Presidenta del INAU: Niños que viven en hogares donde se ejerce violencia sufren “daño emocional y psicológico”

En entrevista con LARED21, la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner, prefirió no opinar sobre la actuación de la jueza de Familia Alicia Vega, quien en declaraciones a la prensa aseguró que los hijos de Valeria Sosa no habían recibido violencia directa. Los niños de 7 y 11 años presenciaron el momento en que su padre (policía en actividad) disparó contra su madre, causándole la muerte. Según Lindner los niños que viven en hogares donde se ejerce violencia doméstica “es imposible que no se le generen profundos daños”

– ¿Cuándo hay violencia hacia una mujer también hay violencia contra sus hijos?

LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO SON PREVENIBLES

Desde hace muchos años, trabajamos, y en lo personal en distintas instituciones, la problemática de la violencia de género y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Si un niño o adolescente vivencia situaciones de violencia en su niñez, seguramente estará incorporando situaciones que luego pautan la forma en cómo se relaciona. Es un tema en discusión, pero hay un posicionamiento del Estado, tanto de sus instituciones como de la sociedad civil, asociado a las consecuencias que tiene para los niños y niñas presenciar violencia, porque esta violencia luego matriza en esos niños la forma de resolver conflictos. Los homicidios contra mujeres son las más extremas. Las situaciones de violencia de género son prevenibles, porque antes de llegar al homicidio, hay una historia anterior que da cuenta que esa relación entre adultos tuvo situaciones de control, de sometimiento, de violencia psicológica y física, que luego desencadena situaciones irreparables. Los niños y adolescentes que vivencian esas situaciones, sufren daño emocional y psicológico.

– En el caso del asesinato de Valeria Sosa a manos de su ex pareja y padre de sus hijos (7 y 11 años) él la mata delante de ellos. En declaraciones a la prensa, la Jueza de Familia Especializado 8° Alicia Vega, entendió qué hay hacia los niños una “violencia de segundo grado”, es decir, no sufrieron la violencia en forma directa. ¿Ud. está de acuerdo con esa definición?

Cada caso y cada situación es específica, hoy hay equipos técnicos trabajando con esos niños y con esas familias. Nosotros partimos de definiciones conceptuales, pero no puedo opinar de la resolución judicial. Nosotros tenemos un posicionamiento al respecto y creemos que este caso ha sido paradigmático. Son niños que presenciaron el asesinato de su madre, por lo tanto, requieren una atención muy cercana para generar procesos de reparación de daño. En los temas de violencia, hay un síndrome que está muy asociado, y es la identificación con el agresor. Esto es lo que debe trabajarse en los procesos terapéuticos. Hoy día, los niños están siendo atendidos por Sanidad Policial. A nivel mundial, incluso ya está muy estudiado para saber cuáles son los efectos y los síntomas que pueden representar situaciones de extrema violencia. Nuestra responsabilidad es acompañar el proceso que está llevando adelante Sanidad Policial, y desde el SIPIAV (Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia) estamos coordinando con el Ministerio del Interior, aspectos que hacen a la respuesta, asociadas a la violencia y en particular en estos casos a los niños, y en cada caso concreto, tenemos que ver cómo generar aproximación a situaciones que creo que todos entendemos que es imposible que no generen profundos daños a niños muy pequeños, que viven situaciones extremas de violencia.

– Respecto a la situación de controversia que se da hoy día respecto a sí los niños quedarán con su abuela materna o sus abuelos paternos. ¿La última palabra la tendrán los niños?

LOS TÉCNICOS QUE ATIENDEN A LOS NIÑOS, EVALUARÁN, HARÁN UN DIAGNÓSTICO Y DARÁN SU OPINIÓN AL PODER JUDICIAL

El Ministerio del Interior ha reconocido que en este caso en particular no se actuó como se debía y la consecuencia fue que el agresor mató a su ex pareja con el arma de reglamento.La normativa existente que compartimos y tenemos la responsabilidad de llevar adelante, establece que debe tenerse en cuenta la opinión y los deseos de niños y adolescentes. Estas decisiones, hay que tenerlas en cuenta en sus contextos. En este sentido, hay una problemática que es muy particular, que hay que traducir, de las opiniones de los técnicos especializados y conocer cómo se representa en esos niños. Hay algunas situaciones, donde los adultos tenemos que tomar definiciones. Los técnicos evaluarán, harán el diagnóstico y darán su opinión al Poder Judicial. La Jueza tomó una medida que es provisoria. Es vital el diagnóstico, es también vital escuchar a los niños, pero también es necesario tener en cuenta aspectos centrales de lo que son las consecuencias de situaciones altamente traumáticas.

– ¿Ud. cree que hay falta de comprensión por parte de la policía?

Está claramente protocolizado lo que se debe hacer en cualquier unidad policial, en la cual se reciba una denuncia de violencia. El incumplimiento es considerado una “falta grave”. Nuestra institución no está exenta, incluso ha habido situaciones graves de funcionarios (de INAU) que usaron su “poder” frente a los niños. Desde que asumimos el cargo, hemos asistido a situaciones donde ha habido funcionarios involucrados en estas temáticas. La responsabilidad del Estado y de quienes estamos al frente de las instituciones, es procurar iniciativas que mejoren las normativas existentes y hay mucho para hacer en materia de violencia sexual, explotación sexual comercial y no comercial. Es también una responsabilidad, que generemos procesos de sensibilización, de capacitación, y de prevención y de atención. Hay elementos que están muy asociados al prejuicio, que están muy arraigados en la cultura de las personas, seamos o no funcionarios públicos y más allá de las normativas, es un tema permanente a trabajar.

– ¿Cuando ocurre que un funcionario público está involucrado en casos de abuso o explotación sexual son separados de forma definitiva de la institución o se los cambia de dependencia y siguen trabajando?

Hay distintas situaciones. Hay algunas investigaciones que están en el ámbito judicial, otras en el ámbito administrativo. Nosotros estamos revisando los procedimientos, porque consideramos que se requieren procesos administrativos diferentes.

– ¿La idea es buscar mecanismos nuevos para ser más severos?

PARA INAU ES UN PROBLEMA TENER UN NÚMERO ALTO DE FUNCIONARIOS QUE NO ESTÁN EN CONDICIONES DE TRABAJAR EN LA ATENCIÓN DIRECTA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Nosotros decimos mecanismos que garanticen derechos. Sucede que pasa mucho tiempo desde que se arranca un proceso administrativo hasta que culmina. Los procesos tienen determinados plazos, que en caso de que estén siendo denunciadas situaciones de vulneración de derechos, donde hay presunción de situaciones que estén dañando a los niños, tenemos mecanismos de sumario con retiro de la función y retención del 50% del salario y retiro del trabajo por 6 meses. En caso que ese proceso administrativo culminara en ese tiempo, la funcionaria o el funcionario vuelve a la institución, y en esos casos, se generan medidas cautelares. En INAU a los procesos administrativos se le incluyen evaluaciones sicolaborales, incluso Juntas Médicas. Nosotros tenemos un número alto de funcionarios, que no están en condiciones de trabajar en las dependencias de atención directa. Esta situación nos genera un problema, porque no tenemos las condiciones administrativas para darle la baja y a su vez no pueden estar en atención directa.

– ¿Hay dificultades para despedir funcionarios aunque estén investigados por hechos graves?

EN INAU TRABAJAMOS PARA MEJORAR LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES EN EL ENTENDIDO QUE EL INTERÉS SUPERIOR ES EL CUIDADO DE LOS NIÑOS.

Necesitamos generar mecanismos, que den pautas más claras en relación a las sanciones graves. En INAU hemos podido dar de baja, a funcionarios por cometer violencia contra niños. Estamos analizando esos procesos que se aplican a los funcionarios, para dar a los niños las mayores garantías. Para este trabajo, tenemos el apoyo de UNICEF, que nos aportó documentación. En estos procesos – siempre dando garantías a las personas implicadas – lo que tiene que quedar claro, es que el “interés superior” es el cuidado de los niños y su protección. Estamos trabajando para mejorar los mecanismos administrativos y legales.
– Le cambio de tema, abogados defensores de funcionarios de la empresa CUTCSA, señalan que no se trató de explotación sexual sino de “relaciones sexuales (de sus clientes) con el consentimiento de las menores”.

EN LOS CASOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, LA DISCUSIÓN DE FONDO ES LA RESPONSABILIDAD ADULTA EN EL CUIDADO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEAN O NO SEAN SUS HIJOS.

-Nosotros pusimos en conocimiento a la Justicia de aspectos que presumíamos se trataban de explotación sexual con “promesa de retribución”. Cuando escuché a los abogados de los hombres involucrados, se coloca un tema fundamental en el debate público. Nosotros entendimos que había explotación sexual y por eso hicimos la denuncia y entendemos que lo que no puede ocurrir, es que las víctimas aparezcan como responsables. La discusión de fondo es la responsabilidad adulta en el cuidado de niños y adolescentes sean o no sean sus hijos. Hay una figura legal que plantea “el consentimiento en la relación a partir de los 14 años”. Nosotros entendemos que este concepto debe ser cambiado

-¿La idea es que no sea legal que un adulto tenga relaciones sexuales con una adolescente?

Básicamente, en determinadas condiciones que tenga que ver por ejemplo la diferencia de edad. En este caso, son adolescentes que desde los 12 años, mantenían una relación con hombres que tienen entre 30 y 40 años. No podemos hablar de “consentimiento” en caso que lo hubiera. Estamos hablando de adolescentes en contexto de vulnerabilidad. Las niñas y adolescentes que terminan siendo explotadas, tienen trayectorias vitales muy complejas. Nosotros presumimos y en algunos casos tenemos constatación, porque estamos trabajando con las jóvenes y sus familias, que se trata de adolescentes que han sufrido violencia en sus hogares. Hay gente que califica a estas adolescentes como “busconas” o “regaladas” y nosotros insistimos en la responsabilidad del mundo adulto. Incluso porque las pautas de aprendizaje de estas jóvenes, las recibieron del mundo adulto.