propios fiscales”.

Subraya que ello “destruye, desacredita y hace naufragar la imputación de incumplimiento, demora o intención de paralizar el trámite, invocada por la Asociación de Funcionarios Judiciales”.

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