Interior defiende decreto que habilita desalojo de piquetes sin previa información a la Justicia

El 20 de marzo el Poder Ejecutivo aprobó un decreto a través del cual prohíbe el corte o piquetes de las vías de tránsito. Se busca preservar el uso público de calles, caminos y carreteras, cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o irrumpir por personas, vehículos u objetos.

En el decreto se determina que el Ministerio del Interior deberá comunicar la intervención a la Justicia en forma inmediata a la actuación, y podrá solicitar el auxilio de otros organismos públicos.

La decisión generó el rechazo de algunos sectores políticos del Frente Amplio y también de diversos gremios.

En ese marco, el director de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, publicó un editorial a través del cual manifiesta su respaldo a la iniciativa, asegura que no limitará el derecho de huelga de los trabajadores y que la Policía no actuará con discrecionalidad.

Carrera expresa que “muchas veces, se critica y no se conocen los avances en cuanto a cometidos y su concepción doctrinaria”.

“La concepción doctrinaria que primó en la nueva Ley Orgánica policial es la concepción de la seguridad de los habitantes, donde se dice claramente que la Policía es una fuerza civil que está para proteger a la persona y permitir su vida y desarrollo en sociedad, lo cual incluye el derecho a la huelga y a la circulación en rutas, carreteras y calles”, indicó.

Destacó también que un conjunto de normas implementadas en los últimos tres gobiernos del Frente Amplio “enmarcan el accionar práctico de la Policía”. Entre ellas, mencionó: La Ley Orgánica policial, la Ley de Procedimiento policial, la Ley Nacional de seguridad vial y tránsito y el Código de Ética Policial.

Carrera subrayó el hecho de que “en la actualidad los procedimientos se concretan a partir de normas claras que aseguran derechos, mientras que antes la Policía se basaba en conceptos jurídicos indeterminados que quedaban sujetos a la concepción de quien los ejecutaba”.

Poner límites

Por otro lado, dijo que por estos días, hubo otra clase de conflictos que estaban atentando contra la economía nacional, “hubo disputas entre empresarios que no permitían realizar la cosecha de importantes productos”.

Agregó que tales empresarios “buscaron paralizar las rutas nacionales, y esos actos no estaban amparados al derecho de libertad de expresión o al derecho de huelga de trabajadores”.

“Gobernar es tener que poner límites; tener derechos, es también tener obligaciones. Hoy solo vivimos el paradigma de los derechos y nos olvidamos de que existen obligaciones, debo ejercer mis derechos sin atacar los derechos del otro”, remarcó.

Aseguró que el Gobierno nunca tuvo dudas de la existencia del derecho a la libertad de expresión y el derecho de huelga, y nunca se le ocurrirá que existe la necesidad de su limitación.

Carrera también dijo que ha escuchado planteos que refieren que a través del decreto, la Policía tendrá “discrecionalidad para usar el aparato represivo” contra sectores de la población que estén manifestándose públicamente.

En tal sentido dijo: “Se ve que quien se manifestó y se expresó de esa manera, tiene un absoluto desconocimiento de la normativa vigente, que marca las pautas para el accionar policial”.

Remarcó que existe “abundante normativa nacional e internacional que marcan cómo se debe desarrollar la actuación policial y cómo debe ser el uso de la fuerza”.